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¿Qué se trae P. Sánchez con Cataluña?

Se dice que hay ocasiones en la que los árboles no nos dejan ver el bosque
Miguel Massanet
lunes, 24 de septiembre de 2018, 08:37 h (CET)

Parece existir una extraña sincronía entre el Gobern de Torra y el PSOE, intentando ejercer una gran tenaza de presión institucional, sobre los jueces que se ocupan del caso de los políticos catalanes investigados por el 1.O.


Se dice que hay ocasiones en la que los árboles no nos dejan ver el bosque y mucho tememos que estemos ante una de ellas, en la que la diversidad de importantes problemas que están afectando a la vida política española, puedan distraer nuestra atención sobre una maniobra que, desde hace un tiempo se está gestando; a medida que se está acercando la fecha en la que se inicie el juicio verbal que se ha de llevar a cabo para determinar si la participación en los graves hechos que tuvieron lugar en Cataluña el 1º de Octubre del 2017, por parte de los acusados, cuando los soberanistas catalanes intentaron celebrar un referéndum prohibido por el TC, dándole una legitimidad de la que, en realidad, carecía y ocasionando disturbios, actitudes rebeldes, enfrentamientos con las fuerzas del orden y oposición a que, los enviados judiciales pudieran cumplir con el mandato recibido del TSJC, en un registro ordenado en la Consellería de Hacienda de Barcelona. Hubo, como consecuencia, un intento de proclamación de una República Independiente Catalana.


Ya se sabe cómo, el señor Sánchez, líder del PSOE, se hizo con el gobierno de la nación española, a través de un golpe de mano o, si se prefiere, moción de censura y, para obtener los suficientes votos que le permitieran ganarla, tuvo que hacer concesiones secretas a todos los partidos que se adhirieron a ella. Si es cierto que viendo el comportamiento de Podemos, a través de su líder, Pablo Iglesias o la aparente satisfacción del PNV sin olvidarnos de los traicioneros canarios, se debe suponer que todos ellos han sacado la tajada correspondiente tajada por su apoyo a la moción. Dónde es evidente que, pese a aparentes discrepancias, a esporádicas exigencias de los políticos catalanes pidiendo a ´Sánchez más diligencia en darles lo que les prometió, hay algo que es evidente a poco que tengamos curiosidad en observarlo, todo lleva a un amansamiento del Ejecutivo con las renovadas y estridentes reclamaciones independentistas del señor Torra.


Empezó Borrell entrando en un terreno en el que no nos hubiera gustado verlo cuando, en una entrevista en la BBC británica, habló de que, para él, Cataluña era una nación. ¿Un error, un fallo del ministro de AA.EE o, simplemente un desliz voluntario? Lo sentimos por Borrell, pero nos tememos que nos equivocamos cuando dijimos que lo veíamos con un verso suelto en el nuevo gobierno de España. También hablo el señor ministro, que siempre se había mostrado extremadamente crítico con el nacionalismo, por medio de la propia BBC, de que, a su criterio “personalmente preferiría que los políticos presos estuvieran en libertad condicional…”. De todos es conocida la opinión de Miguel Iceta, del PSC, manifestada durante la pasada campaña del 21-D en el sentido de ser partidario del “indulto” para los políticos catalanes presos. Ahora empezamos a ver que puede ser otra de las piezas del puzzle que el señor Sánchez piensa colarnos a modo del “gol por la escuadra”, como el que que la ministra de Cultura, Magdalena Valerio, reconoció que le habían metido con el reconocimiento del sindicato de las “empleadas del sexo”. La señora Teresa Cunilleras, delegada del Gobierno en Barcelona, hizo unas declaraciones a la emisora de la Generalitat, Cataluña Radio, se mostró partidaria de que se les concediera el indulto en el caso de que “lo pidiesen”. Meritxel Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública, declaraba a El País: “sería mejor que no hubiera presos para poder hacer política en Cataluña”.


El último aldabonazo lo ha dado Carmen Calvo, la vicepresidenta, nada menos que en el periódico estrella del panorama catalán, la aparentemente “objetiva”, publicación de los Godó, el periódico La Vanguardia, en el que se han concentrado la flor y nada del independentismo catalán, encabezados por la inmarcesible primera dama de la defensa acérrima y fanática del más extremo independentismo, caracterizada por un odio sin límites hacia España, sus ciudadanos y los gobiernos que la dirigen; capaz de las más absurdas acusaciones y defensora de un nacionalismo a ultranza catalanista y que, no obstante no pierde ocasión de anatematizar y criticar al supuesto “nacionalismo” de los españoles que, para ella, no hace más que entorpecer el desarrollo de Cataluña.


La señora Calvo, en su entrevista, ha insistido en la idea de dar libertad a los presos golpistas, presionando indirectamente a los jueces del caso reprochándoles el que los mantengan en prisión a los acusados con la siguiente frase: “Si el juicio tarda, no sería lógico alargar la prisión preventiva”. Se me ocurre una pregunta para esta señora que se ha convertido en la portavoz de lo que piensa Sánchez, para que su jefe de filas no se desgaste en sus intervenciones públicas y que ahora, en estos momentos, se encuentra probando de su propia “medicina”, tratando de salir airoso de las acusaciones de plagio que, pese a su aparente férrea defensa de inocencia, le están lloviendo desde todos los ámbitos de la política nacional ¿ De qué parte están usted y el gobierno de Sánchez, si todos parecen estar en contra de que los presos sigan en el “trullo”, cuando es evidente que, como ha demostrado el señor Carlos Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig junto a la señora Gabriel, la señora Ponsetí o la misma señora Marta Rovira; la posibilidad de que huyeran es evidente. ¿De qué viven y quien paga los gastos de su estancia en las distintas naciones en las que se han refugiado para eludir la Justicia española?, no es difícil de adivinar si, como ya explicamos en otro comentario, existen mecenas muy poderosos que parece que siguen dispuestos a poner el dinero preciso para empujar este proceso separatista y, esta particularidad tan evidente parece que, al gobierno del señor Sánchez no le preocupa ni intenta averiguar de quienes se trata.


En realidad, el que haya hecho estas declaraciones en La Vanguardia, diario que le ha dedicado varias páginas enteras a sus opiniones, ya demuestra la evidente intención de dar a conocer que, el Gobierno de la nación, ha dejado de apoyar a los magistrados del TS, que tramitan el caso de los aforados en prisión, tal y como intentaron dejar en la estacada al magistrado Pablo Llaneras, cuando un tribunal belga la había citado a declarar como imputado, inmiscuyéndose en la justicia española sin tener el más mínimo derecho a hacerlo.. Rectificaron los del Gobierno, porque toda la magistratura y la asociaciones de fiscales se les echaron encima, reclamando su participación en la causa del magistrado, asumiendo su defensa así como el coste de todo lo relacionado con semejante e injusto intento de entrometerse en nuestro sistema judicial por parte de los belgas.


Mucho nos tememos que todas estas declaraciones, las conversaciones secretas que mantienen el Gobierno y los separatistas catalanes; los intentos de desviar la atención de los españoles hacia otros temas; la introducción, por primera vez y después de años de ser una palabra maldita para los gobiernos debido a los disgustos que les ha venido proporcionando el aplicarlo, la palabra “indulto” se está prodigando de nuevo como remedio que se han inventado para suavizar una posible sentencia que se anuncia como ejemplarizante si, en realidad, se demuestra la culpabilidad de los acusados de dividir la nación española; para lo cual no tuvieron inconveniente en recurrir a acciones, presuntamente delictivas que, como es su obligación, deberán ser valoradas por nuestro TS a quien le corresponde la misión de determinar, en su caso, la sentencia que corresponda de acuerdo con la gravedad que se les atribuya a los hechos demostrados.


Sería gravísimo que se hubieran conchabado, el gobierno y los soberanistas, para que, a cambio del apoyo a los socialistas en el Parlamento de la nación al PSOE, el señor Sánchez y su ejecutivo se hubieran comprometido a apoyar un posible indulto posterior a una posibles condenas, con lo que intentarían de nuevo, como están ya haciendo con la ley que regula el tope de gasto en los PGE, procurando evitar que el Senado de la nación, con mayoría del PP, pueda entrar a valorar si, en realidad es oportuna o, en su caso, debería rechazada.


¿Es honesto utilizar esta clase de trucos para salvar a un señor que ha llegado al gobierno a través de un procedimiento extraordinario, legítimo en efecto, pero que debería ser usado habiendo presentado un programa de gobierno alternativo? Algo que el señor Sánchez no hizo, y, por añadidura, engañó a quienes votaron la expulsión del señor Rajoy de la jefatura del Gobierno, al no cumplir su promesa de que se celebrarían elecciones legislativas en un corto periodo de tiempo, para que todos los españoles tuvieran ocasión de dar su opinión respecto a quién querían que los gobernase.


O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, mucho nos estamos temiendo que exista una conjura de una parte importante de la izquierda española, en concomitancia con los adalides de la revolución nacionalista catalana, para crear las condiciones para efectuar un cambio de cromos entre ambos, de modo que el Gobierno (con el apoyo de Podemos e IU) se hubiera comprometido ( off the record) a una posible aplicación del indulto a todos los que , presuntamente, hubieran sido condenados por el TS de España. Un fraude al pueblo español y a la patria, cediendo a que, quienes hubieran cometido gravísimos crímenes en contra de la unidad de la nación española, pudieran librarse del castigo que les correspondía a delitos de tan extrema gravedad. Estamos ante una situación que requiere que, todos los partidos que rechazan semejante procedimientos, superando sus diferencias, se pongan de acuerdo para impedir que los que intentan perjudicar a nuestro país a través de maquinaciones semejantes no puedan conseguir llevar a cabo sus siniestros planes; evitando, por los medios que fuere preciso utilizar, siempre dentro de la Constitución, que quienes pretenden atentar contra los derechos de la mayoría de los españoles, puedan culminar sus siniestros objetivos.

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