Hace tiempo que las comunidades autónomas se han convertido en un problema más que en una solución. La descentralización de competencias ha llevado a serias desigualdades en ámbitos básicos y estratégicos como la educación y la sanidad, sobre todo. Y si hablamos de infraestructuras, esa desigualdad aumenta. Hoy ya nadie tiene dudas respecto a que las comunidades autónomas son parte del problema nacional, pero no lo son de la solución: se mire por donde se mire.

Tan solo he escuchado a un presidente autonómico decir que son parte de la solución pero, claro, es parte interesada, tanto en poder como en sueldo. Y ese presidente es el de mi comunidad: Castilla y León; una comunidad en horas bajas, paralizada de cara al progreso, con una despoblación dislocada, unas fuerzas políticas desnortadas y un sindicalismo ciego. En una palabra: una comunidad coja e inmersa en una "batalla" de egos y liderazgo. Eso sí, lo bueno es que la corrupción no ha llegado hasta Castilla y León; al menos no en la medida que lo ha hecho en otras como Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia,

De vez en cuando uno se lleva gratas sorpresas, cuando escucha que algún sindicato profesional se preocupa por los problemas del profesorado (hay que decir, en honor a la verdad, que los sindicatos de clase dan miedo, incluso cuando apoyan al independentismo en Tabarnia y Tractoria). Y aunque no pensaba dar el nombre, creo que tampoco es “pecado” citar a ANPE. Esta antigua (y con solera) Asociación Nacional del Profesorado Estatal ha trasladado al máximo responsable en temas educativos de Castilla y de León su “disconformidad con la minúscula subida salarial que se propone, de poco más del 6% en tres años, frente al 20% de pérdida de poder adquisitivo acumulada por los docentes desde 2010”.

La crisis trajo grandes recortes en el ámbito del profesorado y en otros ámbitos. Si bien el peso de esa crisis la sufrieron los trabajadores autónomos, también los empleados por cuenta ajena sufrieron lo suyo. Incluso, con los empleados públicos se cebaron los recortes, las congelaciones y se vinieron abajo muchos derechos adquiridos. Hasta llegó el Gobierno a anular la paga extraordinaria que, pasados muchos meses, devolvió con cuentagotas y a regañadientes. Ya nadie se acuerda de que el sector docente llegó a sufrir un 7% de rebaja de sueldo. ¿Acaso algún otro colectivo llegó a sufrir eso? Pues no. Doy fe de que no lo sufrió.

También me ha satisfecho comprobar cómo la citada organización sindical ha planteado al consejero de educación la cuestión de la equiparación salarial del profesorado de Castilla y de León con el resto de comunidades autónomas. No debería ser necesario recordar a nuestros dirigentes políticos que los cuerpos docentes son cuerpos funcionariales de carácter estatal. El acceso, ingreso, movilidad y otros derechos están regulados normativamente por el Estado y debería ser igual en todas las comunidades autónomas.

Con el tiempo se han ido generando diferencias, tanto en derechos como en retribuciones. Incluso desde la Alta Inspección se han generado desidias y estancamientos. Se ha permitido el vulgar y ridículo adoctrinamiento, barbaridades en tutorías, juramentos de banderas en el patio (como con el trapo estrellado). En el próximo artículo hablaremos de la chapuza que representa la Alta Inspección en las comunidades, casi tanta chapuza como el 155 en Cataluña. También puedo dar fe de ello.

Dice ANPE, y así se lo ha expuesto al consejero de educación, que ha crecido considerablemente la brecha salarial entre el profesorado de las diferentes comunidades. Y voy más allá: incluso en las jubilaciones cobra bastante más un profesor o profesora del País Vasco y de Cataluña que uno de Castilla y de León. Pero llevamos así dos decenas de años. ¿Entienden por qué dije antes, respecto a la normativa, eso de “debería ser igual”, en vez de “es igual”?

Para finalizar, mi felicitación por la loable intencionalidad y el buen hacer de ANPE-Castilla y León, pero no creo en las negociaciones entre sindicatos y políticos. Muchas veces negocian lo que el funcionariado considera que no es prioritario y, al final, sale adelante lo que estima preciso la administración; sea la educativa o la de otro sector.