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San Estado, patrón del populismo latinoamericano

Michel Suárez
Redacción
sábado, 28 de enero de 2006, 22:07 h (CET)
Agasajado por los aimarás y los sacerdotes de la vida espiritual andina, Evo Morales entró descalzo en el templo Kalasasaya dispuesto a hacer el milagro.

Tal y como se esperaba, el flamante presidente de Bolivia se ha apuntado a la larga lista del centralismo de Estado, con la creación de un Ministerio de Planeamiento y otras lindezas de vocación populista. Lejos de proyectar un programa para intentar dinamizar la economía local, basado en la refundación de la inversión extranjera y en el desarrollo de una clase media capacitada, ahora invoca a San Estado para que, de un plumazo, termine con la tragedia económica boliviana.

Morales insiste en las viejas y probadamente fallidas tesis que subliman la nacionalización, el intervencionismo y la centralización para invocar dudosas soberanías absolutas —en pleno siglo XXI— y para favorecer el control de la sociedad.

Lo de la soberanía es una de las mayores estafas de la historia del socialismo autoritario o totalitario. Las empresas y la sociedad civil pasan a manos del Estado, y el Estado las entrega a una nueva potencia. Así como Cuba transitó del amparo económico norteamericano al soviético, y de éste al venezolano, Bolivia se alista para poner al límite a los inversores no afines y entregar el filón energético al régimen de Chávez. Esto, con probables ventajas en las regalías para el país sede, pero sin que eso signifique el desarrollo del pequeño y mediano empresariado local. Es decir, más de lo mismo. Y tanto le importa la soberanía a Morales, que acaba de ponerse en manos de los servicios secretos cubanos para "protegerse" de ataques externos. El presidente no sabe lo que ha hecho.

Por otra parte, no deja de resultar desconcertante que un pequeño y pobre país como Bolivia, se permita enrolarse en un gigantismo institucional tan propio de naciones fracasadas (Cuba tiene 32 ministerios), o neo-imperialistas, como Venezuela, que ha erigido 24. El Ejecutivo de Morales ha mantenido, numéricamente, las 16 carteras del anterior gobierno. Una cifra demasiado alta para un país de sólo 8 millones de habitantes, con una situación económica tan grave que amerita más modestia y menos batahola. El 70% de la población del altiplano vive por debajo del umbral de pobreza, con menos de un dólar al día.

La carga que representa este gigantismo para el funcionamiento del país es relevante. La multiplicación insensata de las estructuras administrativas no se justifica, en tanto muchas de ellas doblan y repiten funciones y marcos de actuación de otras, originando un gasto estatal escandaloso y un entramado que se aleja del Estado moderno, pequeño y funcional, para dar paso a una burocracia inservible.

Ahora bien, ¿qué se esconde tras este gigantismo y tras este gobernar a fuerza de retórica y gestos altisonantes? Pues, la idea de intentar controlarlo todo sin que al final se avance en nada. Sobre todo, en economías de mercado como Bolivia y Venezuela, donde se supone que el Estado sea garante de las políticas de precios, de la defensa de la competencia y de la protección social hacia los más desfavorecidos. Pero sólo eso. Cuando un país es políticamente estable, su índice de libertad económica es alto y las inversiones fluyen sin riesgos externos, el mercado no necesita de entidades que intenten suprimir sus funciones, sino que regulen su actividad dentro del marco de las leyes.

La otra causa del gigantismo y de los gestos habrá que buscarla en la necesidad de aparentar que algo se mueve y se hace —luego de incendiarios discursos que prometen villas y castillos y el fin inminente de la desigualdad social—. Y no hay nada más fácil en este sentido que crear ministerios, instituciones, puestos de empleados públicos, y apoyarse en planes emergentes o "misiones", que no son otra cosa que parches mal-pegados ante la gravedad de las realidades a las que se enfrentan.

En países como Venezuela y Bolivia, se justifica la existencia de ministerios temáticos, si y sólo si se relacionan con particularidades económicas y sociales de primer orden en la región, verbigracia la cartera de Energía y Minas. Como al mismo tiempo, no se justifica que Caracas mantenga, en el área económica, ministerios de Alimentación, Agricultura y tierras, Finanzas, Infraestructuras, Planificación y desarrollo, Producción y comercio y Economía popular, siguiendo el esquema de Cuba en aspectos en los que la iniciativa privada venezolana tiene la primera y la última palabra.

Otra arista del problema la hallamos en Paraguay, un país de algo más de 6 millones de habitantes que cuenta con un aparato estatal relativamente mediano (diez ministerios y 8 secretarías ejecutivas); sin embargo, dedicará este año el 70% de los ingresos tributarios a salarios para funcionarios, según reveló la prensa local.

La idea de que las estructuras administrativas del Estado son la solución todopoderosa para paliar las crisis y enmendar el problema del desempleo generando puestos burocráticos e improductivos, lastra hoy día la concepción del Estado moderno. Mientras más ciudadanos crean que la solución de sus problemas está en la entrada al sector público, y no en posibilidades empresariales propias o ajenas, la situación no mejorará.

Los gobiernos populistas latinoamericanos intentan el facilismo como vía de escape y lo único que logran es enterrar más a sus países. Lo mismo dedican grandes partidas para subvencionar la pobreza creada por ellos mismos —como sucede en Venezuela con los comedores estatales que brindan alimentos a personas que no les interesa ni quieren trabajar, pero votan al oficialismo—, que anuncian nacionalizaciones e intervenciones y, junto a ellas, una carga descomunal para los Estados, y la ineficiencia y la corrupción como resultado final.

El problema no radica en si Evo Morales pretende también instituir un Ministerio del Agua, tema altamente sensible para los bolivianos, sino en que ambicione asumir ejecutivamente lo que corresponde al sector privado. El éxito de tales políticas es visible en Cuba, donde Castro decide desde la cantidad de aspirinas hasta el tipo de bombilla de los hogares. ¿Hace falta ejemplificar más?

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