Sólo desde una perspectiva de superioridad, de desprecio hacia la Justicia española y de afán de lucimiento ante el resto de la CE, se puede entender una forma tan absurda y quisquillosa de atender una orden de captura y entrega de una persona, reclamada por la Justicia de una democracia, como la española, presentada de acuerdo con el procedimiento presuntamente exento de complicaciones y basado en la confianza de todos los tribunales de Justicia de la UE en sus colegas; mediante la cual se intentaba prescindir de todo el complicado procedimiento habitual de la tramitación de extradiciones, por procedimientos normales entre distintas naciones, para implantar un procedimiento exprés que permitiría, con una simple comprobación de si existían similitudes entre las respectivas legislaciones nacionales, en cuanto a la naturaleza los delitos presuntamente imputados a la persona objeto de la orden, sin entrar en más consideraciones, condiciones, ni en el fondo del asunto y, mucho menos en defectos de forma en la redacción de la euro-orden, meros formalismos de los que pretendieron prescindir aquellos que pensaron en agilizar el procedimiento, de por si harto farragoso en los casos normales, para imprimirle la necesaria rapidez, de tal modo que, en un lapso relativamente corto, el reclamante pudiera tener a su disposición al presunto ( no olvidemos que no condenado) delincuente al que se le proporcionarán todas las garantías, tratándose de una democracia unánimemente reconocida en todo el mundo civilizado, donde la justicia le proporciona, a cualquier persona sometido a ella, el respecto por todos sus derechos civiles y procesales como ciudadano de la UE.

Lo que ha sucedido en los casos de los tribunales de Justicia alemanes y belgas debiera de ser estudiado por los organismos competentes de la UE, debido a las evidentes irregularidades cometidas por los tribunales de ambas naciones a la hora de pretender entrar a juzgar materias que no entraban en las competencias que las normas de cumplimiento de las euro-órdenes les atribuían, para resolver el procedimiento agilizado de extradición entre naciones del mismo rango que se reconocían mutuamente la capacidad de sus respectivas justicias para juzgar con la legitimidad y objetividad precisas a los ciudadanos que cometieran, presuntamente, un delito en el ámbito de sus fronteras. En caso contrario, resulta evidente que este procedimiento especial carece, en absoluto, de utilidad y las naciones europeas no tendrían por qué someterse a él, en ningún caso, por ser completamente ineficaz y carente de utilidad práctica.

Es evidente que, en este caso, ha existido una clara presión política, si es que no queremos pensar en posibles prevaricaciones, que han motivado que las viejas prevenciones y cautelas respecto a la democracia española, consecuencia de la época de la exclusión de España de todos los organismo internacionales y de los tiempos históricos en los que las tropas españolas, en los reinados de Carlos I y Felipe II, fueron las que dominaron todos estos países que siguen creyendo que, los hechos y pretendidos abusos de los tercios de Flandes, han tenido su continuidad en los procedimientos de la Justicia y los actuales gobernantes de la nación española. En caso contrario, resulta imposible entender que, tanto en el caso de Bélgica donde sus tribunales, seguramente influidos por su especial dicotomía entre dos etnias lingüísticas distintas, motivo de continuos enfrentamientos entre ambas ciudadanías, francófonos y flamencos que han dado lugar, a lo largo de su accidentada historia, a no pocos momentos de inestabilidad. Resulta sorprendente que una nación que mira con tanta escrupulosidad el conceder a un país como España la extradición de un prófugo que ha pretendido la escisión de España de una de sus autonomías, no haya sido capaz de detectar las evidentes mafias de terroristas que han estado maquinando atentados en su territorio ni tengan una policía, como la española, capacitada para poder luchar con éxito contra ellas, como ha quedado evidenciado en los repetidos atentados que ha tenido lugar en dicho país..

Resulta incomprensible que, en países tan celosos de su unidad como es el caso de Alemania, en la que los partidos separatistas, a diferencia de lo que sucede en España, están prohibidos y su TS, cuando un länder como el de Baviera le eleva una consulta sobre la posibilidad un referéndum relativo a su derecho a independizarse, contesta contundentemente, en sólo tres líneas de texto, que esta posibilidad no existe en la República Alemana, dando por zanjado el asunto sin que los bávaros se hayan rebelado contra dicha decisión, sino que la aceptaron y acataron. No sabemos si la legislación alemana, en el caso de que los dirigentes bávaros que hicieron la consulta se hubieran insubordinado contra el Estado federal, hubiesen amenazado con la desobediencia, hubieran dejado de acatar las leyes estatales y se hubieran sobrepasado en sus competencias como länders ( parecidas o menores que las que tienen nuestras autonomías) se hubiera comportando con tanta tolerancia, benignidad y blandura con los díscolos de Baviera, como parece que sus tribunales, al menos este de Schleswig-Holstein, en contra de la opinión de la propia fiscalía alemana, manifestada en las dos ocasiones que han presentado la petición de extradición ante dicho tribunal, lo han decidido en base a consideraciones sobre la capacidad de la justicia española, las presuntas dudas de la existencia de un delito parecido en Alemania cuando es evidente que existe y, por si fuera poco, ha pretendido justificar su decisión denegatoria en base a defectos de forma y por falta de aclaraciones que despejasen las “dudas” de los miembros del tribunal respecto a las informaciones remitidas por nuestro TS, que ha tenido la paciencia de Job y se ha sometido a la humillación de tener que ir enviando aclaraciones que, en ningún caso, ha servido para satisfacer las “exigencias” de estos recalcitrantes jueces, cuando el caso en cuestión no podía estar más claro: se trata de un sujeto que ha pretendido atentar contra la unidad de España y, con toda la cara del mundo, ante las mismas narices de las autoridades alemanas, sigue maquinando en contra de España desde la misma capital de la república alemana, Berlín. Resulta incomprensible que las autoridades alemanas, ya no hablamos de los tribunales, le sigan permitiendo que, desde el territorio alemán, un pretendido país amigo de España, que comparte con ella ser miembro de la UE y con la que, presuntamente, existen unas firmes y evidentes relaciones de amistad y colaboración y, no obstante, este individuo, desde territorio alemán se ha atrevido a constituir un gobierno en la sombra desde donde, con toda libertad de movimientos, dirige las operaciones de sus colaboradores en la Generalitat catalana y en el Parlament, aunque todavía sigan en mantillas, con el firme propósito de aprovecharse de la impunidad que le proporciona su refugio en Alemania, para seguir maquinando en contra de la unidad de la nación española.

Nos sobran los abrazos entre Rajoy y la señora Merkel, sus guiños de complicidad y las buenas relaciones que manifiestan compartir ambos estadistas si, cuando llega el momento de demostrar que en verdad existe una fuerte amistad y es correspondida, no parece que se demuestre tomando medidas efectivas para que, desde el territorio alemán, no se pueda hacer nada que pueda servir para perjudicar a la nación española. El gobierno alemán debiera impedir al señor Puigdemont ejercer, en territorio alemán, cualquier acción de tipo político mientras esté viviendo en suelo germano. Debieran tomar ejemplo de lo que sucede en Inglaterra con el señor Assagne, refugiado en la embajada de Uruguay, al que no se le permite salir de la embajada y, actualmente, incluso el embajador de la república americana ha decidido, para no enfadar al resto de países que se siente amenazados por tan repelente sujeto, privarle del uso del wifi y del teléfono, para impedirle que siga con sus ataques desde la embajada.

El señor Puigdemont parece que ha decidido fundar un nuevo partido, el “Movimiento 1 de Octubre”. No con el ánimo de agregar uno más a la ya larga lista de partidos existentes en Cataluña, sino con la intención de crear una federación de partidos y plataformas del independentismo catalán de cara al futuro. Una más de sus ideas perturbadoras, con el propósito evidente de garantizarse una continuidad en la cancha política, para el posible caso de que, su sucesor, el señor Quim Torra, si se decidiese actuar por su cuenta, prescindiendo del mecenazgo político que, desde Alemania, pretende seguir ejerciendo Puigdemont, se viera atrapado dentro de este supra-organismo independentista que ha ideado este Rasputín de la política catalana. No sabemos el éxito que alcanzará semejante propuesta, dada la postura de ERC a la que se pretende incluir dentro de la futura federación como lo hará con el PDEcat o JxCat. Como no quiere dejar nada sin prever, incluso ya tiene candidata para liderar este proyecto que no es más que su fiel servidora la señora Neus Munté, que parece estar dispuesta al “sacrificio” si con ello consigue apoyar el proyecto separatista que pretende seguir liderando el prófugo Puigdemont ahora que se siente seguro en Alemania y, si fuera necesario , desde la misma Bélgica, un país que ya se ha convertido en el refugium pecatorum de todos aquellos impresentables y delincuentes españoles que pretenden evitar ir a parar en nuestras confortables cárceles; un país que, con el acogimiento del rapero mallorquín, José Miguel Arenas Beltrán, alias Valtónyc, uno de estos típicos vividores que, cuando no consiguen triunfar por su arte lo pretenden hacer mostrándose unos descarados e impresentables parásitos de la sociedad, verdadera vergüenza para los oriundos de aquellas islas, como es el caso de un servidor, se permitió proferir insultos desde el escenario en el que actuaba, que afectaban a varias instituciones españolas; lo que fue causa de que fuese enjuiciado y condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel. Lo que resulta inverosímil es la falta de vigilancia sobre estos individuos que, al parecer, no tiene dificultad alguna en huir de España en cuanto les cae encima una condena que los llevaría directamente a la cárcel. No entendemos lo que sucede con la policía judicial que, como ya ha venido ocurriendo con demasiada frecuencia, no son capaces de prever que un sujeto que está siendo condenado tenga la tentación de evitar la condena trasladándose a un país que, como es el caso de Bélgica, garantiza que no va a ser extraditado.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la impresión de que, los países del norte de Europa tiene una tendencia a minusvalorar a los que podrían considerarse como periféricos, un hecho que nos inclina a rebelarnos en contra de semejante discriminación y pensamos que, aprovechando la idea de formar una federación que, con otros perversos fines ha ideado Puigdemont, no estaría de más que las naciones del sur de Europa, incluidas alguna otra como es el caso de Irlanda, se pusieran de acuerdo para presentar, a la vez, una plataforma desde la que hacer valer su importancia en la UE aunque, algunas otras naciones, se crean que son capaces de manejar a su antojo e incluso a discriminar a una nación que, como es el caso de España, no se queda atrás en cuanto a democracia y tampoco en lo referente a su potencia económica. Ya es hora de que nos valoremos en lo que realmente valemos y dejemos atrás este complejo que, en ocasiones, nos impulsa a sentirnos inferiores al resto de países a los cuales, como es el caso de Bélgica, superamos no sólo como economía sino también en todos los otros aspectos como es el cultural, artístico, literario, histórico, industrial y, por supuesto, por calidad democrática.