AYER MIÉRCOLES, 28 de diciembre, la noticia que más me impactó figuraba en grandes titulares en todos los periódicos del día. Llevaba por título el mismo que encabeza este artículo, y, de manera resumida, decía así:

A partir de ahora los ciudadanos españoles podrán...

1. Elegir los actos de gobierno de sus representantes, puesto que los programas electorales habrá que cumplirlos.

2. Decidir las cuestiones importantes de la vida pública mediante referéndum popular vinculante.

3. Establecer los sueldos de la clase política y de los servidores públicos, e intervenir en la contratación de éstos y en la evaluación de su rendimiento laboral.

4. Elegir directamente y al margen de los partidos los "Tribunales e Interventores de Cuentas Públicas".

5. Formar parte de las "Comisiones democráticas de Investigación" que se constituyan para garantizar la higiene y limpieza de las cuentas públicas y cualquier adjudicación o licitación pública.

6. Participar en el Poder Legislativo mediante la Iniciativa Legislativa Popular, que será sometida a referéndum vinculante cuando un porcentaje asequible del electorado lo demande.

7. Juzgar los posibles delitos y negligencias de los jueces y fiscales a través del Tribunal del Jurado.

8. Elegir democráticamente a jueces y fiscales, e incluso participar en la interpretación de la ley democrática desde un Tribunal, con el debido asesoramiento de los peritos en leyes.

9. Organizarse y financiar sus organizaciones mediante el presupuesto público -que a ellos pertenece- y en la cantidad que ellos mismos decidan, para constituir "Organizaciones de Ciudadanos" encargadas de velar por sus intereses ante las Administraciones, a fin de que todas ellas cumplan en todo momento y con la debida diligencia los servicios que están obligados a prestar, garantizando también que la soberanía y supervisión del hecho público permanece siempre en los propios ciudadanos.

10. Mantener y ejercer en todo momento las potestades que les pertenecen como propietarios del "hecho público" o "república" que son, a fin de que sus asalariados públicos -políticos y administrativos- les presten los servicios dependientes que les han sido encargados y por los cuales cobran sus salarios.

Ciertamente, pensé, algún día la democracia en España será real y esta noticia evidente... Pero, incluso en el actual periodo predemocrático en que nos encontramos, algunos de los puntos de este decálogo ya los suscribiría yo con sumo gusto. Y hasta sólo uno de ellos me parece resbaladizo; si bien, reflexionándolo un rato, también dicho punto podría defenderse.

¿Qué le parecen estos puntos a usted, inocente lector, que acepta por "democracia" un sistema como el actual, en el que usted nada decide verdaderamente? ¿Desearía disponer de alguno al menos?