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Opinión
Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   Política   Historia  

Trapisondas políticas, separatismo, comunismo bolivariano

Una mayoría ciudadana irritada
Miguel Massanet
viernes, 21 de septiembre de 2018, 08:23 h (CET)

Similitudes históricas, no necesariamente idénticas a las que llevaron a la república del Frente Popular (febrero de 1936) y sus consecuencias bélicas, hacen temer momentos de gran tensión dentro de los meses venideros, si las izquierdas se empeñan en tensar la situación, mediante procedimientos basados en ataques a las instituciones del Estado para evitar su control.


Cuando se enciende una mecha donde hay pólvora, existe el inminente peligro de que, el incendio que se produzca, quede lejos del control de quien tuvo la imprudencia de encenderla. Eso, señores, ha ocurrido con el sistemas de pensiones, una bomba latente que ha permanecido sin espoleta durante todos los años en los que España estuvo sujeta a la gran crisis económica de 2008 y siguientes años, pero que, alentados por los comunistas bolivarianos de Podemos y la ambición desmesurada del señor Pedro Sánchez, despertó cuando el gobierno del PP insistió, imprudentemente, en seguir manteniendo unos aumentos meramente maquilladores, para intentar mantener la imagen que, de verdad, se producían aumentos; cuando, la triste realidad ( un 0´25% de aumento) reducía, incluso para los casos de pensiones más altas, la mejora a unos tristes 2 o 3 euros mensuales, algo irrisorio si se tenía en cuenta que, el incremento del coste de vida de los españoles sobrepasaba, con creces, un tanto por ciento tan ridículo.


Las protestas públicas de cientos de miles de pensionistas, a la largo y ancho de España, pusieron en alerta al gobierno del PP que no tardó, aprovechando un acuerdo con los vascos para apoyar los presupuestos del 2018 (previo al correspondiente chantaje del gobierno del señor Urkullu), en aceptar que, para el 2018 y 2019, las pensiones se actualizarían de conformidad con el incremento anual del índice de precios de consumo, en el conjunto del territorio nacional. Sin tiempo para reaccionar y deslumbrados por la posibilidad de percibir atrasos desde enero del 2018, los pensionistas desistieron de sus reclamaciones. Se produjo la moción de censura del PSOE apoyada por el resto de partidos de la oposición y la llegada al poder del partido del señor P.Sánchez que, ante la imposibilidad de poder presentar otro presupuesto decidió mantener el del PP que, por cierto, contenía una cantidad de unos 6.000 millones de euros de reducción de la cuota anual que el PNV debiera pagar como cuota foral al Estado español.


Ahora, otra vez los pensionistas, comprobando que los aumentos conseguidos, aun ateniéndose a los baremos del IPC anual, resultan poco menos que ridículos, cuando se evidencia que la vida, en general, así como los impuestos están aumentando desde que los propios socialistas han ocupado el poder y tienen necesidad de conseguir recaudar más para poder sostener los programas de gasto que se han visto obligados a aceptar de quienes les apoyan para seguir pudiendo gobernar con una cantidad tan escueta de escaños en el Parlamento de la nación; han vuelto a salir a las calles reclamando más aumentos, convencidos de que constituyen una poderosa fuerza electoral con poderío para influir, de una forma decisiva, en los resultados de unos comicios. En realidad, la mayoría de los errores que el Ejecutivo de Sánchez viene cometiendo, vienen forzados por la necesidad de complacer a su socio, el señor Pablo Iglesias de Podemos que, siguiendo su ruta de intentar hacerse con el poder, sigue forzando a Sánchez para que intente apretar a los ciudadanos con impuestos con los que poder forzar al líder del PSOE a que aplique políticas, pretendidamente de gran carácter social, con las que arrastrar a más votantes, especialmente a los de las clases menos afortunadas y, no olvidemos, su otra fuente de apoyos: los inmigrantes, que se han venido colando en toda España de modo que, como es evidente en personas que mayoritariamente carecen de preparación y conocimientos para integrarse en trabajos de mayor dificultad, en cuanto adquieren el derecho de voto, la mayoría de ellos votarán a partidos de extrema izquierda, como el del señor Pablo Iglesias, por ejemplo.


Lo que sucede, como ocurre con la legítimas reclamaciones de los pensionistas, es que España todavía no ha acabado de salir de los efectos de la crisis y que, como es sabido de todos, el sistema de pensiones actual ha quedado obsoleto, es insostenible y debe estudiarse otro que sea capaz de mantenerse aunque, para ello, se deba apelar a otros sistemas de tipo mixto, en los que las prestaciones asumidas por el Estado sean complementadas con otro de ayudas privadas proporcionadas por seguros contratados por los mismos trabajadores. Claro que, para que ello pueda tener éxito, lo primero que hace falta es que haya salarios más altos y que los ciudadanos adquieran la responsabilidad de dedicar una parte de sus retribuciones para asegurarse su futuro. Está claro que el llamado pacto de Toledo, en el que están integrados los partidos políticos, mientras España no normalice su situación interna, no va a haber acuerdo alguno que lo saque del impase en el que se encuentra.


Lo que ocurre es que, para que España pueda poner orden en sus problemas internos, lo primero que hace falta es que haya un gobierno suficientemente capacitado, elegido en las urnas, compuesto por personas preparadas para asumir la presidencia de los distintos ministerios sin que, para ello, se deba acudir a cubrirlos por medio de cuotas masculinas o femeninas, como sucede en la actualidad, o mediante enchufes de personas sin preparación, por muy adictas que sean a “la voz de su amo” o, poniendo a vividores o sinvergüenzas dispuestos a sacar la mayor tajada posible del cargo que se les ha proporcionado; se trataría de que en el ministerio de Sanidad se pusiera un científico, un doctor, un catedrático experto en su materia que, a la vez, tuviera un amplio sentido de la realidad y de lo que fuera más conveniente para un correcto funcionamiento de la sanidad pública, lo que no supone, como parecen entender algunos, que se supriman los conciertos con la sanidad privada que, en muchas ocasiones, han sido muy beneficiosos para aquellas personas que han tenido necesidad de ser atenidos, cuando la sanidad pública, por limitaciones presupuestarias, no ha dado abasto para cubrir la demanda de servicios sanitarios.


El que se designen a políticos y no expertos a distintos ministerios no hace más que crear, en muchas ocasiones, una interrupción de lo que debería ser la cadena de mando de modo que nadie se saltase ningún escalón, para que no se produjeran situaciones capaces, en muchas ocasiones, de cortocircuitar la correcta comunicación y la cadena de órdenes de manera que, la atención al paciente, sufra interferencias no deseadas que puedan repercutir en un mal servicio del ente sanitario hacia el usuario. La mala calidad y la falta de preparación de muchos cargos públicos se ha venido notando cada vez más cuando el acceso a la política no ha sido, precisamente, desde las universidades y, en especial, de aquellas especializadas, sino que se han basado, especialmente en el seno de los distintos partidos políticos, en aquellas personas a las que el partido necesita premiar; que han sido fieles a sus tutores o que se estima que van a ser capaces de apoyar a sus superiores en cualquier circunstancia en que lo necesiten sin preguntar ni oponer objeción alguna. De ello se ha derivado una deficiente clase política que ocupan los escaños de los distintos parlamentos autonómicos y del mismo Parlamento estatal, a las que es necesario pagar unas retribuciones, unas dietas, unas comisiones sin que la función que se les asigna, en muchas ocasiones, sirva para justificar el enorme coste que significan para la nación española.


El propio Parlamento español se ha convertido en un lugar donde lo único a lo que se dedican es a sacarse los trapos sucios los unos a los otros y a que, los que tienen mayoría se aprovechen de ella para conseguir sacar el mayor beneficio, material y político, para los que mandan o para los que los apoyan que, a su vez, quieren sacar provecho de la posición determinante que saben que tienen para conseguir prebendas que, en otro caso, nunca conseguirían que se les diesen. Todos los asuntos básicos y perentorios que deberían ser tratados en profundidad, sin subjetivismos y con seriedad, en las dos cámaras de las Cortes españolas, van quedando en un eterno retraso, mientras quienes se disputan el poder maquinan triquiñuelas para conseguir saltarse los mecanismos que el Estado ideó para que nadie pudiera librarse de ser convenientemente controlado a través de los órganos democráticos que quiso implantar la Constitución, que fue aprobada por todos los españoles, catalanes incluidos, en 1978.


O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, sentimos que, a medida que España se va hundiendo en una lucha entre distintas facciones políticas, unos descerebrados intentan, recurriendo a todas las pillerías y trucos posibles para conseguir romper la unidad de la nación española, debilitar a las instituciones estatales y a quienes tienen la obligación de defenderlas y de mantener el orden público y el debido respeto a las distintas autoridades del Estado, a sus símbolos y a la propia democracia; muchos ciudadanos, una gran mayoría de ellos, partidarios de seguir dentro del sistema de gobierno que se estableció en la Constitución de 1978, que reúsan acudir a las revoluciones y a las algaradas callejeras para conseguir gobernar el país y que siguen siendo personas de orden y respetuosas con las leyes, empiezan a sentir aquello que, con toda probabilidad sintieron quienes, en las grandes ciudades españolas o en las pequeñas aldeas agrícolas las personas de bien, las respetuosas con el ordenamiento jurídico y las defensoras de las tradiciones que nuestros ancestros les trasmitieron; cuando empezaron a ver que, aquella II República, era incapaz de frenar las quemas de Iglesias, los asesinatos, las torturas de personas inocentes y la imposibilidad de salir a las calles sin correr el peligro de que cualquier salvaje miliciano les pegase un tiro simplemente por tener alguna cuenta pendiente, ser católico, ser religioso o religiosa o por ser rico. Es posible que a algunos de nosotros el sólo pensamiento de aquellos tiempos sea capaz de preocuparnos seriamente. En todo caso, mucho nos tememos que lleguen tiempos difíciles que pongan a prueba la fortaleza de nuestra democracia.

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