Hace unos días comentábamos la circunstancia de que la política de las calles, las manifestaciones, las algaradas callejeras, los mítines ciudadanos y las protestas organizadas por los partidos políticos de izquierdas y por los separatistas catalanes están poniendo en cuestión e influyen perniciosamente en la democracia española, con la absurda pretensión de que la influencia de las masas, en ocasiones simples manifestaciones de unos pocos centenares de personas, suplan la labor de las instituciones del Estado, como son las Cortes, con la pretensión de imponer la ley del ruido, el griterío, los destrozos e incluso las agresiones por encima de las normas que, democráticamente y según la Constitución que nos dimos en 1978, se promulgan en las cámaras de representación popular, el Parlamento y el Senado, que son las encargadas de decidir cuáles son las leyes que la nación precisa, para elaborarlas, votarlas, si son aceptadas por mayoría, publicarlas para que sean cumplidas por todos los españoles.

Hoy nos encontramos ante un fenómeno popular, en este caso debido a una sentencia de la Audiencia de Navarra, relativa a una causa seguida contra cinco mozos acusados de violar a una mujer durante las fiestas de San Fermín. No se trata de defender o criticar la sentencia elaborada por el tribunal que los ha juzgado, tampoco de discutir si la pena impuesta ha sido insuficiente o la calificación que se le ha dado al delito está bien valorada o se aprecian determinadas imperfecciones que, como en toda decisión humana, pudiera recogerse en esta decisión final de los jueces que la han dictado. Aquí, señores, estamos ante un procedimiento inadecuado, poco apropiado y que, en algunos casos, puede dar lugar a que la presión popular, expresada a través de formas extemporáneas de mostrar rechazo, como ha sido esta protesta de unos miles de personas que se han presentado ante las puertas de la audiencia, mayormente mujeres, para proferir amenazas, gritar insultos y poner en cuestión la objetividad de los jueces que han tomado la decisión de castigar con 9 años de prisión a los cinco encausados. La presión mediática, las declaraciones de miembros de partidos políticos y la condena anticipada a cargo de una parte de la opinión pública constituye, a nuestro juicio, una forma injusta e ilegal de presionar a quienes tienen el deber y el derecho de dictar sentencia, de acuerdo con la ley y su leal saber y entender, sin ser sometidos a presiones externas.

Es difícil no ver, en una organización tan perfecta y en una forma tan calculada de mostrar descontento y tan sincronizada para que surta efectos, a la vez, en tantas ciudades con la particularidad de que han sido capaces de reunir a importantes cantidades de personas, con presencia mayoritaria de representantes del sexo femenino; algo que ha sido más que una manifestación espontánea de mujeres o ciudadanos. Es obvio apreciar, en tales actos, la mano interesada de las sociedades feministas, que con toda probabilidad, ya tenían preparada la reacción que deberían tener ante una sentencia de la Audiencia de Navarra que no se ajustase a lo que ellas deseaban que fuera: la de una violación con todas sus agravantes y una pena máxima como la que pedía del fiscal, de 22 años para cada uno de los acusados. Es fácil ver, también, en las declaraciones intencionadamente exageradas del señor Pablo Iglesias y otros miembros directivos de Podemos, el interés evidente de sacar provecho político de este desgraciado hecho, en la línea de lo que viene siendo la habitual de conducta de este líder de Podemos, siempre a la busca de excusas para criticar al gobierno y a las instituciones democráticas del país. Tampoco nos hemos librado de las catilinarias de esta fanática del catalanismo, la señora Rahola, que poco menos que acusa de ineptos, mal intencionados y prevaricadores a los jueces de la Audiencia a los que, si de ella dependiera, inhabilitaría por no haber condenado a muerte a los cinco acusados.

Unas declaraciones juiciosas y sensatas, las del propio abogado de la acusación popular, que se ha mostrado prudente a la hora de comentar la sentencia, no ha querido desvelar si van a presentar recurso contra la misma y ha comentado que antes de tomar cualquier decisión tiene que comentar con su clienta si, de verdad, quiere seguir con un proceso en el que se va a ver obligada a pasar por trances dolorosos, para ella y sus propios familiares. Es obvio que la mayoría de personas, como es el caso de este comentarista, no se han leído el texto de la sentencia que supera, con el voto particular de uno de los magistrados, más de trescientas páginas llenas de tecnicismos y consideraciones jurídicas. Nadie, que no haya estado presente en las sesiones del juicio – por cierto celebrado a puerta, cerrada menos las dos últimas sesiones – está en condiciones de juzgar lo que ha sucedido en él, ni de calibrar los motivos que cada uno de los juzgadores ha tenido en cuenta para decidir que el delito era de abuso sexual en lugar de violación. Deberemos tener en cuenta que el de violación debe reunir fuerza e intimidación lo que requiere que no haya existido consentimiento de la víctima y esto es algo que puede resultar muy difícil de determinar y, no olvidemos, que si existe una duda razonable sobre la gravedad del hecho, existe el aforismo de “in dubio pro reo” que debe aplicarse.

Resulta muy difícil de encontrar una verdadera justificación para que, en un ambiente de etilismo colectivo como es el que existe en las fiestas navarras, donde cada año se produce un verdadero desmadre donde, como se ha visto en otros años, muchas mujeres no han dudado en subirse a hombros de jóvenes para hacer exhibición de sus encantos femeninos; algo que a juicio de muchas personas debiera de ser controlado debidamente para evitar que se produzcan casos como este al que nos estamos refiriendo, una mujer se decida voluntariamente a acompañar a cinco mozos, seguramente más bebidos de lo conveniente, para dirigirse a un lugar apropiado para sometida a vejaciones en el que fue introducida. No queremos restar ni un ápice de condena a los hechos que se produjeron en aquella estancia, pero es posible que los jueces hayan tenido una explicación más amplia y precisa que les han inducido a que, en este caso, hayan tenido en cuenta algunas particularidades que les han generado dudas respecto al grado de responsabilidad de los acusados.

Lo que es evidente es que no se puede seguir consintiendo, como ha ocurrido también en Alzazua, que se cometan actos deleznables, como fueron los que tuvieron lugar con el ataque a dos guardia civiles y sus parejas, dos mujeres (qué curioso que las feministas no hayan querido hacer causa común con ellas) en un bar de la localidad, mientras estaban tomando unas copas tranquilamente y, la reacción del pueblo y de sus autoridades haya consistido en presionar a los jueces que están juzgando el caso, para que se sientan coaccionados y amenazados impidiéndoles gozar de la tranquilidad y sosiego necesarios para poder dictar la sentencia que corresponda sin que tengan el temor de ver amenazada su integridad física. No se puede consentir que grupos de mujeres, reforzados por el éxito que tuvo el pasado día “de la mujer”, donde se ha visto que han pasado a una ofensiva organizada a consecuencia de la cual se ha empezado a satanizar todo lo relativo al género masculino a la vez que ha empezado una fase de alabanza desmedida a su propia condición de mujer. Ahora ya no piden ser igual que los hombres sino que intentan que se les concedan privilegios, como sería el caso de los cupos, para que el mero hecho de su condición femenina les dé derecho a gabelas y privilegios que las sitúen por encima de ellos.

Este país es evidente que empieza a necesitar a alguien que sepa poner los puntos sobre las íes, para cortar esta deriva en la que las instituciones legalmente creadas en virtud del mandato democrático están perdiendo la confianza de los españoles a medida que actividades revolucionarias se van haciendo con el control de las calles como medida de presión para suplir la función legislativa del Parlamento e intentar obligar a los gobernantes a aceptar las condiciones que se les intentan imponer. Parecen estar dispuestos a dar su batalla particular, aunque fuere en contra de la legalidad, para conseguir por medio de la fuerza, el miedo, la presión social, la propaganda interesada y la necesaria colaboración de políticos y profesionales que pretenden contribuir a la destrucción del Estado de derecho ya fuese por parte de los separatistas o por las mismas organizaciones feministas que, al parecer, están tomando las riendas de las reivindicaciones de la mujer, sin que se vea muy claro si las defienden a todas o. más bien, a un grupo de extremistas, la mayoría de izquierdas, cuyos propósitos es posible que tengan otros fines menos confesables.

Y, con respecto al caso de la sentencia de la audiencia de Navarra, con independencia de lo que pudiera resultar de los recursos que se puedan interponer por las representaciones de las partes; tenemos que objetar la premura y aparente complicidad del señor ministro de Justicia, señor Catalá, al que le ha faltado tiempo para decir que se va a cambiar la ley para endurecer las penas y restar condiciones a la consideración de delito de violación. Con lo cual es evidente que ha dejado claro que ha tomado parte en contra de los juzgadores de la Audiencia y a favor de los que han estado vociferando en las calles en contra de la sentencia aún antes de que se hayan producido los posibles recursos que pudieran clarificar quién es el que tiene la razón y quienes pudiera estar equivocados. Un poco de templanza, una mínima consideración hacia los magistrados de la Audiencia de Navarra y un poco más de serenidad para evitar dar la sensación de pánico que parece que ha cundido en toda la dirección del PP. Una actitud más moderada y serena hubiera sido bien recibida por todos aquellos que lamentamos el que, los actuales dirigentes del PP, no hayan sabido conservar los valores de sus antecesores y se hayan dedicado a vegetar sin ser capaces de dar cumplimiento a las promesas electorales que les hicieron a sus votantes.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos vemos sorprendidos ante la pasividad de las autoridades que parecen permanecer ignorantes de todo lo que se viene desarrollando a su alrededor, mientras los ciudadanos españoles nos sentimos cada vez más desprotegidos y en peligro de que, si todo sigue como durante estos últimos meses, no vemos que el país pueda llegar a salir indemne de los ataques que, desde distintos frentes y con cada vez mayor intensidad, están teniendo lugar a todo lo largo y ancho de España.