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La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha defendido este sábado que una reforma de la Constitución es "urgente, viable y deseable" para avanzar hacia un modelo territorial federal.
Lo ha dicho durante su intervención en el acto 'Reforma constitucional, federal y con derechos' que ha organizado el PSC, que ha sido su primer acto en Cataluña desde que tomó posesión como ministra.
Ha sostenido que reformar la Constitución es urgente para "superar la crisis" que cree que vive el Estado y, en especial, Cataluña, y que es viable porque la Constitución contempla mecanismos de reforma y, a su juicio, pueden mejorar la situación actual.
Asimismo, ha señalado que es deseable porque una reforma para avanzar hacia un modelo federal "lleva soluciones institucionales, que canalizan y resuelven algunos de los problemas más importantes, y satisface la necesidad de renovar el pacto territorial de España".
"Hace 40 años que tenemos esta Constitución, somos una democracia consolidada y con una fortaleza suciente para afrontar una reexión profunda conjuntamente", ha añadido.
Además, Batet ha alertado de que el modelo territorial no es el único problema, sino que "la crisis territorial está acompañada de una crisis social y una crisis democrática", que se retroalimentan entre ellas, según ha dicho.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han mantenido un primer encuentro con el objetivo de establecer las líneas de colaboración y los mecanismos necesarios para que los derechos de las personas mayores y con discapacidad mayores estén presentes en el marco de las políticas municipales.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron durante 2023 un total de 24.581 denuncias por desaparición que corresponden a 15.126 personas diferentes, según el balance difundido por el Ministerio del Interior. El titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que el ministerio va a empezar a prestar atención psicológica gratuita a los familiares de las personas desaparecidas.
Actualmente, cuando despiden a una persona trabajadora de manera improcedente, ya sea porque se carece de una justificación legal o porque no se ajusta a la legislación vigente, ésta recibe una compensación económica que se establece en 33 días de salario por año trabajado con prorrateo mensual para periodos inferiores a un año y hasta un límite de 24 mensualidades. Pero los sindicatos han considerado que esta indemnización es muy baja.
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