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El peligroso juego de ignorar la división de poderes de Montesquieu

Incongruencias en el PP. Feministas contra la Administración de Justicia

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Si alguien hubiese elegido con cuidado y esmero el mejor momento para hacerles el juego a los comunistas de Podemos, desviando la atención del problema más grave que está afectando, en estas circunstancias políticas, a la nación española, como es el de la pretensión independentista catalana o los de las acciones de todos aquellos cuya profesión se centra en sacar el mayor fruto posible de las discordias internas de un país con problemas, para pescar en aguas revueltas, representados especialmente por este grupo de advenedizos que nos envió el señor Maduro para que intentaran alterar la paz y el orden del que veníamos gozando desde mucho antes de que empezara este extraño sarampión, que ha afectado a una parte del pueblo español precisamente cuando la crisis empezó a ceder, el miedo a perder el empleo se fue diluyendo y aquellos activistas que han estado esperando, agazapados detrás del muro de silencio y la paciencia, que estaban aguardando sin levantar la liebre, mientras sabían que su intervención no sería bien recibida entre la ciudadanía, los comunistas bolivarianos de Pablo Iglesias y todos sus cómplices; en un intento malévolo de soliviantar a las turbas de los grupos de antisistema, desocupados, delincuentes, descarriados y resentidos, siempre dispuestos a llevar a las calles cualquier problema que contribuya a que el orden, la seguridad, la paz y la buena convivencias, pudieran ser perturbados por sus manejos manipuladores, para transformarlos en protesta, enfrentamiento, destrucción y odio, de tal modo que la estabilidad del país quede amenazada, tanto en cuanto a la armonía entre los españoles, equilibrio y buen funcionamiento de nuestras instituciones, mantenimiento del orden y subsistencia y respeto de nuestra, relativamente nueva, democracia, como a la imagen de nuestro país en el exterior, últimamente puesta en cuestión por la propaganda de los soberanistas catalanes, que ya han conseguido que algunos sectores de la sociedad europea, y los partidos políticos más extremistas, vayan apostando por una solución negociada entre el Estado español y los representantes del nacionalismo catalán. Y, todo ello, en un momento de suma debilidad del gobierno del PP, que sigue gobernando en minoría, desgastado por la grave crisis de la que se ha salido recientemente y de la que todavía estamos intentando recuperarnos; mientras la perspectiva de que, el partido más representativo, hasta ahora, de la oposición, el PSOE del señor Sánchez, se haya acercado a las izquierdas en busca de recobrar a los votantes que dejaron de votarle en las últimas consultas nacionales y comunitarias.


La puesta en cuestión de una sentencia que afectaba a unos jóvenes acusados de haber asaltado a una joven de 18 años a la que, presuntamente, acorralaron y abusaron sexualmente de ella, al contrario de lo sucedido con los múltiples casos de violación y abusos sexuales que se han cometido, en ocasiones anteriores, en España; en esta ocasión ha provocado una reacción ciudadana imprevisible si no es que existiera el antecedente de la gran operación del feminismo internacional, aprovechando el pasado Día de la Mujer. En esta ocasión, una fiesta que no debía de haber pasado de continuar reivindicando la igualdad entre hombres y mujeres ( algo que ya está conseguido o en muy avanzado estado de consecución), las feministas han cargado las tintas en avanzar aún más porque, al parecer, ya no les basta todo lo conseguido y lo que continúan logrando, con el objetivo evidente de que no va a haber tregua hasta que, las mujeres en guerra contra el sexo contrario, no hayan conseguido su propósito de humillar a los hombres; algo que dudan que vaya a llegar hasta que, esta parte débil que continúan teniendo muchas mujeres, que son sus relaciones sentimentales con los hombre, en las que siempre ha existido una cierta dependencia de la hembra respecto al macho, haya dejado de existir.


Y ahí es donde surge la explicación de que, en esta ocasión propicia, hayan cargado las tintas buscando que, la actitud de preponderancia o superioridad de los abusadores respecto a la víctima, sea sancionada como agresión brutal y sometimiento de la joven, un delito que para ellas debiera ser sancionado como si fuera cadena perpetua sin que, una pena de 9 años de prisión, la consideren suficiente aunque, en muchos casos de violación( Artº 179 CP) se hayan aplicado, con general aceptación, penas que pueden ir desde 6 a 12 años y, en las del 181 del CP, Abusos sexuales, van de los 4 a los 10 años en su grado máximo. Es evidente que la pena impuesta por la Audiencia de Navarra entra perfectamente entre las que se podrían haber impuesto aunque se hubiera aplicado a los imputados la pena de delito de violación. Entonces, no se trata aquí de que las penas que se les han impuesto a los condenados sean necesariamente inferiores a las que se les hubieran podido aplicar, aún en el caso de que se les hubiera condenado por violación.


Aquí el gran alboroto que se ha armado, especialmente por parte de las mujeres, la gran propaganda desplegada, la perfecta sincronización de manifestaciones en toda España y la multitud de mujeres, evidentemente muy superior a la de hombres, que acudieron a las distintas protestas celebradas, da a entender que siguiendo la línea del Día de la Mujer, se pretende mantener vivo el espíritu reivindicativo de las mujeres que ahora parece que se centra en alcanzar en mayor número los altos puestos de responsabilidad, tanto en la esfera privada como en la pública. Resulta irónico que esto ocurra cuando es evidente que, cada día que pasa, son más las mujeres que ostentan puestos de dirección tanto en la política como en las actividades privadas; dándose el caso relevante de que, en la judicatura, parece que las nuevas generaciones de jueces y fiscales están formadas, mayoritariamente, por mujeres.


Si queremos atenernos a la oportunidad y a las formas excesivamente radicales con las que algunas mujeres, profesionales del derecho, de la prensa y TV, se han pronunciado tajantemente, diríamos que con excesiva pasión y poco sentido común, contra el magistrado que emitió un voto particular discrepando de los dos restantes, quejándose de que la extensión del voto particular fuera superior a la de la sentencia, como si ello significara un delito y no un trabajo minucioso para justificar la falta de pruebas, al menos las suficientes, para negar la presunción de inocencia y la acusación de violencia o intimidación; algo que puede considerarse una equivocación o un error de apreciación, pero nunca calificarlos de un delito o un intento de crear problemas; hasta el punto de justificar que se pida la inhabilitación del magistrado que lo emitió. Algunos hemos llegado a pensar que, esta actitud de feminismo extremo, no ha hecho más que poner en evidencia la incapacidad de muchas mujeres de aceptar sentencias que no les favorecen anteponiendo sus sentimientos feministas por encima del respeto debido a las sentencias de los tribunales.

Por otra parte, todavía no hay nada decidido al respecto ya que caben todavía dos recursos, uno ante la propia Audiencia y otro ante el TS. En cualquiera de los casos, esta primera sentencia puede quedar anulada, modificada o incluso pedir que se inicie un nuevo juicio. Pero también puede suceder, dada la complejidad que entraña distinguir entre los dos delitos que se discuten, que sea aceptada la sentencia de los magistrados de la Audiencia o, incluso, cabría que se tuvieran en cuenta (algo más difícil) las argumentaciones del magistrado que ha emitido su voto particular y se exonerada a los condenados de la pena o se acordara rebajarla.


Mención aparte merece el lamentable comportamiento del ministro de Justicia, señor Catalá, que en la tertulia de la COPE, se ha expresado claramente en contra del magistrado que emitió su voto particular, utilizando unos argumentos que no ha sido capaz de demostrar, dando a entender que el magistrado que emitió dicho voto, en disconformidad con los otros de los dos magistrados, no merecía continuar en su puesto, dando a entender que el Consejo del Poder Judicial debiera de actuar contra él y privarle de continuar ejerciendo de juez. Si el señor Montoro metió la pata hasta el corvejón cuando desautorizó al TS respecto a la veracidad de los informes de la Policía y la Guardia Civil, que ponían en cuestión el destino dado a las financiaciones y los préstamos a Cataluña recibidos del Estado, algo que ha pretendido demostrar documentalmente pero, evidentemente, sin que se sepa si los documentos aportados desde los organismo catalanes fiscalizados fueron en realidad verdaderos o meros instrumentos creados ad hoc para justificar unas inversiones y aplicaciones que, posiblemente ( los gastos que se pagaron por la organización del referendo del 1 de octubre, no fueron menores y se pagaron con dineros procedentes del facilitado por las instituciones catalanas que, evidentemente lo recibieron del Estado español.) fueron aplicadas a otros gastos no justificables; en el caso del señor Catalá su imprudencia y su parcialidad no se explican más que en la desesperada búsqueda de recobrar, fuere como fuese, a los millones de desertores que han abandonado el partido, intentando congraciarse con ellos.


Sin duda, como antes hemos mencionado, nos encontramos en unos momentos de completa confusión y de falta de una política común como la que el señor Valls, el ex primer ministro francés, parecía querer implantar si se proponía como aspirante a la alcaldía de Barcelona: una política consistente en una entente de todos los partidos con representación en la ciudad condal, que no pertenecientes al frente independentista ni fueran comunistas. Una propuesta muy razonable pero, para quienes conocen las relaciones que en la actualidad existen entre ellos, resulta ser una simple utopía sin posibilidad alguna de llevarse a término.


O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, mucho nos tememos que, así como tenemos organizado el Parlamento del país; vistas las malas relaciones existentes entre todos los partidos que forman parte del marco político de esta nación y la evidente descomposición que va experimentando el partido más votado de la nación, que parece empeñado en hacerse el Harakiri, al continuar manteniendo al señor Rajoy, evidentemente en uno de sus peores momentos de su paso por la Moncloa, empeñado en intentar salvar los restos de un partido que, él mismo, salvando sus éxitos económicos, se ha encargado en destruir con la elección de un ejecutivo evidentemente incapaz de cumplir con los objetivos y valores de siempre del PP y que, con su inactividad, su parsimonia, su tolerancia con los revoltosos catalanes y su empeño en no cambiar a los miembros de su gobierno, es evidente que está dirigiendo al PP hacia una de los más sonados fracasos electorales, de toda su historia. Es una pena, pero nos tememos que ya no hay tiempo para la enmienda.

Incongruencias en el PP. Feministas contra la Administración de Justicia

El peligroso juego de ignorar la división de poderes de Montesquieu
Miguel Massanet
martes, 1 de mayo de 2018, 11:16 h (CET)

Si alguien hubiese elegido con cuidado y esmero el mejor momento para hacerles el juego a los comunistas de Podemos, desviando la atención del problema más grave que está afectando, en estas circunstancias políticas, a la nación española, como es el de la pretensión independentista catalana o los de las acciones de todos aquellos cuya profesión se centra en sacar el mayor fruto posible de las discordias internas de un país con problemas, para pescar en aguas revueltas, representados especialmente por este grupo de advenedizos que nos envió el señor Maduro para que intentaran alterar la paz y el orden del que veníamos gozando desde mucho antes de que empezara este extraño sarampión, que ha afectado a una parte del pueblo español precisamente cuando la crisis empezó a ceder, el miedo a perder el empleo se fue diluyendo y aquellos activistas que han estado esperando, agazapados detrás del muro de silencio y la paciencia, que estaban aguardando sin levantar la liebre, mientras sabían que su intervención no sería bien recibida entre la ciudadanía, los comunistas bolivarianos de Pablo Iglesias y todos sus cómplices; en un intento malévolo de soliviantar a las turbas de los grupos de antisistema, desocupados, delincuentes, descarriados y resentidos, siempre dispuestos a llevar a las calles cualquier problema que contribuya a que el orden, la seguridad, la paz y la buena convivencias, pudieran ser perturbados por sus manejos manipuladores, para transformarlos en protesta, enfrentamiento, destrucción y odio, de tal modo que la estabilidad del país quede amenazada, tanto en cuanto a la armonía entre los españoles, equilibrio y buen funcionamiento de nuestras instituciones, mantenimiento del orden y subsistencia y respeto de nuestra, relativamente nueva, democracia, como a la imagen de nuestro país en el exterior, últimamente puesta en cuestión por la propaganda de los soberanistas catalanes, que ya han conseguido que algunos sectores de la sociedad europea, y los partidos políticos más extremistas, vayan apostando por una solución negociada entre el Estado español y los representantes del nacionalismo catalán. Y, todo ello, en un momento de suma debilidad del gobierno del PP, que sigue gobernando en minoría, desgastado por la grave crisis de la que se ha salido recientemente y de la que todavía estamos intentando recuperarnos; mientras la perspectiva de que, el partido más representativo, hasta ahora, de la oposición, el PSOE del señor Sánchez, se haya acercado a las izquierdas en busca de recobrar a los votantes que dejaron de votarle en las últimas consultas nacionales y comunitarias.


La puesta en cuestión de una sentencia que afectaba a unos jóvenes acusados de haber asaltado a una joven de 18 años a la que, presuntamente, acorralaron y abusaron sexualmente de ella, al contrario de lo sucedido con los múltiples casos de violación y abusos sexuales que se han cometido, en ocasiones anteriores, en España; en esta ocasión ha provocado una reacción ciudadana imprevisible si no es que existiera el antecedente de la gran operación del feminismo internacional, aprovechando el pasado Día de la Mujer. En esta ocasión, una fiesta que no debía de haber pasado de continuar reivindicando la igualdad entre hombres y mujeres ( algo que ya está conseguido o en muy avanzado estado de consecución), las feministas han cargado las tintas en avanzar aún más porque, al parecer, ya no les basta todo lo conseguido y lo que continúan logrando, con el objetivo evidente de que no va a haber tregua hasta que, las mujeres en guerra contra el sexo contrario, no hayan conseguido su propósito de humillar a los hombres; algo que dudan que vaya a llegar hasta que, esta parte débil que continúan teniendo muchas mujeres, que son sus relaciones sentimentales con los hombre, en las que siempre ha existido una cierta dependencia de la hembra respecto al macho, haya dejado de existir.


Y ahí es donde surge la explicación de que, en esta ocasión propicia, hayan cargado las tintas buscando que, la actitud de preponderancia o superioridad de los abusadores respecto a la víctima, sea sancionada como agresión brutal y sometimiento de la joven, un delito que para ellas debiera ser sancionado como si fuera cadena perpetua sin que, una pena de 9 años de prisión, la consideren suficiente aunque, en muchos casos de violación( Artº 179 CP) se hayan aplicado, con general aceptación, penas que pueden ir desde 6 a 12 años y, en las del 181 del CP, Abusos sexuales, van de los 4 a los 10 años en su grado máximo. Es evidente que la pena impuesta por la Audiencia de Navarra entra perfectamente entre las que se podrían haber impuesto aunque se hubiera aplicado a los imputados la pena de delito de violación. Entonces, no se trata aquí de que las penas que se les han impuesto a los condenados sean necesariamente inferiores a las que se les hubieran podido aplicar, aún en el caso de que se les hubiera condenado por violación.


Aquí el gran alboroto que se ha armado, especialmente por parte de las mujeres, la gran propaganda desplegada, la perfecta sincronización de manifestaciones en toda España y la multitud de mujeres, evidentemente muy superior a la de hombres, que acudieron a las distintas protestas celebradas, da a entender que siguiendo la línea del Día de la Mujer, se pretende mantener vivo el espíritu reivindicativo de las mujeres que ahora parece que se centra en alcanzar en mayor número los altos puestos de responsabilidad, tanto en la esfera privada como en la pública. Resulta irónico que esto ocurra cuando es evidente que, cada día que pasa, son más las mujeres que ostentan puestos de dirección tanto en la política como en las actividades privadas; dándose el caso relevante de que, en la judicatura, parece que las nuevas generaciones de jueces y fiscales están formadas, mayoritariamente, por mujeres.


Si queremos atenernos a la oportunidad y a las formas excesivamente radicales con las que algunas mujeres, profesionales del derecho, de la prensa y TV, se han pronunciado tajantemente, diríamos que con excesiva pasión y poco sentido común, contra el magistrado que emitió un voto particular discrepando de los dos restantes, quejándose de que la extensión del voto particular fuera superior a la de la sentencia, como si ello significara un delito y no un trabajo minucioso para justificar la falta de pruebas, al menos las suficientes, para negar la presunción de inocencia y la acusación de violencia o intimidación; algo que puede considerarse una equivocación o un error de apreciación, pero nunca calificarlos de un delito o un intento de crear problemas; hasta el punto de justificar que se pida la inhabilitación del magistrado que lo emitió. Algunos hemos llegado a pensar que, esta actitud de feminismo extremo, no ha hecho más que poner en evidencia la incapacidad de muchas mujeres de aceptar sentencias que no les favorecen anteponiendo sus sentimientos feministas por encima del respeto debido a las sentencias de los tribunales.

Por otra parte, todavía no hay nada decidido al respecto ya que caben todavía dos recursos, uno ante la propia Audiencia y otro ante el TS. En cualquiera de los casos, esta primera sentencia puede quedar anulada, modificada o incluso pedir que se inicie un nuevo juicio. Pero también puede suceder, dada la complejidad que entraña distinguir entre los dos delitos que se discuten, que sea aceptada la sentencia de los magistrados de la Audiencia o, incluso, cabría que se tuvieran en cuenta (algo más difícil) las argumentaciones del magistrado que ha emitido su voto particular y se exonerada a los condenados de la pena o se acordara rebajarla.


Mención aparte merece el lamentable comportamiento del ministro de Justicia, señor Catalá, que en la tertulia de la COPE, se ha expresado claramente en contra del magistrado que emitió su voto particular, utilizando unos argumentos que no ha sido capaz de demostrar, dando a entender que el magistrado que emitió dicho voto, en disconformidad con los otros de los dos magistrados, no merecía continuar en su puesto, dando a entender que el Consejo del Poder Judicial debiera de actuar contra él y privarle de continuar ejerciendo de juez. Si el señor Montoro metió la pata hasta el corvejón cuando desautorizó al TS respecto a la veracidad de los informes de la Policía y la Guardia Civil, que ponían en cuestión el destino dado a las financiaciones y los préstamos a Cataluña recibidos del Estado, algo que ha pretendido demostrar documentalmente pero, evidentemente, sin que se sepa si los documentos aportados desde los organismo catalanes fiscalizados fueron en realidad verdaderos o meros instrumentos creados ad hoc para justificar unas inversiones y aplicaciones que, posiblemente ( los gastos que se pagaron por la organización del referendo del 1 de octubre, no fueron menores y se pagaron con dineros procedentes del facilitado por las instituciones catalanas que, evidentemente lo recibieron del Estado español.) fueron aplicadas a otros gastos no justificables; en el caso del señor Catalá su imprudencia y su parcialidad no se explican más que en la desesperada búsqueda de recobrar, fuere como fuese, a los millones de desertores que han abandonado el partido, intentando congraciarse con ellos.


Sin duda, como antes hemos mencionado, nos encontramos en unos momentos de completa confusión y de falta de una política común como la que el señor Valls, el ex primer ministro francés, parecía querer implantar si se proponía como aspirante a la alcaldía de Barcelona: una política consistente en una entente de todos los partidos con representación en la ciudad condal, que no pertenecientes al frente independentista ni fueran comunistas. Una propuesta muy razonable pero, para quienes conocen las relaciones que en la actualidad existen entre ellos, resulta ser una simple utopía sin posibilidad alguna de llevarse a término.


O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, mucho nos tememos que, así como tenemos organizado el Parlamento del país; vistas las malas relaciones existentes entre todos los partidos que forman parte del marco político de esta nación y la evidente descomposición que va experimentando el partido más votado de la nación, que parece empeñado en hacerse el Harakiri, al continuar manteniendo al señor Rajoy, evidentemente en uno de sus peores momentos de su paso por la Moncloa, empeñado en intentar salvar los restos de un partido que, él mismo, salvando sus éxitos económicos, se ha encargado en destruir con la elección de un ejecutivo evidentemente incapaz de cumplir con los objetivos y valores de siempre del PP y que, con su inactividad, su parsimonia, su tolerancia con los revoltosos catalanes y su empeño en no cambiar a los miembros de su gobierno, es evidente que está dirigiendo al PP hacia una de los más sonados fracasos electorales, de toda su historia. Es una pena, pero nos tememos que ya no hay tiempo para la enmienda.

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