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Etiquetas:   El espectador   -   Sección:   Opinión

ZP subvenciona el terrorismo

Jorge Hernández

sábado, 7 de enero de 2006, 23:30 h (CET)
Del estudio de la economía del terrorismo nacionalista vasco, en la que ETA y Batasuna juegan un papel fundamental, se extraen algunas lecciones que es preciso volver a recordar, dado que algunos acontecimientos recientes, como el apoyo prestado por el Partido Socialista a unos presupuestos del Gobierno Vasco en los que se contemplan diversos tipos de subvenciones a personas u organizaciones relacionadas con esa economía, han vuelto a poner este tema en el centro del debate.

Lo primero que debe considerarse al respecto es que la economía del terrorismo, en el caso de ETA-Batasuna, que, formando una unidad en cuanto a su dirección estratégica, orientan su acción hacia los diferentes objetivos de la organización: captación y adoctrinamiento de militantes, desarrollo de actividades armadas y su logística, formación de una cultura de la violencia, propaganda y desinformación, asistencia social a los terroristas encarcelados y a sus familias, política institucional y sostenimiento del grupo social de referencia que apoya el terrorismo.

Estas entidades (que a veces son alegales), pero que en la mayor parte de los casos adoptan formas jurídicas muy diversas, como asociaciones, partidos políticos, fundaciones y sociedades mercantiles-, además de trabajar con miras al objetivo específico para el que fueron constituidas, han asumido un importante papel en la captación de recursos financieros para el conjunto de la organización. En esta última tarea, cada entidad asume una determinada especialización.

ETA se ha dedicado preferentemente al pillaje, la extorsión a los empresarios y los tráficos ilícitos; Batasuna se ha centrado en la obtención de subvenciones a partidos políticos concedidas -al margen de la legalidad
vigente- por la Administración vasca y las corporaciones locales, así como a ejercer la influencia que le concede su presencia institucional para favorecer a las entidades por ella controladas en la generosa distribución de subvenciones que ha realizado el Gobierno vasco y los Ayuntamientos nacionalistas; las asociaciones, editoriales y periódicos controlados por ETA se han esmerado en obtener estas últimas para lubricar con un dinero público muy mal controlado -como reiteradamente ha destacado el Tribunal de Vasco de Cuentas Públicas- a los otros elementos de la organización; y las sociedades mercantiles han servido para canalizar esos recursos, blanquear dinero y realizar negocios lucrativos cuyos réditos han engrosado la bolsa común.

El terrorismo nacionalista ha sido generosamente subvencionado, en un 80% por las Administraciones del País Vasco. Pero ésta no es una excusa para que, tal como se prevé en la discusión presupuestaria, siga pasando en el futuro; menos aún con la anuencia de un Partido Socialista que ha dejado la vida de sus mejores militantes en la lucha contra el terrorismo.

Pero si esto lo hacen quienes nos gobiernan, ¿a quién podremos recurrir los ciudadanos para que nos defiendan? ¿Quién aplicará a los representantes del pueblo en las instituciones parlamentarias las gravísimas sanciones administrativas, como multas, separación del cargo e inhabilitación, que la ley establece para quienes coadyuvan a la financiación del terrorismo?

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