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Etiquetas:   Ni éstos ni aquéllos   -   Sección:   Opinión

Detenido por expresar la verdad

Juan Pablo Mañueco
Juan Pablo Mañueco
viernes, 18 de noviembre de 2005, 02:31 h (CET)
CERCA de un millón de niños españoles se ven privados del primero de los derechos que les concede la “Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño” proclamada por la Asamblea General en noviembre de 1989 y que entró en vigor en España en enero de 1991, es decir, el derecho a conocer a sus padres, a relacionarse con ellos y a las restantes relaciones familiares completas con otros hermanos, abuelos, ascendientes, etcétera.

En efecto, contra toda norma y toda ética, en España lo que ocurre es que el cónyuge que al separarse recibe la custodia de los menores puede obstaculizar cuanto desee, dificultar o impedir la relación de sus hijos con el otro progenitor, sin que haya ningún impedimento legal o sentencia para ello: simplemente por deseo de venganza, rencor o castigo psicológico hacia su ex-pareja... que los menores españoles pagan en sus carnes, en su mente y en su desarrollo emocional –durante la etapa más formativa del mismo–. Casi un millón de ellos, en estos instantes, sufren ese daño psicológico, en sus diferentes grados.

Decenas de miles de niños españoles se incorporan cada año –como resultado de los procesos contenciosos de divorcio– a este sombrío y desconsolador panorama de los “huérfanos de vivos”: menores que crecerán sin relacionarse con uno de sus progenitores, porque quien ejerza sobre ellos la custodia destrozará el resto de sus vidas para saciar sus peores instintos de venganza.

Y ante todo ello, la delictiva (desde el primero de los Derechos del Niño) Administración de Justicia española calla. Lo sabe, pero no actúa. Ni siquiera quiere que se divulguen estos datos y otros tantos adicionales y parejos que completan la desazonante y desalmada situación de la infancia española...

Al contrario, la propaganda institucional española no sólo confunde a la Sociedad con otros temas lamentables pero menores con respecto a éste (por ejemplo, la violencia de sexo, que no es como la presentan, pero que tampoco se quiere enmarcar en el contexto en que se produce: el que acaba de describirse), sino que finge como solución acudir a los juzgados: siendo precisamente la Administración de Justicia el lugar mayoritario donde estallan los conflictos, donde nada se resuelve y donde la situación de orfandad de ese millón de niños españoles ni se atiende ni se divulga, para que al menos la opinión pública lo conozca.

El pasado 5 de noviembre alguien intentó exponer públicamente estas cuestiones en un acto organizado por el Ateneo de Madrid. Su nombre: Mariano Orta Toscano. Su cargo: presidente de la “Asociación por la Custodia Compartida”. El acto que debía celebrarse en el Ateneo: “II Simposio contra el Crimen Judicial contra la Infancia”.

¿El resultado? Cuarenta y ocho horas antes, es decir, el jueves día 3 de noviembre, Mariano Orta Toscano fue detenido en su domicilio de Huelva: coche policial, fotos de frente y de perfil, calabozo, chirridos de esposas, cerrojos y puertas metálicas, sótanos húmedos... hasta que fue conducido a presencia de la titular del Juzgado número 1 de Huelva, que había ordenado su detención.

El viernes 4 de noviembre los convocantes del acto recibieron diversas llamadas telefónicas por parte del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid para que una niña de 8 años que iba a aportar su testimonio no participara en el acto. Aunque declarase la verdad, la verdad no puede decirse en España: ni por parte de una niña, ni mucho menos, por quien cobra por Defender a los Menores.

El Simposio se celebró, finalmente, con ponencias en jornada de mañana y tarde. La repercusión en los medios ha sido escasa. No es políticamente correcto decir la verdad sobre lo que sucede con la infancia en España... Todavía, no.

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