En 2017 se realizaron 5.927 reclamaciones a entidades bancarias. Las bancos no han respondido en muchos casos, lo que ha supuesto un notorio malestar en el organismo encargado de supervisar y dar por buenas las actividades de las entidades bancarias

De las 5.927 reclamaciones interpuestas, solamente fueron admitidas por los bancos 3.552. Eso supone que más de 2.000 casos han sido obviados por las entidades, haciendo que los interesados tengan que acudir a la vía judicial.

Hay que recordar que los usuarios, para que puedan obtener las debidas compensaciones por las cláusulas injustas, primero deben realizar una reclamación formal ante la entidad y, si ésta no la afronta, será la vía judicial la única solución. Sin embargo, los costes y las demoras en estos casos pueden ser muchos, lo que ha causado malestar tanto en los propios interesados como el mismo Banco de España.

Según el organismo, este tipo de actitudes promueven la desconfianza en los bancos por parte de los ciudadanos. Lo cierto es que la ley vigente respecto a las cláusulas injustas, no obliga a los bancos a responder ni asumir las peticiones.

Se da así la situación de personas cuyos recursos económicos no son lo suficientemente amplios como para enfrentar los procesos judiciales. Sin embargo, en el año 2016 las reclamaciones fueron atendidas aún en menor medida. En 2016, los bancos rectificaron solamente un 36,8% de los casos presentados.

En 2017, fueron presentadas al Banco de España 40.176 protestas de clientes de bancos. Se trata de un número que supone un 277% más que el año anterior, en el que se presentaron 14.462. De todas las quejas presentadas, solo acabaron con éxito para el cliente el 13% de ellas. El restante 87% está relacionado con quejas sobre diferentes aspectos de las hipotecas, tarjetas y depósitos.

Así pues, los especialistas señalan que todavía queda un largo camino para que los afectados por cláusulas suelo u otras cláusulas injustas, vean satisfechas sus expectativas. Entre las medidas que es preciso modificar, destaca la de obligar a los bancos a responder a las demandas formales sin que los clientes tengan que acudir a la Justicia.