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¿No hay sitios más baratos que Barcelona para la vivienda pública?

“La demagogia es la capacidad de vestir las ideas menores con las palabras mayores” Abraham Lincoln
Miguel Massanet
miércoles, 22 de agosto de 2018, 09:00 h (CET)

Entre esta lacra que está afectando, tan negativamente, a nuestra patria, me refiero naturalmente a estos grupos de inadaptados, antisistema y progres, para los cuales todo lo que signifique reflexión, sentido de la oportunidad, responsabilidad, equilibrio o sensatez, carece de sentido, ya que se dejan llevar por las corrientes del momento, dentro de las cuales el relativismo ha adquirido un especial sentido como filosofía de una parte importante de nuestras nuevas generaciones, que han decidido prescindir de toda trascendencia para encerrarse en el estrecho hueco de un materialismo, al que se han entregado con los brazos abiertos, consistente en valorar únicamente lo que pueden conseguir con el mínimo esfuerzo y que les proporcione el mayor placer, esta forma hedonista con la que han decidido afrontar la existencia, sin que les preocupe la moralidad de sus actos o la ética de sus conductas.


Estas corrientes han sido los caladeros en los que los comunistas bolivarianos, esparcidos por distintos lugares de la península, especialmente en la región catalana y, muy especialmente, en la ciudad de Barcelona donde, incomprensiblemente, consiguió la alcaldía de la ciudad una activista conocida por sus enfrentamientos con las fuerzas del orden y sus campañas encaminadas a impedir que la Justicia pudiera llevar a cabo los desahucios dictados por los juzgados, utilizando todo tipo de argucias, manifestaciones, trucos ilegales y cualesquiera otros medios con los que oponerse a que los encargados de cumplir las órdenes judiciales no pudieran desempeñar su cometido. Se ha venido votando, como alcaldesa de la ciudad Condal, a una feminista declarada, cuyos únicos atributos reconocidos han sido, como ya hemos enunciado anteriormente, pertenecer al sector de los inconformistas, detractores, objetores y declarados perturbadores del ordenamiento jurídico de la nación española, especialmente centrado en su Constitución de 1978 y en todo el resto de disposiciones con las que se ha ido desarrollando. La señora Colau, en virtud de una ciudadanía que no sabe lo que le conviene, obnubilada por las doctrinas separatistas que tanto predicamento han conseguido tener entre la población catalana, evidentemente de mayoría de izquierdas y dispuesta a hacer todo lo que se les pida sí, con ello, se pone en un brete el orden, la moralidad, los derechos de la ciudadanía, la propiedad privada y los preceptos constitucionales y demás leyes estatales que, como ha quedado demostrado, para un sector importante de la ciudadanía catalana, parece ser que no les importa y está decidido a incumplirlos si, con ello, se favorece al soberanismo nacionalista catalán; ha decidido convertirse, aparte de en alcaldesa de Barcelona, en legisladora, interventora de la iniciativa privada, dueña de los espacios públicos para asignarlos a quien ella decida, sin importarle si esta conducta está dentro de la legalidad o se excede en sus funciones como alcaldesa.


No le ha importado favorecer a un grupo de inmigrantes sin papeles que han decidido imponerse a los ciudadanos, ejerciendo una actividad ilegal, sin pagar impuestos, a la fuerza cuando los representantes de la autoridad pretenden desalojarlos de los lugares públicos que ocupan y sin que, en su evidente temeridad, les importe el daño que puedan causar a los comerciantes a los que les roban materialmente su clientela ante sus propias narices. Hasta la misma policía ha denunciado que, cuando se planea una razia para detener a los llamados “manteros”, es precisamente desde el mismo Ayuntamiento de la ciudad catalana, de donde se producen filtraciones que ponen sobre aviso a los sindicatos de manteros (hasta este punto se han organizado, con el visto bueno de aquellos funcionarios que, al parecer, no tienen inconveniente alguno en negociar con ellos, pese a que se está tratando de una formación evidente carente de toda legalidad.)


No sabemos si, a la señora Calvo, que tan poco le preocupa que el señor Torra advierta que “van a atacar al Estado”, también la parece algo sin importancia que, desde algunos municipios de Barcelona, se estén preparando para aplicar multas muy elevadas a aquellos ciudadanos que, por su cuenta, decidan retirar los lazos amarillos de los lugares públicos de las ciudades, con el absurdo argumento de que “están actuando contra un bien público” ¿Quién afirma que, unos lazos que han puesto un grupo de proscritos de la ley, de vándalos, de grupos tolerados por la Generalitat pero que actúan como verdaderas bandas de facinerosos, sean de propiedad pública? ¿Ignoran, acaso, que existe una sentencia del TSJ de Cataluña, del mes de Julio pasado, en la que se dice que en los espacios públicos no se deben colocar símbolos de ningún partido político ya que se tratan de espacios de pertenecen a todos los ciudadanos y no a un grupo determinado de tendencia política?, de modo que, con la colocación en los lugares públicos de tales símbolos lo único que son capaces de hacer, aparte de cometer una ilegalidad, es intentar restar autoridad o desmerecer la actuación en el ejercicio de sus cargos de los jueces españoles encargados de juzgar a una serie de individuos, en este caso políticos, que están acusados de haber intentado romper, con sus acciones, la unidad de la nación española.


La misma fiscal general de Estado se ha manifestado en el sentido de negar cualquier responsabilidad penal a quienes se dedicaron a quitar este tipo de símbolos de las calles de diversas ciudades catalanas, donde algunos sujetos se dedicaron a “adornarlas” con los famosos lacitos amarillos. Otra cosa será el tipo de responsabilidad, incluso prevaricación, por la que se podrá empapelar al responsable de que estas multas, evidentemente ilegales, se apliquen a los que pudieran ser identificados quitando estos lazos de las vías públicas. Claro que, ante posibles denuncias de los guardias conviene que las herramientas de las que se valgan para cortar los lazos no puedan identificarse como cuchillos por tener una punta aguda, mejor utilizar “cutters” que cortan pero no pinchan. Tampoco debe existir enfrentamiento con los guardias que cursen la denuncia ni mucho menos agresiones. Se puede firmar, pero poniendo que sólo se firma aceptando la notificación pero no las causas. Es decir se debe huir de todo tipo de reacciones o provocaciones que permitan a los agentes de la autoridad presentar denuncias por cualquier otro tipo de infracciones ajenas al tema principal. También se recomienda que los lazos cortados se entreguen al Ayuntamiento respectivo para que hagan de ellos lo que les parezca.


Pero ahora parece que, la señora Colau, necesitada de conseguir apoyos, debido a que ya tenemos encima las elecciones municipales del mes de mayo, ha vuelto a su intento de hacerse con la propiedad privada de las casas viejas y solares de Barcelona. No contenta con su campaña en contra de los pisos desalquilados, con su intervención desde todos los puntos de vista, absurda e inapropiada, contra el turismo de la villa; ahora vuelve a las andadas amenazando con que el Ayuntamiento de Barcelona va a poner un registro municipal de fincas no edificadas que permitirá, en un plazo de inactividad de dos años, poder expropiar aquellos solares que no cumplan con la obligación de edificar y destinarlos a vivienda pública. Aparte de que no se sabe de cuánto dinero dispone el Ayuntamiento para poder acometer una expropiación de tal calibre (también se incluyen las casas viejas sin renovar) nos choca mucho que la señora Colau haya elegido la ciudad de Barcelona, una de las urbes donde el metro cuadrado de superficie es de los más caros de España, para edificar viviendas destinadas a alquileres bajos o a propiedad de bajo costo. Uno pensaría que habiendo tantas ciudades en el cinturón metropolitano de la ciudad donde los solares son evidentemente mucho más baratos, seguramente sería más razonable intentar ubicar este tipo de viviendas de tipo protegido en lugares donde, tanto los establecimientos comerciales, como los mercados de alimentos y demás proveedores estuvieran más en consonancia con las posibilidades de los nuevos habitantes de las viviendas que se pretende construir para aquellas familias con menos medios económicos a su disposición. No parecería muy adecuado meter pisos de familias menesterosas en pleno centro de la ciudad, por ejemplo en Plaza de Cataluña, cuando todo lo que la rodea no es precisamente lo que, en precios, mejor se ajuste a unas familias, por ejemplo, de inmigrantes procedentes del Senegal a los que, probablemente, se les obligaría a desplazarse a algún mercado de los extrarradios para poder comprar a los precios que se puedan permitir.


O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos admira que el gobierno del señor Sánchez, que tanto se ocupa de no indisponerse con los soberanistas catalanes, que tanto se ocupa de la lucha de votos con la izquierda de Podemos, contemple, sin decir ni pío respecto a todo lo que la señora Colau, su adversaria directa en Barcelona, está proponiendo para Barcelona; como si ya hubiera decidido que todo lo que ocurra en Cataluña se lo va a dejar, para que los solucionen, a los separatistas catalanes, con la idea evidente de que sigan manteniendo el apoyo que le vienen dispensando en el Parlamento de Madrid para conseguir llegar al fin de la legislatura.

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