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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

Residencia parlamentaria

José Carlos Navarro (Mérida)
Redacción
sábado, 28 de enero de 2006, 22:07 h (CET)
El informe -consensuado- del Consejo de Estado que será objeto de votación alerta de las reformas constitucionales por los riesgos de tensiones perjudiciales para la vida del Estado entre las Cortes y los parlamentos de las comunidades. Entre las propuestas está la de fijar los techos competenciales, ya que la Constitución refleja los principios, pero no la realización efectiva.

Ante tan primordial consejo, desde el PP se pide que se paralice el Estatut, incluyendo el recurso previo al Tribunal Constitucional. Como en medicina, prevenir antes que curar.

La respuesta rauda y veloz del Gobierno viene de su portavoz. El cuestionado por Rodríguez Ibarra por los asuntos remolacheros en su inicios en la portavocía, Fernando Moraleda, dice que los informes del Consejo de Estado son sólo consultivo. Después viene el pero. Sí, pero no si me contradice. Arguye, no obstante, que las decisiones recaen en la residencia parlamentaria. Un, dos, tres..... ¡mambo!. La soberanía del pueblo y su residencia. La residencia de los okupas. El inmueble parlamentario en nuda propiedad del pueblo soberano con el usufructo para la coyuntural aritmética parlamentaria. Ya lo contó Shakespare a través del Rey Lear, de los riesgos de legar los reinos en vida. El notario de Estado dice que la nuda propiedad soberana no está en venta ni se arrienda. El pueblo soberano ni siquiera cede el usufructo si no se rinden cuentas. ¿De qué residencia parlamentaria habla Moraleda?

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