Políticos, sindicalistas y separatistas, en un ejercicio de obcecación y estupidez colectiva, parecen dispuestos a echar por la borda todo el trabajo de generaciones de españoles para construir una España capaz de competir en igualdad de posibilidades con el resto de naciones europeas.

Lo cierto es que hemos entrado en una etapa en la que cualquier síntoma de sensatez, atisbo de razón o asomo de cordura, parecen haber quedado apartados de la mente de quienes parece que, haciendo un mal uso de la representación que les otorgaron los ciudadanos españoles al elegirlos en las urnas, parecen confabulados para dar al traste con todo el bienestar que, a fuerza de años de trabajo, de esfuerzos personales, de sacrificios y privaciones, varias generaciones de españoles de la posguerra civil, lograron para la nación española, después del gran Armagedón de muerte y destrucción consecuente a tres años de enfrentamientos fratricidas entre españoles de distintas facciones e ideas políticas.

Parece que no nos damos cuenta de que, de nuevo, estamos dinamitando puentes de amistad, entendimiento, concordia, confraternización, tolerancia y respeto mutuo para caer, después de ochenta años de paz, en los mismos vicios, errores, enfrentamientos, discrepancias y odios que fueron los que llevaron a nuestros antecesores a olvidar la sensatez y la capacidad para negociar que, en definitiva, los condujo a un callejón sin salida que culminó en el alzamiento nacional del 18 de julio de 1936. Era algo que se venía cantando, pero los políticos no supieron valorar el peligro de encajonarse en sus féretros de egoísmo y fanatismo que, finalmente, los llevaron a dirimir sus diferencias por medio de cañones, bayonetas y cientos de miles de muertos.

Una parte de España, mal conducida por una serie de traidores a la patria y ciudadanos adoctrinados en contra del respeto a las leyes, de la cohesión de todos los españoles en pro de un objetivo común capaz de situarnos en uno de los primeros puestos de la Europa comunitaria y de la necesaria buena convivencia entre todos los que integramos este espacio de maravillosa naturaleza en la que vivimos los privilegiados que hemos nacido entre los pirineos y el estrecho de Gibraltar, sin olvidarnos de nuestras franquicias insulares de Baleares y Canarias y nuestras avanzadillas africanas de Ceuta y Melilla; pretende que, el Estado español, todo ello en virtud de no se sabe que obtusas y disparatadas ideas sobre el concepto de democracia, ceda por las buenas una parte de nuestro suelo patrio en el Este de la península Ibérica, para que en él se constituya el germen de la división del país, que comenzaría por la segregación de Cataluña y, a partir de este primer hito, seguramente proseguiría por los vascos, los valencianos, los baleáricos, los gallegos y así siguiendo, hasta que nuestra nación quedara irreconocible, dividida en pequeños estados, sin que ninguno de ellos tuviera ninguna posibilidad de mantenerse por sus propios medios y fácilmente colonizables por quienes se aprovecharían de su debilidad, para imponerles sus leyes draconianas.

Otros, entre ellos unos sindicatos que se han olvidado de cuáles son sus verdaderas funciones como representantes de la clase trabajadora, para meterse en camisas de once varas y, haciendo dejación de su calidad de españoles y representantes de todos los trabajadores y no solamente de los de una comunidad determinada de la nación española que, por añadidura, parece que, al menos una parte de ellos, pretende conseguir, saltándose los preceptos constitucionales, por los medios que fueren, la independencia de España. ¿Son estos los mismos sindicatos que vienen recibiendo subvenciones a través de los PGE? Si es así, ya sería el momento de empezar a pensar si se les debería privar de ellas ya que, al parecer, ellos parecen dispuestos a renunciar a la nacionalidad española y, en consecuencia, a los beneficios de ser ciudadanos de España.

Pero, dónde verdaderamente están sonando, con insistencia e impertinencia las sirenas de alarma, es en lo que se entiende como clase política, es decir todos aquellos ciudadanos que, de una forma u otra, están relacionados con la Administración pública y que tienen la función y el deber de atender, cuidar, ayudar, legislar, prestar servicios comunes, garantizar el orden, la defensa interna y externa del país y cuidar de la sanidad pública, como servidores públicos o funcionarios adscritos, todos ellos, al servicio de la patria. Es obvio que, en el panorama de partidos políticos que actualmente forman parte de nuestras dos cámaras representativas, el Congreso y el Senado, existe una verdadera y preocupante carencia de personas capacitadas, razonables, sensatas, dotadas de facultades para promulgar leyes y para decidir lo más conveniente para los españoles; de modo que se producen situaciones, como las que nos ocupan estos días, en las que vemos como dos partidos condenados a entenderse, como son el PP y Ciudadanos, para evitar que España, en un futuro inmediato, pudiera caer en manos de una izquierda comunistoide, integrada por extremistas incapaces de gobernar con sensatez y dependientes de los nuevos rebrotes del comunismo internacional, representado en este caso por los comunistas bolivarianos capitaneados por Maduro, el sátrapa dictador que está convirtiendo su país en un cementerio de muertos vivientes abocados al hambre, la carencia de medicinas, la inanidad y la opresión intolerable de un régimen totalitario en el que, la alusión a la democracia constituye un delito de lesa humanidad; capaz de dar al traste con todo lo conseguido hasta este momento.

En efecto, cuesta entender que dos partidos constitucionalistas, dos formaciones en las que apenas existen diferencias fundamentales en sus respectivas ideologías, los únicos que, hoy en día, pueden hacer frente a este frente de partidos de carácter antisistema, populistas, ácratas y de extrema izquierda, que pugnan por acabar con nuestra democracia para llevar a España fuera de Europa, sin importarles lo que ello pudiera suponer para el pueblo español y para nuestra supervivencia como nación europea. Algo inconcebible si se tiene en cuenta que, como le sucedió a Grecia, todo aquel que no se ajuste a las reglas impuestas por el Parlamento de Bruselas, está irremisiblemente condenado a ser expulsado de la comunidad, con todo lo que ello supone en cuanto a la falta de subvenciones, créditos de los bancos europeos, ayudas y préstamos para obras sociales y para fomento de diversas actividades que, al quedar fuera del ámbito europeo, se perderían por completo; lo mismo que la libertad de tránsito y los beneficios relativos a la libertad de comercio y supresión de aranceles en lo que respeta a todas las naciones integrantes de la UE; sean incapaces de entenderse y, aún más, de mantener una relación mínima de cortesía entre ellos.

Así es y, por mucho que nos cueste asimilar que se produzca este enfrentamiento, a cara de perro, entre el PP y Ciudadanos, no nos queda otro remedio que admitir que, según se desprende de los últimos rifirrafes producidos entre ambos partidos en el Parlamento de la nación, cada día que pasa, y a apenas dos años de la legislativas si no es que, a causa de la minoría con la que gobierna el PP, en el interregno no se produzca alguna circunstancia que le obligue a don Mariano Rajoy a tirar la toalla y adelantar los comicios lo que, al menos desde nuestro modesto punto de vista, podría llegar a crear una situación extremadamente peligrosa, dadas las perspectivas electorales que, en estos momentos, se les atribuyen al partido de derechas, seguramente los resultados, si bien claramente favorables a Ciudadanos, es muy posible que en lo que respeta a los populares, no fueran tan satisfactorios como sería deseable, al menos por lo que respeta a los intereses de España como miembro de la Comunidad Europea.

Es evidente que, sin un acuerdo posterior a las próximas elecciones (nos podemos despedir por el momento de mayorías absolutas), va a ser preciso que, lo que quede el PP y el partido de Ciudadanos, lleguen a entenderse y pacten un acuerdo de gobernabilidad si no se quiere que, la coalición del PSOE con cualquier otro partido de las izquierdas o los propios separatistas catalanes y vascos, pudieran hacerse con el gobierno de la nación, una posibilidad que, al menos para los ciudadanos de centro y centro derecha sería verdaderamente funesta para lo que se entienda como futuro de la nación española y de sus habitantes. El dar la imagen, a sus propios votantes, de que no existen los lazos adecuados para que, en un futuro, se pudiera esperar un entendimiento entre los dos partidos sólo hace que el personal se desmoralice, se despreocupe de la política y acepte, estoicamente, lo que se le venga encima sin oponer la resistencia debida.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos parece que, tanto Ciudadanos como el PP y sus respectivos dirigentes, deberían tener en cuenta que, aunque es evidente que muchos de estos enfrentamientos dialécticos en el Parlamento sólo tiene efectos de cara a la galería, corren el peligro que, para muchos de los ciudadanos españoles que, en su día, van a tener que pensar a quién se le otorga el voto o, y ahí esta el peligro de la desmoralización, si se decide no acudir a votar pensando que, suceda lo que suceda, los defensores del orden y de las libertades tienen todas las de perder ante un frente comunista-separatista que se pudiera hacer con el poder en España. Esperemos que exista la suficiente sensatez, entre los partidos defensores de la Constitución, como para impedir que meras disputas personales o ambiciones de tipo electoral puedan acabar por romper una alianza en la que, la mayoría de españoles defensores de la democracia, el orden y la seguridad jurídica, tengamos la seguridad de que tanto la propiedad privada, como las libertades individuales y las prestaciones sociales queden garantizadas por nuestra Constitución y a salvo de la gran amenaza comunista.