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Etiquetas:   Punto crítico   -   Sección:   Opinión

El maná del poder

Raúl Tristán

miércoles, 23 de noviembre de 2005, 03:01 h (CET)
Que los partidos políticos tienen asignadas unas ciertas cuantías económicas provenientes del Estado, es asunto de sobra conocido. Basta consultar la Ley orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre financiación de los partidos políticos (B.O.E. núm. 158, de 3 de julio), modificada parcialmente por la Ley orgánica 1/2003, de 10 de marzo.

Lo que ya no es tan notorio es que esa, tan sólo en apariencia, modesta “ayuda estatal” abarca un gran abanico de posibilidades: las subvenciones por gastos electorales, las subvenciones a los Grupos Parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales y las subvenciones a los Grupos Parlamentarios de las Asambleas Autonómicas, así como otras subvenciones estatales anuales. De este modo, el Estado otorga a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, subvenciones anuales no condicionadas, para atender sus gastos de funcionamiento ordinario. Igualmente, puede incluir una asignación anual para sufragar los gastos de seguridad en los que incurran los partidos políticos para mantener su actividad política e institucional. Estas subvenciones, se distribuyen en función del número de escaños y de votos obtenidos por cada partido político en las últimas elecciones.

Todo ello es legal, puede ser moralmente admisible y hasta democráticamente aceptable. Opiniones al respecto, las hay múltiples y variadas.

Lo que ya no nos parece tan correcto es el hecho de que estas cantidades representen tan solo la punta del iceberg de la “economía hogareña” que en realidad manejan los tramoyistas financieros de cada partido. Por si algún lector todavía no se ha dado cuenta de adónde queremos ir a parar diremos que, nada más ni nada menos, a la financiación privada de esos grupos de intereses que damos en llamar “los representantes del pueblo”.

A este particular, la Ley nos dice que los recursos procedentes de la financiación privada pueden ser de los siguientes tipos: las cuotas y aportaciones de sus afiliados, los productos de las actividades propias del partido político y los rendimientos procedentes de su propio patrimonio, los ingresos procedentes de otras aportaciones, los créditos que concierten, las herencias o legados que reciban y, en general, cualquier prestación en dinero o especie que obtengan.

Leído lo anterior de corrido, hasta el menos despierto deduce que la Ley otorga cierta manga ancha para que los partidos puedan llenar sus arcas de cualquier modo y manera. Todo ello fruto de que uno de los grandes errores de la Constitución del 78 fue considerar a los Partidos Políticos como entes cuasiintocables y dignos de veneración.

Si bien es verdad que la Ley se ha ido haciendo más restrictiva, poniendo numerosas trabas a la invisibilidad de todo este tipo de recursos procedentes de manos privadas, a nadie se le escapa que el camino por recorrer es muy largo y las zancadillas que se nos ponen enormes. Lo partidos pretenden mantener su hucha particular como si de una cuenta en un paraíso fiscal se tratara, una cuenta en la que particulares interesados y lobbies, puedan “pagar” por futuros servicios comprometidos o por los ya prestados.

Pues bien, el Gobierno pretende en estos momentos sacar adelante una reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, a pesar de contar con la oposición de CiU, PP y PNV.

Lo primero que debemos preguntarnos es: ¿qué tienen estos tres partidos que ocultar a la ciudadanía?. Todos los sabemos, sólo es preciso que la fiscalía se decida algún día a actuar contra ellos, si es que la ley se lo permite. Y digo esto porque lo único que pretende la reforma propuesta es la transparencia en todo eso que hemos dado en llamar financiación a través de recursos privados. Por supuesto que eso significa acabar con los donativos anónimos y establecer un adecuado régimen sancionador.

El problema es que PP y PSOE se han enzarzado en una batalla particular, dado el feo asunto del que se trata y de que en este preciso instante todos tienen algo que esconder: el PP acusa al PSC de no saber cómo salir del embrollo deudor en el que anda metido y estos acusan a los otros y a la FAES de recibir donaciones de Endesa...

En fin, que para cuando en este país podamos tener meridianamente claro, con datos contrastados y objetivos, y no meras suposiciones, radiomacutos y chivatazos, quiénes, cuándo y dónde han financiado y financian qué y para quién, a ninguno de nosotros nos importará ya un carajo.

A pesar de todo, sigo considerando que la reforma debe llevarse a cabo, tarde o temprano, y que todos tenemos derecho a conocer los rostros de los, tras el decorado, manejan los hilos de las marionetas políticas.

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