O, al menos, un tribunal territorial alemán ha cometido un error de bulto. A pesar de la información que le ha sido enviada desde España por instancias oficiales no reconocen que ha sido una rebelión lo realizado por Puigdemont. Es increíble.

O sea que el grado alto de violencia lo tiene que valorar el tribunal alemán y no el juez Llarena del Tribunal Supremo. La malversación de caudales públicos era para realizar el referéndum con el fin de proclamar una república catalana independiente, algo expresamente prohibido por el ordenamiento legal español.

Y los niveles de violencia contra la Policía Nacional y la Guardia Civil los juzgará la justicia española no la alemana. Esto lo dicta el sentido común y la jurisprudencia. No en vano, el juez Llarena va a recurrir, si lo considera preciso al Tribunal Europeo de Justicia.

Lo lógico y racional es que la justicia alemana hubiera dado el visto bueno a la extradición de Puigdemont por los presuntos delitos que ha considerado la justicia española, sin entrar en más consideraciones que corresponden al juez y al sistema jurídico español no al alemán.

En Alemania la tipificación legal de la rebelión es diferente a la española es más exigente o se requiere una violencia extrema para pensar en rebelión contra el Estado. Pero existe también la figura de sedición: alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión.En todo caso, corresponde al juez Llarena juzgar y a la vista de las pruebas, el sumario y los testigos, testimonios, etcétera, dictar sentencia o tomar las decisiones que considere justas, en su caso. Y no debe olvidarse que en caso de duda no se puede condenar.

El sistema procesal español es muy garantista y se puede recurrir. El derecho a la defensa del acusado es eficiente y está absolutamente garantizado. Por tanto, se entiende que tal vez no se lleve a cabo la extradición de Puigdemont y que si se persona en España sea detenido y pase a disposición judicial. Lo que no se puede es incumplir las leyes y hacer como si no pasase nada.

Que el líder independentista catalán recurra por estar en desacuerdo con la decisión del tribunal alemán forma parte de su estrategia victimista que niega la realidad de los hechos y de lo sucedido, pero está en su derecho.

La euroorden ha fracasado estrepitosamente en el caso de Bélgica y de Alemania. Lo que no es racional es que la justicia de cada país no confíe en la de otro país de la Unión Europea. Es como si en España no se aplicaran bien las leyes y nada más falso. Cada país europeo que se ocupe de sus propios asuntos y problemas.

Ni Bélgica ni Alemania tienen derecho ni razones para inmiscuirse en asuntos judiciales graves que deben ser juzgados por los tribunales españoles. Seguro que si fuera a la inversa pondrían el grito en el cielo y con toda la razón. Pero el sistema judicial en España, afortunadamente, es respetuoso y no se mete en las cuestiones que afectan a otros países.

Es como si la justicia belga y alemana quisieran decir que sus leyes son mejores y más justas que las españolas y, en consecuencia, dictaran que no debe extraditarse a Puigdemont por la totalidad de los presuntos delitos de los que tiene que responder. Y no es cierto.

Considero que deberían reunirse los ministros de Justicia de los países de la Unión Europea o una parte de los representantes políticos presentes en el Parlamento Europeo o en la Comisión Europea y tomar medidas para que este tipo de situaciones absurdas y rocambolescas no se repitan en el futuro.

De lo contrario, en vez de aunar esfuerzos para buscar la conciliación y el buen funcionamiento de los sistemas judiciales de los países que están en la Comunidad Europea parece que las cosas seguirán igual de mal.

Que exista la separación de poderes no significa que no se puedan realizar declaraciones sobre estas cuestiones. Se comprende que desde los Gobiernos sean prudentes, pero lo que está sucediendo con la fuga de los dirigentes independentistas entra de lleno en lo esperpéntico o grotesco.