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Etiquetas:   Políticamente incorrecta   -   Sección:   Opinión

Pero, ¿alguien se extraña?

Almudena Negro
Almudena Negro
@almudenanegro
viernes, 23 de diciembre de 2005, 23:14 h (CET)
La Constitución Española de 1978 ampara, dentro del capítulo de derechos fundamentales y libertades públicas, en su artículo 20 la libertad de expresión, opinión, cátedra y prensa. La Carta Magna, en su artículo 26, dice que “se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales”. Lógico. España, en 1978, se había propuesto continuar su historia por la senda democrática. Y, como es obvio, la libertad de opinión es uno de los requisitos fundamentales para que se pueda hablar de la existencia de un sistema democrático en cualquier país. Es en Cuba donde encarcelan a los intelectuales que no son complacientes con el régimen. O en la Alemania nazi. O en la URSS. O en Corea del Norte.

Pues ha tenido que llegar Rodríguez Zapatero al gobierno para que a España vuelva la censura, que no existía en nuestro país desde la época franquista.

Y ha llegado, cómo no, de la mano del ahora ya cuatripartito catalán .

Esta misma semana se ha aprobado –con la complicidad del PPC de José Piqué, que defiende la independencia del órgano totalitario- en el Parlamento catalán una ley que otorga a un Tribunal de Honor las funciones propias del Poder Judicial. Así, unos apesebrados, designados por los políticos catalanes, podrán decidir qué medios de comunicación son “veraces” y cuáles no. El órgano en cuestión no podía haber elegido unas siglas mejores, teniendo en cuenta que el gobierno nacional-socialista de Cataluña ha elaborado una ley para un caso concreto: CAC (Comité Anti-Cope). Elaborar una ley para un caso concreto rompe la igualdad ante la ley, puesto que se legisla con el fin de limitar los derechos de una persona física o jurídica determinada. En este caso, la Cadena COPE. Es la libertad de expresión “a la carta”. En el papel de Maître, Carod o cómo se llame.

Tan diligentes son los censores que no tardaron ni 24 horas en presentar un informe en el que acusan a la emisora de radio COPE de no sé ni cuántas barrabasadas y, cómo no, de meterse con los políticos catalanes. Y eso, en la dictadura del nacionalismo, equivale a insultar a todos los ciudadanos de Cataluña.

Por cierto ¿cuáles son las mentiras de la COPE? Porque nos cuentan que ha mentido, pero no nos cuentan las falsedades. La realidad es que la COPE ha estado informando del desastre del Carmelo, se ha posicionado contra el Estatut, ha descubierto que Montilla, el de las hipotecas al 3%, es bachiller, sigue denunciando el 3%... Es decir, que la libertad de información es un problema para el gobierno catalán.

Probablemente la aprobación de esta ley sea el hecho más grave al que los españoles hemos asistido en los últimos años. En cualquier democracia la libertad de expresión está limitada por el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Pero ¿quién decide si un medio de comunicación ha traspasado –que no “ultrapasado” como afirman los bachilleres- estos límites? En las democracias, los jueces. Y en España, además, es numerosísima la jurisprudencia que establece la primacía de la libertad de expresión frente al derecho al honor.

Todos esos totalitarios que ahora se llenan la boca afirmando que una emisora de radio los ha insultado ¿por qué no han acudido a los Tribunales de Justicia? Algún político con cargo público ha tenido la osadía de decir que esto es como los partidos de fútbol, que el informe del CAC es un “aviso”, la tarjeta amarilla. Y Zapatero, sonriendo… Claro que, al fin y al cabo fue Montilla, ministro de su gobierno, el que abrió la espita que ha dado lugar al fin de la libertad de expresión e información en Cataluña.

La verdad, era previsible. Cualquiera que se haya tomado la molestia de leerse el Estatuto Catalán, amparado y “patrocinado” por Rodríguez Zapatero, se habrá dado cuenta que nos encontramos ante una Constitución étnica de corte soviético. Hasta tal punto es así, que pretende ordenar incluso el tiempo libre –Freizeitgestaltung lo llamaban los nazis en la Alemania de los años 30- de los ciudadanos. Una constitución socialista en el más puro sentido del término. Una constitución que liquida el régimen constitucional español.

Así pues, ¿por qué habría de sorprendernos que el siguiente paso adoptado por estos nuevos nacional-socialistas sea la censura?

Naturalmente han sido muchos medios de comunicación los que han elevado sus voces en contra de esta Ley Audiovisual. Desde El Mundo, pasando por ABC y acabando por El País. Y es que, hoy, es la COPE… ¿y mañana?

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