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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

La ley del interés general

José Carlos Navarro (Mérida)
Redacción
martes, 10 de enero de 2006, 00:26 h (CET)
Existe un concepto jurídico que antaño se utilizaba a menudo, y que dado su relativismo es hoy poco utilizado, que se llama "alarma social". Acostumbrados como estamos a la variopinta interpretación de la ley por los tribunales, su máximo exponente es la lectura de la ley que hacen los dirigentes políticos, incluyendo la de la Carta Magna. No sorprende por tanto que el relativismo de la alarma social, sea sustituido por el socialista José Blanco, por el de que "la ley será interpretada y aplicada en función del interés general de este país", relacionándolo con la política anti-terrorista del Gobierno.

Que dentro del puritanismo ortoxo lo remata con que la ley está para ser aplicada y para ser interpretada por quién corresponda, evoca la memoria de la no actuación de la Fiscalía General en la ilegalización del PCTV-EHAK. Combinar paz, ley y deseo de la sociedad, no deja de ser un ejercicio de demagogia de laissez fair, laissez passer del terrorismo. La ley no entiende de paz, salvo en Estados de excepción -que en España brilla por su ausencia-. Los deseos y sentimientos no tienen valoraciones para la ley, sólo dentro del relativismo interpretativo. Tan sólo cabe el cumplimiento de la ley vigente, salvo el fraude de ley, o en caso de gravedad la negligencia o prevaricación de la ley penal. Quién hace la ley hace la trampa, que aquí se podría ampliar al subterfugio utilizado por quién debe velar por ella.

El relativismo legal, convierte el Imperio de la ley en las colonias de la normas desiguales. Que serán distintas en función del rasero con que se miren, y en función de intereses particulares, que se alejan de la igualdad de todos ante la ley, y el bien común para todos los españoles.

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