Después de los años de dictadura, la Iglesia española vio cómo el marco social y político en el que durante casi cuarenta años había estado unida al poder se desmoronaba, dando lugar a nuevas estrategias sobre las que apoyarse para influir política y moralmente en la sociedad.

En los últimos tiempos no se dejan de escuchar términos que con la intención de describir una misma realidad, en el fondo se alejan de sus significados reales. Me refiero a los términos: laicidad, secularización, aconfesionalidad, paganización, laicismo… En realidad, es la Iglesia la que pone el grito en el cielo al hablar del proceso de secularización en el que la sociedad y el mundo moderno se ven inmersos.

En el fondo, lo que está pasando es que veníamos arrastrando mucho de cristianismo sociológico de tiempos pasados, de los tiempos del nacionalcatolicismo y, por eso, es bueno que esto ocurra. En ese sentido, yo diría que estamos pasando de una época de excesiva sacralización de la vida del hombre, en todos sus aspectos, a una sana y renovada desacralización en la que lo temporal y lo espiritual tienen su propia autonomía.

Esto implica algo que parece que a la Iglesia le hace mucho daño, como es la pérdida de su prestigio social y de su poder institucional. Los criterios morales que deben orientar la elaboración de las leyes civiles, no tienen por qué corresponderse obligatoriamente con la doctrina de una religión, y menos aún con la exclusiva del catolicismo. Precisamente, el pluralismo ético y cultural es el signo palpable de una sociedad libre y democrática.

Un Estado aconfesional como el nuestro es el que debe garantizar la libertad de conciencia y, sin identificarse con ninguna creencia en particular, poder preservar la libertad de creencia de todos los ciudadanos. En este sentido se comprende bien la separación entre lo privado y lo público.

Un Estado aconfesional implica que el poder no gobierna en función de una creencia en particular, sino que pretende ser lo más objetivo posible. El respeto a la libertad de conciencia tiene pues mucho que ver con la propia neutralidad del Estado con relación a las creencias de cada uno, y que debe intervenir cuando esta libertad se ve amenazada en el espacio público por cualquier comportamiento intolerante.

En un Estado aconfesional, cualquier institución pública configura un espacio neutro en el que no se manifiesta ninguna creencia religiosa en particular. Por eso, el espacio público es imparcial e independiente de cualquier religión. No existe ningún tipo de credo obligatorio, ya que el Estado es por esencia neutro. Por lo tanto, en este marco, las sensibilidades religiosas forman parte estrictamente de la libertad individual.