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Una perrera mallorquina impide que animales con enfermedades o malformaciones sean adoptados

Redacción
jueves, 1 de diciembre de 2005, 01:28 h (CET)
En aplicación de una ordenanza municipal, la perrera del pueblo mallorquín de Son Reus prohibe la adopción de los animales con discapacidad o enfermedades tratables.

Ana Sancho
El tenor genérico de la norma y, sobre todo, una estrecha aplicación por parte del personal de las instalaciones, impide poder salvar la vida de animales con malformaciones o enfermedades crónicas sin riesgo de contagio para los adoptantes, como ocurre con el caso de la leishmaniosis.

La ordenanza para la inserción de los animales de compañía en la sociedad urbana entró en vigor desde el mes de mayo del pasado año e impide, en su artículo 86, ofrecer en adopción animales en los supuestos de que exista “evidencia clínica de padecer hidrofobia, enfermedad infecto- contagiosa o parasitaria, malformaciones, congénitas o no, peligrosidad manifiesta o cualquier otra circunstancia análoga, a juicio de la dirección facultativa del Centro Sanitario Municipal"

La perrita de la jaula 12: sentenciada a morir
Si un milagro no lo remedia, la perrita de la jaula número 12 morirá ejecutada el 1 de diciembre o en cualquier momento a partir de esa fecha. El delito que se le imputa al inocente can es padecer leishmaniosis, una enfermedad parasitaria susceptible de tratamiento sanitario y de nulo riesgo para sus congéneres o para el ser humano.

El paternalismo en la aplicación de esta disposición municipal no permite que un adoptante decida, en base a su libertad personal, llevarse a casa la perrita de la jaula 12, una bonita y simpática chiuaua y exonerarla del fatídico sino que se cierne sobre ella.

Movimientos de amantes de los animales, animalistas célebres y personas particulares sensibilizadas con este caso han manifestado por distintos medios la repulsa que les provoca la normativa municipal que imposibilita la adopción de la perrita y han puesto el grito en el cielo ante la inminente ejecución de la misma.

Las protestas han llegado al despacho de la alcaldesa de Son Reus, a través de un envío masivo de e-mails en solicitud del indulto para la perrita de la jaula número 12. El texto remitido en los correos reclama una oportunidad para la perrita, “pequeña, asustada y enferma, condenada a muerte por la burocracia de una Perrera”.

La misiva hace referencia al “caos burocrático con el que los responsables de la Perrera pretenden escurrir el bulto”. Y finaliza con la denuncia ante tales actos de “verdadera crueldad (…) que no están permitidos ni tan siquiera a una Perrera”.

A raiz de este caso, la Fundación Altarriba estudia interponer una denuncia contra la perrera o el consistorio mallorquín.

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