La Corte Suprema de Estados Unidos emitió esta semana un torbellino de fallos, que en su mayoría no dejan dudas sobre su orientación fuertemente derechista. Por una estrecha mayoría de 5 votos contra 4, el alto tribunal dio luz verde a la manipulación republicana de los distritos electorales en Texas, anuló una legislación a favor de la elección de abortar en California, asestó un significativo golpe a los sindicatos del sector público y avaló la más reciente prohibición de viaje contra musulmanes del presidente Donald Trump. Cada decisión implica un retroceso en torno a décadas de organización y logros legislativos progresistas, que implicaron luchas populares, manifestaciones, encarcelamientos y, en algunos casos, muertes. Cada decisión será proclamada como logro del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, quien diseñó la actual composición de la Corte Suprema al negarse a realizar la audiencia de confirmación del candidato del ex presidente Barack Obama para ocupar el cargo del fallecido magistrado Antonin Scalia. Pero de todos estos fallos, el más atroz y reprobable es el tomado en el caso “Trump versus Hawái”, donde se ratificó la política del presidente Trump conocida como “Prohibición de viaje contra musulmanes”, respaldando y empoderando el racismo vil y desnudo de Donald Trump.

Este caso involucra los tres intentos sucesivos de Donald Trump para cumplir una de sus numerosas promesas de campaña. Como declaró en un acto político: “Donald J. Trump propone un bloqueo total y absoluto al ingreso de musulmanes a Estados Unidos”. Trump emitió la primera prohibición contra los musulmanes el 27 de enero de 2017, lo que provocó grandes protestas en los aeropuertos de todo el país. Tras ser bloqueada por la presentación de varias demandas, Trump emitió la “Prohibición contra musulmanes 2.0” en marzo. Esa también fue bloqueada por la justicia. Un tribunal federal de apelaciones concluyó que el decreto de Trump desprendía “intolerancia religiosa, animosidad y discriminación”. Finalmente, en septiembre, la Casa Blanca emitió una proclama, la “Prohibición contra musulmanes 3.0”, con un vocabulario legal cuidadosamente escogido que restringe el ingreso a Estados Unidos, en distintos grados, para personas de Chad, Irán, Irak, Libia, Corea del Norte, Siria, Yemen y Venezuela. La Corte Suprema permitió su entrada en vigencia mientras continuaban los litigios legales. Esta semana le dio luz verde a Trump para que su prohibición racista sea permanente.

La magistrada Sonia Sotomayor escribió una dura fundamentación de su voto en disidencia que constituye un servicio público vital. El texto reúne, en un solo lugar, todas las flagrantes declaraciones, tuits y comunicados de prensa de Donald Trump antimusulmanes e islamofóbicos, ahora inscritos de forma permanente en el registro público para observación de las generaciones futuras. Además de la promesa formal de campaña de prohibir el ingreso al país a todos los musulmanes, Sotomayor resumió: “Trump relató una historia apócrifa que cuenta que el general estadounidense John J. Pershing mató a un gran grupo de insurgentes musulmanes en Filipinas con balas cubiertas de sangre de cerdo a principios del 1900”. Trump declaró más adelante –tomado nuevamente del documento de Sotomayor–, “[e]stamos teniendo problemas con los musulmanes, y estamos teniendo problemas con la llegada de musulmanes al país”. La lista de declaraciones explícitas es larga y, tal como escribió la magistrada, “horrenda”. Sobre la Prohibición contra los musulmanes 3.0, Sotomayor concluye, “este nuevo envase no hace mucho para limpiar … el aspecto de discriminación que han creado las palabras del presidente”.

La prohibición de viaje contra los musulmanes de Trump ahora ya es ley. El fallo en disidencia de Sotomayor continúa: “En una entrevista televisiva, Trump justificó su propuesta señalando que el presidente Franklin D. Roosevelt ‘había hecho lo mismo’ con respecto a la reclusión de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial”.

La magistrada se refería al caso conocido como Korematsu versus Estados Unidos, de 1944. Fred Korematsu era un ciudadano estadounidense de ascendencia japonesa nacido en California, a quien se le ordenó presentarse en uno de los campos de reclusión donde 110.000 japoneses estadounidenses fueron encarcelados tras el ataque de Pearl Harbor. Korematsu se resistió a acatar la orden y llevó al gobierno a los tribunales. La Corte Suprema ratificó la legalidad de los campos de reclusión por una mayoría de 6 contra 3. El magistrado Frank Murphy, en su fallo en disidencia, afirmó que la política “cae en el deplorable abismo del racismo”.

En 1983, una investigación reveló que el gobierno de Estados Unidos había suprimido evidencia en torno a que los estadounidenses de origen japonés no representaban ninguna amenaza durante la Segunda Guerra Mundial y la condena de Korematsu por eludir la reclusión fue anulada. Sin embargo, el precedente legal establecido por la Corte Suprema permaneció en los libros hasta esta semana. Como si los jueces de la Corte hubieran anticipado el vilipendio que recibiría su decisión, declararon específicamente que la sentencia en el caso de Korematsu no era de ninguna forma relevante para el asunto que tenían ante sí; no obstante, sin embargo, lo revocaron formalmente. Fred Korematsu falleció en 2005, pero su hija, Karen, respondió en una declaración: “La prohibición de viaje establecida para los musulmanes es injusta y discrimina individuos por la religión que practican, de modo similar a la Orden Ejecutiva 9066 que encarceló inconstitucionalmente a mi padre por su ascendencia japonesa. Aunque la Corte [Suprema] revocó el caso de mi padre hoy, solo sustituyó una injusticia por otra”.

A pesar de la ola de decisiones negativas, hay señales de esperanza. Linda Sarsour, directora de la primera plataforma on line para la organización de los y las musulmanas, MPower Change, y copresidenta de La Marcha de las Mujeres, declaró en una entrevista para Democracy Now!: “No estamos en modo de espera. Estamos resistiendo. Voy a participar junto a cientos de mujeres en la mayor acción de desobediencia civil de mujeres en la historia de este país”. Mientras la Corte Suprema entra en el receso de verano, las redes de organizaciones de base por la justicia social están dando sus primeros pasos.