Cuando escuchamos a los nacionalistas catalanes, cuando leemos sus periódicos panfletarios llenos de argumentos resabiados respecto a los “derechos de elegir su propio destino” o formulando quejas sobre el trato que reciben del Gobierno de la nación o cuando, en el colmo del atrevimiento, salen a las calles para invadir de lazos amarillos todos los espacios públicos con lo que simbolizan la defensa de unos señores presuntos delincuentes que, infringiendo todas las leyes españolas, atribuyéndose funciones y derechos de los que carecen e ignorando sus obligaciones como autoridades encargadas de respetar y hacer respetar, dentro de su circunscripción, la Constitución de todos los españoles y todas cuantas leyes civiles, penales, administrativas o laborales, emanadas del Parlamento nacional y, en consecuencia, que obligan a todos los españoles, sea cual fuere la parte de la nación española en la que pudieran residir.

Resulta inconcebible que unas minorías, que pretenden suplir la voluntad mayoritaria de los españoles, se atrevan a argumentar que su voluntad (ni siquiera la de una mayoría de los catalanes) pudiera estar por encima de la del resto de los ciudadanos españoles, para poder decidir sobre el destino de una porción del territorio español como si, en realidad, tuvieran derecho a apoderarse de él para impedir que el resto de los habitantes de la nación pudieran ejercer, sobre los mismos, idénticos derechos a disfrutarlos, sin que la presunta propiedad exclusiva que para sí se atribuyen los que quieren convertir a Cataluña en una nación independiente de España, puedan argumentar, por mucho que lo intentan tergiversando la historia e inventándose imaginarios derechos ancestrales que, en modo alguno, les concedan la facultad de poder decidir, prescindiendo del resto de españoles, cuál deberá ser el destino de Cataluña, siempre dentro de la nación española.

Sólo la estulticia, la falta de decisión, supuestos intereses electorales, falta de visión de futuro y un análisis erróneo de los distintos acontecimiento, que a lo largo de los últimos años, han tenido lugar en territorio catalán, han sido los que han permitido que una serie de personajes de la política catalana, encabezados en su día por el señor Jordi Pujol, hayan ido avanzando en su intención de ir socavando, poco a poco, lo que debiera haber sido una vigilancia constante de las autoridades españolas sobre las distintas formas que se han utilizado por los separatistas para ir apoderándose de funciones que, en modo alguno, un Estado como el español, debiera de haber permitido que fueran incrementando el poder del soberanismo, a la vez que debilitando la autoridad del Estado sobre aquellos territorios en los que el soberanismo local ha ido progresando de una manera harto peligrosa, tal y como ahora tenemos ocasión de poder comprobarlo.

El señor Sánchez, incapaz de hacer un análisis de la situación susceptible de hacerle ver con claridad cuáles han sido las tácticas y estrategias del nacionalismo radical catalán, ha caído en la misma trampa que ha llevado al señor Mariano Rajoy a tener que dejar la presidencia del gobierno español. Ninguno de ellos ha sabido interpretar de una manera inteligente lo que tenían en mente los separatistas cuando decidieron dar el paso, equivocado por supuesto, de plantarle cara al Estado español para, sin prisas pero con una constancia y eficacia dignos de una mejor causa, ir llevando a cabo una labor de proselitismo en las tierras catalanas, que ha tenido la virtud de hacer que lo que hace apenas unos pocos años era una aspiración de apenas un 20% de los catalanes, a fuerza de hacerse con todos los medios de comunicación locales, empezando por la TV3, y consiguiendo el apoyo solapado de grupos, como es el caso del Godó, a los que han comprado a base de subvenciones, prestándose, a cambio de ello, a colaborar con sus artículos y columnistas ( la señora Rahola es un ejemplo de la clase de colaboradores, radicalmente entregados al separatismo, que son capaces de movilizar a las personas más fácilmente impresionables para imbuirles que los problemas que afectan a los catalanes vienen directamente del gobierno de Madrid y que, la colaboración de la comunidad catalana, como comunidad solidaria más rica, se ha convertido en un medio para privarles a los ciudadanos catalanes de unos derechos que se les debían por su “decisiva” colaboración a la riqueza del país.

No explican que su endeudamiento ya supera los 70.000 millones de euros, que si no fuera por las cantidades que a través del FLA que van recibiendo hace tiempo, ya habrían tenido que enfrentarse a problemas económicos graves, entre otras razones por la evidencia de que una parte de la financiación que han venido recibiendo del Estado la han desviado hacia gastos originados por sus planes de crear un gobierno paralelo, con instituciones que reproducen a las que el Estado central tiene ubicadas en Cataluña como, por ejemplo, la Delegación de Hacienda, donde los ciudadanos están obligados a pagar sus tributos. También se han olvidado de dar cuenta de su imposibilidad de hacerse cargo de los bonos que emitieron en su día, con una financiación muy costosa y que, si no hubiera sido por el aval del Estado español y por las ayudas que han recibido del mismo para la renovación de la deuda asumida y para que pudieran pagar los correspondientes intereses, es obvio que en estos momento el gobierno de la Generalidad ya se debería haber declarado en quiebra.

Y en esta tesitura, pese a que el Estado ha venido apoyando al gobierno catalán cuando se ha visto necesitado de ayuda económica, tenemos que ver como sujetos de la calaña de Puigdemont o Torra pueden mantener en jaque al Estado que, todo hay que decirlo, se ha estado dejando chantajear hasta que los soberanistas ya quisieron dar el paso definitivo hacia un enfrentamiento decisivo cuando, aunque lo hicieron fugazmente, se declararon por unos momentos como la República Independiente de Cataluña. Los desafíos formulados de forma descarada, sin el menor rubor, de manera desabrida y con carácter perentorio, por los dirigentes del gobierno y el Parlamento catalán, insultando, despreciando, exigiendo y menospreciando al Gobierno del Estado, a sus instituciones, a sus cuerpos de seguridad y, ahora, como último paso hacia lo que ellos consideran que ha de ser el resultado final de esta lucha, han decidido enfrentarse, sin el menor rebozo, a la figura del Jefe del Estado, de tal manera que, en su última visita a Cataluña tuvo que contemplar cómo, a unos metros del lugar en el que se encontraba, una enorme pancarta, escrita en inglés para que las cámara de todos los reporteros extranjeros pudieran filmarlo y trasmitirlo a toda Europa, unos gamberros habían escrito un texto en el que se decía que, para los catalanes, el Rey no era su rey.

Y, en estos momentos en los que hemos tenido un cambio de gobierno. En una situación en la que, mediante una moción de censura presentada por el señor Sánchez, de los socialistas, consiguieron derribar al débil gobierno del PP haciéndose con el gobierno de la nación; es, precisamente, cuando a los nuevos gobernantes que pensaron que conseguirían amansar a la fiera soberanista, ofreciéndoles una España federal y una financiación especial, se les han presentado una serie de complicaciones con las que, evidentemente, no contaban: la primera, la invasión de inmigrantes que van llegando, cada vez en mayor número, desde las costas de África, contradiciendo el empecinamiento con el que, las ministras de Sánchez, intentan negar el efecto llamada del Aquarius y, la segunda, el evidente cambio de destino adoptado por las mafias que transportan a los migrantes, en dirección a las costas españolas, a las que ahora consideran como menos peligrosas y más seguras para descargar su carga humana. Se vuelve a reactivar la amenaza catalana y, con ello, una vez más el gobierno del señor Sánchez, como ya ha declaro el mismo, puede que se vea obligado a aplicar de nuevo el 155 si Puigdemont y su lacayo Torra, no se apean del burro y cesan en sus intentos de seguir apurando la paciencia del pueblo español.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, estamos viendo con intranquilidad como, junto a decisiones en las que se nota la intervención de Podemos, como es el caso de los previsibles aumentos de impuestos que vienen anunciando o del incremento del 5% del coste de la Seguridad Social, como consecuencia del aumento de las pensiones o de los posibles cambios, que la ministra de Trabajo, parece que está preparando en el sentido de restaurar situaciones anteriores a las reformas laborales que el PP, a indicaciones de Bruselas, introdujo en nuestras leyes laborales. Cuando, desde la UE se nos están pidiendo que sigamos profundizando en las reformas para establecer una mayor libertad de contratación y despidos como está vigente en el resto de Europa, vienen los de Podemos, con el señor Echenique al frente, y nos presentan un programa laboral al estilo del comunismo bolivariano o del soviético que, tan “buenos” resultados les dio a ambos países. Lo malo es que todos los cambios positivos que se implantaron en España durante años, mucho nos tememos que estos insensatos que pretenden arreglar nuestra nación, logren precisamente el resultado contrario, conduciéndonos en poco tiempo a una situación tan peligrosa como aquella en la que nos dejó el señor Rodríguez Zapatero en el 2011.