Desde que se aprobó la Ley del Matrimonio Homosexual en España muchos jueces han mostrado su rechazo a casar a parejas del mismo sexo. El último caso ha sido en la localidad madrileña de Pinto, donde el juez Antonio Alonso ha presentado su dimisión por “imposibilidad moral de casar a parejas homosexuales”.

Parece que hay personas que se empeñan en ir hacia atrás mientras la sociedad avanza hacia adelante. El tema de las parejas homosexuales parecía bastante claro: hay una ley aprobada, se tiene que cumplir. Estamos en un Estado de Derecho y hoy, pese a quien le pese, las parejas homosexuales tienen derecho a casarse y los jueces y alcaldes tienen la obligación de casarles.

Me hace gracia que muchos de ellos se amparen en su moralidad y no les importa estar incurriendo en una falta grave de profesionalidad al marginar a un sector de la población. ¿Estas personas son las que salieron a la calle a manifestarse por la familia? ¡Menudo ejemplo para sus hijos oiga! Que dimitan también y vayan dejando sus puestos de trabajo libres aquellos camareros a los que no les guste el café, los bibliotecarios que odien las novelas de terror o los dependientes de su kiosco a los que no les guste la prensa que critica a su partido político.

¿Alguien se imagina a un médico racista en la sala de urgencias? ¡Venga, por favor! Seamos un poco serios, lo personal es una cosa y lo profesional es otra. ¿Qué el juez no se quiere casar con alguien de su mismo sexo? Que no lo haga… pero que cumpla con su trabajo y con la ley, que en este caso es lo mismo, y haga justicia sin marginar.