Seguramente el vulgo, el ciudadano de a pie, el que no es conocedor de los enredos políticos y la persona de buena voluntad tendrá dificultad para entender lo que está sucediendo en una Europa, nominalmente unida, presuntamente cohesionada y, no obstante, prácticamente dividida en más cuestiones importantes y temas esenciales que lo que, quienes gobiernan esta gran coalición de 28 naciones, se atreverían a admitir si se les hiciese la pregunta. Uno de los temas pendientes que, por su importancia, puede decirse que, hasta que se le haya puesto remedio no puede decirse que la Unión Europea forme este gran bloque socio económico con el que se nos pretende presentar ante quienes formamos parte de él es, sin duda, el conseguir establecer una Constitución que abarque a todas las naciones de esta compleja unión. Se intentó, pero se fracasó y, desde entonces, nadie parece que se haya atrevido a volver a poner sobre la mesa la posibilidad de abordarlo de nuevo.

Una Constitución, entre otras muchas posibilidades, significaría el establecimiento de una justicia supranacional, vigente para todos los miembros de la coalición, que recopilase, igualase y depurase todo el fárrago legislativo que, hoy en día, existe en cada país; de modo que, el resultado de todo este ímprobo esfuerzo, cristalizase en una Justicia universal, común para toda la comunidad, de modo que cualquiera que fuese el país de la UE en el que un ciudadano cometiese un delito sus efectos, su persecución y su puesta a disposición de los tribunales fuese misión de todos los países sin que, en ninguno de ellos, un delincuente pudiera encontrar refugio o protección debido a que, como ocurre en la actualidad, la existencia de posibles divergencias o interpretaciones distintas respecto al delito cometido, lo impidiera. Y ello, naturalmente, nos lleva al penoso espectáculo que se nos presenta a los ciudadanos cuando contemplamos, con estupefacción, como un mismo fugado de la Justicia española, un sujeto que se ha atrevido a desafiar al Estado de derecho de una democracia, según haya sido el país al que se ha dirigido en su huida, las autoridades judiciales, en lugar de cumplir sin más la euro orden que pedía su entrega a las autoridades españolas, se han dedicado a buscar similitudes dentro de sus propias leyes, a profundizar en las consecuencias penales que su entrega supondrían para el prófugo en cuestión y a llevar a cabo un simulacro abreviado, carente de pruebas y de informaciones fidedignas, de prejuicio precipitado mediante el cual han decidido que, el delincuente, no debe ser entregado a la Justicia española, sin que semejante decisión les cause ningún problema de conciencia.

Y uno se pregunta si, ante una actitud y unas resoluciones dictadas desde los tribunales de otros países, seguramente legales según la actual normativa europea, pero evidentemente absurdas si es que queremos considerar que la UE está formada por democracias en las que, los principios generales del derecho en los que se amparan, con pequeñas diferencias, son semejantes; si es cierto que, todos los países que forman la unión tiene intereses comunes; que todo lo que sucede en uno de ellos puede repercutir de una manera determinante en el resto y que las posibilidades de que, en una de las naciones de la coalición surjan grupos separatistas que intenten, por los medios que tengan a su alcance (entre los cuales se pueden citar la propaganda subversiva, las manifestaciones coactivas, las amenazas y la insubordinación a las leyes del país, unidas a campañas de propaganda desde el extranjero e intentos de conseguir apoyos en otros grupos de otras naciones cuyos fines, en la mayoría de las ocasiones, coinciden con los de los insurrectos) conseguir la desestabilización, la insumisión, el incumplimiento de las leyes, la ocupación y el vandalismo en las calles, el poner obstáculos a la normalización de las instituciones y la desobediencia dentro de una nación o región de la misma, posicionamientos que, para más INRI, se llegan a extender a los propios cuerpos de seguridad del colectivo, cuya misión sería la de impedir la comisión de semejantes delitos; ¿debe, cualquier democracia integrada en la UE, permanecer impasible, permitiendo que el prófugo se sirva de su país para eludir la acción de la justicia?

Bélgica, Suiza y, últimamente, Alemania han intervenido sucesivamente en un mismo episodio, un lamentable caso de un delincuente, prófugo de la Justicia española, al que, por si fuera poco, no solamente se le ha dejado suelto, a pesar de haber recibido una euro orden de detención procedente de la Justicia española, sino que se le permite que vaya haciendo propaganda y demagogia, insultando a la nación con la que tiene cuentas pendientes en sus tribunales. Alguna de estas naciones “amigas” se permitió dudar oficialmente de las garantías procesales que recibían las personas sometidas a juicio. Otras, han criticado nuestras instituciones penitenciarias y, unas terceras, han pretendido presentar al señor Puigdemont y a sus acólitos como monjas ursulinas, perseguidas por sus ideas políticas y no por haber intentado actuar alevosamente contra la integridad de la nación española. El tribunal del länder alemán de Schleswig-Holstein mismo ha fallado en contra de las propuestas de sus fiscales, que encontraron al catalán merecedor de ser extraditado y de que, entre tanto, permaneciera en prisión. No debe ser tan evidente como parece que, los tres jueces alemanes que han acordado la libertad de Puigdemont, cuando técnicos en leyes, como el señor fiscal, han venido sustentando opiniones distintas. No se trata, como parece que los más conformistas pretenden hacernos tragar, que debamos aceptar sin protestar, la obligación de aceptar el veredicto de dichos jueces, sino de poner en cuestión una situación que ya la hemos venido padeciendo, en esta ocasión, desde el tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos que, influenciado por uno de sus jueces, un español resentido de izquierdas, no hace más que fallar en contra de los intereses de España, sin que las razones que arguye sean lo suficientemente sólidas, como fue el caso de Xabier Berartegui, un etarra que fue detenido por la Guardia Civil y que alegó que había sido torturado. Ya han sido numerosas las intervenciones de dicho tribunal en contra de nuestro país, como fue el caso de unos condenados por quemar fotos del Rey, una acción que consideró que entraba dentro de la “libertad de expresión” o el reciente caso por el que se condenó al Estado a indemnizar a los etarras Portu y Sarasola a 30.000 y 20.000 euros, respectivamente, por “daños morales”. La idea que estos magistrados tienen de lo que ha representado la banda ETA en España y la secuela de muertes con las que castigaron a nuestra ciudadanía, no parece ser precisamente la que seguramente tendrían si alguno de sus parientes hubiera caído bajo los tiros de semejantes salvajes.

No sabemos a qué se deben estas normas que imperan respecto al tratamiento de los prófugos perseguidos por naciones pertenecientes a la UE. No obstante, no se ve razonable que, si se estableció una euro-orden de detención para aligerar los procedimientos de entrega de huidos de la justicia, ahora resulte que, en la práctica, no tiene ninguna efectividad, como hemos podido comprobar durante estos últimos meses. Por otra parte, el hecho de que, mientras se tramita una supuesta vista para decretar o impedir la extradición, se permita a unos presuntos traidores a la patria ejercer con entera libertad su labor de desgaste, de descalificación, de engaños, de calumnias y de desprestigio de las instituciones y las autoridades y Justicia españolas; cuando España está reconocida internacionalmente como un país plenamente democrático equiparable, en todos los aspectos, a cualquiera de los países que forman la UE. En lo que no coincidimos es en esta sumisión pastueña con la que el Gobierno parece acoquinarse ante cualquier organismo extranjero que intente avasallarnos.

Tampoco parece hacerlo el abogado de Vox, señor Javier Ortega que, sin ambages, ha expresado su opinión al respeto diciendo algo que muchos hemos pensado muchas veces: “Hay que plantearse si España debe seguir obedeciendo órdenes de la UE”, añadiendo el siguiente comentario: “es una decisión judicial (la del tribunal alemán) incomprensible e inaceptable para la soberanía nacional española”. Es una ocasión en la que tenemos que coincidir con los británicos y su “brexit”, al menos en lo que respeta al tema aplicación de la extradición dentro de la CE; una situación absurda en la que, el hecho de que todas las legislaciones penales de los 28 países de la UE sean distintas y en la dificultad de que, en cada nación, la tipificación de los distintos delitos y sus penas pueden tener características distintas, lo suficiente para impedir la agilidad necesaria para que los criminales sean anulados con la rapidez que requieren semejantes cuestiones.

El hecho de que España haya caído en manos de una serie de partidos que, lo que pretenden, es acceder al poder sin importarles el bienestar de los españoles y la evidencia de que, las nuevas generaciones, imbuidas de la filosofía relativista, hayan dejado de darle importancia al patriotismo ( éste que, curiosamente, los catalanes, que tanto desprecian a los españoles por su amor a la patria, no obstante, en cuanto se hace referencia a ellos, aceptan un patriotismo exacerbado, cuando se hace referencia a su propia tierra) y prefieran amoldarse a optar por aceptar teorías regresivas, de vuelta a situaciones anteriores al disparo de las tecnologías y adelantos digitales, aunque ello les pudiera representar pagar un alto precio en cuanto a la renuncia a las posibilidades de conseguir futuros adelantos, descubrimientos e innovaciones que ayudaran a la población española a disfrutar de un mejor nivel de vida para aquellos que todavía no lo hayan conseguido.

Y, ya puestos a ello, se nos ocurre preguntarnos ¿qué postura tomarían estos jueces alemanes, que tan estrictos se muestran cuando se trata de aceptar que, el señor Puigdemont, haya cometido un gravísimo delito al pretender separar una parte de España, utilizando todos los medios a su alcance para conseguir convencer a una parte importante del pueblo catalán para que se levante en desobediencia contra el Estado infringiendo, en numerosas ocasiones, los preceptos constitucionales e incumpliendo, a sabiendas y con la peor intención, las resoluciones de los tribunales y las órdenes de nuestro TC; si todo esto ocurriera en su propio país? Precisamente, a primeros del año pasado (2017) el Tribunal Constitucional alemán dictaminó que el 'land' de Baviera no tenía derecho a celebrar un referéndum de independencia porque su secesión vulneraría la Ley Fundamental de Alemania. Cabría preguntarse, si los bávaros se hubieran comportado como lo han hecho los catalanes, ignorando las resoluciones de nuestro TC y, saltándose dicha prohibición, hubieran puesto en marcha una consulta a pesar de todo y la hubieran intentado llevar a cabo. ¿Lo hubieran consentido apaciblemente? ¿Hubieran dejado que los que violaran lo dispuesto por tan alto tribunal se salieran de rositas con su intento? ¿Habrían aceptado que la policía local del länder hubiera colaborado en la celebración de tal evento? Será muy curioso conocer las respuestas a estas preguntas porque, si en su tierra no estarían resulta evidente que no estarían dispuestos a transigir con ello, resulta de una hipocresía desternillante lo que acaban de hacer con Puigdemont al negar su devolución a España.O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, mostramos nuestro desacuerdo absoluto con la postura de nuestro Gobierno y de los partidos políticos partidarios de dejarse anular por naciones como Bélgica, una nación en la que los terroristas se mueven con plena indemnidad y su policía es incapaz de actuar con la debida eficacia, pueda impedir que España pueda aplicar la Justicia a todos aquellos que han intentado perturbar la tranquilidad, la paz y la normalidad, maquinando para conseguir romper la unidad de nuestra nación. Es nuestro derecho y debemos luchar para que nadie pueda impedir que lo ejerzamos.