El último tema de controversia entre los ciudadanos es la actuación, el pasado día 6 de enero, de José Mena Aguado, General Jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército todavía a día de hoy (aunque este viernes deberá cesar de su cargo).

Las palabras que pronunció Mena Aguado el pasado viernes las subscribo de principio a fin. Sí, subscribo las preocupaciones manifestadas por el militar palentino en Sevilla. La Constitución, la problemática lingüística en Cataluña, lucha global contra el terrorismo, el futuro de España… Ideas, todas, que están claramente resueltas en la Constitución de 1978. Ideas que no pueden asustar a nadie que crea en la democracia y la legalidad establecida. E ideas, también, que han irritado, especialmente, a los que suelen esquivar, cuando no saltarse, las leyes con toda impunidad.

Dicho esto. Refrendadas las palabras de Mena Aguado, el punto de partida varía. El General Jefe de la Fuerza Terrestre no se rige por el código civil; o dicho de otra manera, al ser militar, Mena Aguado, se debe al reglamento militar apropiado, acatado y aprobado. Y es en este momento en el que el ministro de Defensa, José Bono, actuó previo consejo del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz Roldán. Y el ministro actuó rápido, bien y con contundencia. Como cabría esperar. Nada se le puede objetar al ministro Bono. Se actuó con normalidad y como marca el reglamento militar, es decir, si un militar opina políticamente en público y con trascendencia social es susceptible de ser sancionado. Y así fue.

Ahora bien, defendido el fondo –del militar Mena Aguado- y la forma –del ministro Bono- se debe analizar el porqué de lo sucedido. La Historia de España, el siglo XIX y parte del XX, sobre todo, está plagada de actos violentos armados, pronunciamientos, alzamientos y golpes de Estado. Tan solo en el siglo XIX se pueden determinar y estudiar más de 200 pronunciamientos, de los partidarios de la derecha cuando la facción de la izquierda gobernaba, y de los seguidores de la izquierda cuando los partidos de la derecha regían. Desestabilizar a los gobiernos no es intrínseco a una parte concreta del hemisferio político e ideológico de los españoles, por más que ahora se intente asociar solo a una de ellas.

El historiador y catedrático Ricardo de la Cierva, claramente posicionado ideológicamente, afirmó este pasado fin de semana que lo sucedido había sido un pronunciamiento en toda regla. No lo creo. Para que se considere un pronunciamiento, de momento, se debería producir un alzamiento generalizado de los militares contra el Gobierno. Por suerte y deseo, no es el caso. Da la sensación, más bien, que, como bien dijo Mena Aguado, sus palabras expresaban “las inquietudes y preocupaciones de cuantos formamos parte de las Fuerzas Armadas” en cuanto a ciudadanos que son. No creo que todos, pero sí de gran parte. Es, por lo tanto, una forma de dar a conocer a la opinión pública –y al Gobierno- lo que preocupa al ejército. Es, en definitiva, un toque de atención al Gobierno por algunos de los problemas –arriba citados- que podemos leer y ver cada día en los medios de comunicación. Craso error. El ejército no puede dar toques de atención a nadie, y menos al Gobierno. No era el lugar, no eran las formas y ese discurso está sancionado. Hay otros medios y otras formas para hacerlo.

Pero no se ha valorado el fondo de las palabras dichas por el General Jefe palentino. Nadie ha entrado al trapo de la discusión sobre los problemas enunciados el pasado día 6. Lo dicho por Mena Aguado no se ha debatido. ¿Por qué? Porque no se puede debatir, se ciñó a leer (artículos 2 y 8), en varias ocasiones, la propia Constitución, y a mostrar una opinión (no solo personal). Es más, Bono citó el ya famoso Artículo 8 –“Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”- de la Constitución los días 2 y 20 de diciembre de 2004 en el Congreso y Senado, para advertir a dos miembros de las Cortes, uno del PNV y otro de ERC. Y no pasó nada excepcional. No tuvo que pasar nada. No se puede hacer mártir a Mena Aguado por citar, leer y recodar la Constitución. Sería otro craso error.

¿Se debería modificar el Artículo 8 de la Constitución? ¿No es mejor que hablen los militares en lugar de que empuñen las armas para ‘hablar’? ¿No da la sensación de que existen dos varas de medir a la hora de exigir el cumplimiento de la ley? ¿No deberíamos analizar quiénes son los que respetan la Constitución y quiénes la desprecian cada día?