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Etiquetas:   Los leones y los días   -   Sección:   Opinión

El Gobierno tendrá la última palabra

Sergio González

jueves, 5 de enero de 2006, 22:55 h (CET)
El pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) reunido con la OPA de Gas Natural sobre Endesa como punta de lanza rechazó cualquier tipo de operación que pudiera suponer acabar con un competidor directo en cualquiera de los dos campos energéticos en los que se agrupan ambas compañías, electricidad y gas. Como era de prever, la mayoría de los consejeros propuestos por el Partido Popular votó en contra de esta operación. Por el contrario, fueron los otros tres componentes del citado organismo, Antonio Castañeda -nombrado por los conservadores-, Pilar Sánchez y su presidente, Luis Berenguer, quienes sí se posicionaron a favor de la concentración siempre y cuando se cumplieran una serie de condiciones necesarias, evitándose así monopolizar todo el mercado.

Así pues el Gobierno Central tiene ante sí una diatriba en la que dos informes, los remitidos por la Comisión Nacional de la Energía y Defensa de la Competencia que marcan rumbos distintos, uno partidario y otro contrario. Es pertinente recordar que los informes elaborados por ambas instituciones tienen un carácter recomendatorio, por lo que su vínculo con la posible decisión que pueda tomar el Ejecutivo es más cercano a los intereses de los ciudadanos que a los de los propios organismos estatales.

Claramente, las consignas de los grupos parlamentarios mayoritarios en el Congreso de los Diputados, PSOE y PP, han calado entre sus propios seguidores, respetando lo dictado por los responsables económicos de ambas formaciones, Inmaculada Rodríguez Piñero por el partido que sustenta al gobierno, y el ex Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, por el principal grupo de la Oposición. Desde la Secretaría de Comunicación, su responsable, Fernando Moraleda, ha expresado que en ningún caso van a actuar a favor de las amistades que puedan existir, al tiempo que apuntaban un posible visto bueno a la operación, como en ocasiones anteriores ha ocurrido.

La lista de posibles candidatos a ser nombrado nuevo Gobernador del Banco de España no hace más que incrementar con el paso de los meses, sobre todo tras ver como algunos de los máximos candidatos hace algunos meses han salido “por la borda” tras realizar declaraciones altisonantes contra los periodistas. Éste es el caso del actual Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, hombre de máxima confianza del actual Ministro de Economía, Pedro Solbes, quien hasta hace pocas fechas defendiera un control riguroso de los medios de comunicación centrados en las finanzas. Otro de los máximos aspirantes al puesto que estará vacante a mediados de este año es el actual Director de la Oficina Presupuestaria, Miguel Sebastián, quien no se caracteriza por mantener buenas relaciones con el principal partido de la Oposición, con el que hay previsto alcanzar un pacto que permita nombrar al sucesor de Jaime Caruana.

Antes estas perspectivas se han puesto sobre la mesa otros nombres que puedan suscitar menos recelos en las filas populares. Uno de ellos es el ex Presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, quien representa el mundo político, algo muy alejado de las expectativas de nombrar para el cargo a alguien de carácter técnico. Otra posibilidad apunta al actual Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien despierta suspicacias por ser cabeza visible de la actual política económica del gobierno. También se postula para el sillón a la Directora del Tesoro Público, Soledad Núñez, eficiente economista, pero, al mismo tiempo, defensora a ultranza de la visión socialdemócrata de las finanzas. Por último, el que parece tener todas las papeletas para ser designado heredero del puesto que ocupara durante tantos años el académico de la RAE Luis Ángel Rojo, es el consejero del propio organismo independiente, Julio Segura, quien es considerado un experto en temas bursátiles, que además puede abstenerse del poder político predominante en cada una de las legislaturas.

La polémica mediática llegó con el anuncio de la creación del Consejo Audiovisual español, que podría seguir los pasos del ya existente Consell Audiovisual de Cataluña (CAC), órgano que ha realizado declaraciones altisonantes, en muchos casos contra la cadena de los obispos. Según han denunciado periodistas integrantes de la plantilla de la COPE, entre ellos los afamados César Vidal y Federico Jiménez Losantos, “se pretende acabar con la libertad de expresión quitándoles las licencias de radio a la segunda emisora más escuchada en España”. Esta campaña ha sido fomentada por los periodistas cercanos al espectro ideológico de derechas, entre ellos Isabel San Sebastián, César Alonso de los Ríos y Carmen Gurruchaga, quienes apelan al “sentido común” para evitar que se lleve a buen puerto esta operación.

Desde el Ejecutivo central, su portavoz, María Teresa Fernández de la Vega, afirma que este organismo sólo tendría competencias para imponer sanciones en caso de que se vulnerasen las leyes vigentes, al tiempo que apuntaba la existencia de este tipo de organismos en algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular o sus aliados regionales como Navarra o la Comunidad de Madrid, y en países del entorno como Francia o Reino Unido. De cualquier forma, parece que la polémica parece adentrada en el mundo periodístico, que no acababa de ponerse de acuerdo con el estatuto del periodista, que tantas críticas ha tenido en los últimos meses.

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