Una Constitución o Ley Fundamental de un país, desde las “Constitutio” de los emperadores romanos (leyes directas del César), de donde viene el término, hasta la vigente en España, pasando por las Leyes Fundamentales de Franco (incluida la “Ley ´Constitutiva´de las Cortes” franquistas) ha sido siempre esto que sigue, para que nadie se llame a engaño.

Formalmente: 1/. Un Preámbulo altisonante donde se citan bellos y altisonantes conceptos teóricos, como “Pueblo”, “Libertad”, “Justicia”, “Igualdad”, “Leyes”, “Derecho”, “Bien Común”, “Seguridad”, que van a ser desmentidos inmediatamente, en cuanto comiencen a leerse los artículos concretos y en donde se estructurará más bien sus opuestos. “Jerarquía”, “Imposiciones”, “Arbitrio de los superiores”, “Profundas Desigualdades incluso ante la ley y más aún hacia, sobre y para dictaminar la ley”, “Capricho”, “Provecho de los dirigentes”, “Sometimiento al abuso”.

2/. Un Título Preliminar (que es el único que se publicita ante el pueblo, a modo de espejismo) donde se mencionan algunos bonitos derechos pasivos y teóricos. Pasivos, porque serán administrados activamente por los superiores. Teóricos, porque no serán obrantes, sino que el poder los concederá o no en el grado que quiera: algunos serán puro papel mojado; otros podrán ser suplicados a la Administración, que los permitirá graciablemente, por mera dignación de los poderosos, vaciándolos de contenido cuando o ante quien le convenga... Así han actuado y actúan todos los regímenes políticos; siempre.

3/. Todo el restante Magno Texto, donde se erige una formidable arquitectura de poderes verticalistas (a ninguno de los cuales puede acceder el pueblo, realmente), que ya apenas se “divulga” y que, por supuesto, nunca se presenta como lo que es: el blindaje para la minoría de todos los poderes –éstos sí: obrantes y efectivos– sobre la mayoría desactivada e inerte... Es decir, será la minoría quien dicte las leyes, quien establezca los “impuestos”, quien asigne los gastos y fije incluso sus propios sueldos y dietas, quien dicte las sentencias de “Justicia”, quien controle el Tribunal de Cuentas, quien determine la política en todos los ámbitos: vivienda, cultura, finanzas, economía, planeamiento, etc., quien declare la paz y la guerra...

Realmente, por tanto: todo aquel que acepte el viejo mundo mental que representan las vetustas por antediluvianas Constituciones Romanas habrá caído –aunque no lo perciba porque no se promocionan así y se han decorado mucho externamente las ficciones del Preámbulo–, en el mundo ideológico antiguo, en el Viejo Régimen: en el Régimen en el cual lo dirigen todo una minoría de dirigentes autosuficientes sobre la pasividad orlada con derechos teóricos de la gente.

Y tales pequeños “permisos menores y pasivos” que son los derechos (sin poder real) ni siquiera pretenden cumplirlos los diseñadores de las Constituciones. En el próximo comentario de “Siglo XXI” (jueves, día 8 de diciembre), citaré qué artículo de la Constitución Española de 1978 prueba que la voluntad de conceder algo efectivo al pueblo ha sido nula por parte de los sucesivos Gobiernos, deliberadamente.

Muchos de esos artículos podrían acercarnos a dicha idea. Pero sólo uno lo prueba, indubitablemente. Vayan pensando cuál podría ser ese artículo constitucional delator de las verdaderas intenciones de nuestros gobernantes.