TENÍAMOS pendiente, desde la columna del pasado domingo, la aportación de una prueba que muestre sin lugar a dudas la voluntad deliberada de la Constitución española de 1978 de anular a la población, para que nunca pueda llegar a alcanzar ningún poder efectivo. Daremos dos.

El artículo 67.2 establece que “los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”. Un precepto aparentemente perdido, entre la hojarasca de vanas promesas al pueblo, sirve para dinamitar cualquier atisbo de democracia: los electores no podrán ordenar nada a sus representantes; luego serán éstos quienes manden, no los votantes, que han de depositar su papeleta a cambio de “promesas” legalmente vacías.

Piénsese el motivo de esta breve línea constitucional, que instaura de hecho y de derecho, como quien no quiere la cosa, la dictadura de los pocos: la oligarquía.

Anulado en política legislativa, el pueblo debe ser anulado también en política judicial. Para ello, no basta conque los jueces políticos y los fiscales políticos sean una casta no democrática, inelecta por el pueblo. Hay que cerrar la llave por completo.

Tal función cumple el artículo 53.2, el cual, aunque establece decorativamente para poder exhibirlo en el extranjero, que “cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de sus derechos fundamentales ante cualquier juzgado, por un procedimiento preferente y rápido”, en la realidad resulta inviable, porque... ¡aún no se ha promulgado la ley que regule en la práctica tal derecho, por lo que la Constitución no resulta aplicable!

Veintisiete años después de que la Constitución prometiera tan formidable derecho –éste sí lo sería: algo práctico–, ninguno de los Gobiernos sucesivos de los dos colores, ni tampoco ninguno de los grupos de la oposición, ha movido ficha para llenar de contenido la única oferta mínimamente democrática de la Constitución del 78.

Ahora se van a reformar... las cuestiones que carecen de interés para la democracia; pero seguirá sin legislarse lo único que habría de importar a quien quisiera que el pueblo no fuera sólo un mero pagador de impuestos, inerte y desactivado ante la oligocracia política. Engañado hasta el límite de las falsas promesas, de cuya vaciedad podría percatarse hasta un niño dotado medianamente.

El que quiera y pueda entender, que entienda.