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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   Cataluña   Política   -   Sección:   Opinión

La paulatina desaparición del derecho de propiedad privada en España

“Si es verdad, como aseguran, que la propiedad es un robo, el día que todo sea de todos, todos seremos ladrones.” (Santiago Rusiñol)
Miguel Massanet
viernes, 16 de marzo de 2018, 07:06 h (CET)

Puede resultar contradictorio, incluso un verdadero contrasentido pero, desde cualquier punto de mira que se quiera observar podemos señalar, sin el menor temor a equivocarnos, como una verdad irrebatible el hecho cierto de que, en España, bajo un nominal gobierno de derechas, se está llevando a cabo en algunas partes de la geografía patria, consentida y, en ocasiones, alentada desde el propio Gobierno, una verdadera y preocupante política de izquierdas que, poco a poco, bajo una interpretación extensiva y poco restrictiva del precepto constitucional que establece la “función social de la propiedad”, que busca apartarlo del concepto napoleónico del término, que anteriormente se le daba, entendiéndolo como un derecho absoluto en favor del propietario; para darle un sentido menos categórico y más amplio, supeditándolo al concepto socializante de “bien común”, una acepción lo suficiente indefinida que permite un sinfín de interpretaciones, especialmente cuando su aplicación corre a cargo de gobernantes que tengan la potestad de imponer su particular visión de lo que se entiende por “bien común” y los efectos limitativos, en el derecho de propiedad privada, de quien o quienes gozen del título legal que los acredita como legítimo/s dueño/s del bien de que se trate.


Si hay, en estos momentos, un lugar donde el Gobierno central a pesar de la aplicación excepcional del Artº 155 de la Constitución, se puede decir que haya quedado inmovilizado, superado e incomprensiblemente impotente, en cuanto a lo que debiera ser la defensa del derecho de propiedad de sus ciudadanos (los ciudadanos que lo votaron especialmente para que se preservara este derecho constitucional contra aquellos que pretenden establecer un régimen al estilo soviético, cuando la propiedad se traslada al Estado y es él el que fija, a su modo y manera, la forma en la que los ciudadanos pueden hacer uso de los bienes del Estado, dentro de una concepción igualitaria que, por desgracia, tan malos resultados ha venido dando en aquellos países ( la URRS) donde se estuvo aplicando desde la revolución de 1917) se puede decir que es la comunidad catalana. Es sabido que la estatalización de la economía de un país supone, en la mayoría de casos, la supresión de aquellos incentivos, libertades y objetivos que en el mercado libre son los que incitan al emprendedor a ambicionar mejorar su estatus mediante un esfuerzo adicional, una implicación y una preparación que le permitan alcanzar su objetivo, algo de lo que carece una comunidad en la que un mayor esfuerzo o dedicación no supone un avance significativo en las condiciones de vida del ciudadano. Incomprensiblemente el PP, que fue un claro defensor de las libertades individuales, de la propiedad privada, de la falta de intervención del Estado en la economía privada y de darles a las empresas privadas todas las facilidades para que, libremente, pudieran organizarse, capitalizarse, dotarse de los medios de producción adecuados, contratar al personal preciso y establecer sus propios programas de márquetin con los que poder competir con sus rivales del resto de la comunidad económica; desde que ha entrado en su segunda legislatura ( en la primera ya dejó claro que no iba a cumplir una parte importante de sus promesas electorales; seguramente condicionado por una serie de decisiones poco inteligentes y el deseo del señor Rajoy de mantenerse al frente del Gobierno a toda costa), se viene obligado a ir tragando bilis siempre condicionado por su minoría parlamentaria y por su escasa libertad para poder legislar según los intereses del partido, dependiendo del apoyo de otros partidos que, como se ha demostrado, no siempre se prestan a hacerlo.


Fuere como fuere, es evidente que, en Cataluña, esta autonomía a la que los señores del PP, teniendo en sus manos una mayoría absoluta, fueron incapaces de poner orden y acabar con sus veleidades independentistas; han permitido por su indecisión proverbial, por sus cálculos electorales, por su mojigatería en los momento cruciales en los que debiera de haber tomado el mando para impedir determinadas actitudes de los nacionalistas catalanes, que ya dejaban ver a las claras cuáles eran sus intenciones respecto al resto de la nación española y sus habitantes. En Barcelona, una activista que ya demostró cuál era su capacidad para luchar en contra del orden establecido, las leyes y los tribunales españoles, formando parte activa dentro de un grupo de alteradores del orden, de creadores de algaradas y de obstrucción a la justicia a la que, por incuria y falta de control de la situación, en lugar de ingresarla en la cárcel, que era el lugar que le correspondía, se la permitió que formara parte de una candidatura que, de un modo sorprendente y para vergüenza de los catalanes que la votaron , salió elegida alcaldesa de la ciudad de Barcelona. Desde aquel día en el que tomó la batuta del Ayuntamiento se puede decir que fiel a sus principios (dijo con toda claridad que, cuando las leyes no le gustaban, no tenía inconveniente alguno en no cumplirlas), empezó a llevar a cabo sus primeras actuaciones oficiales, que ya dejaron claras cuáles iban a ser sus manejos de acuerdo con sus modos anarquistas y cuán poco iba a ser su respeto por la libertad de los ciudadanos y sus posibilidades de ejercer sus decisiones en el ámbito de la Ciudad condal. Moratorias impidiendo la puesta en funcionamiento de nuevos hoteles, restaurantes, pisos turísticos, establecimientos comerciales, grandes superficies, intentos de impedir la llegada de cruceros y decretar órdenes para que los turistas que nos visitaban tuvieran que ir, como corderos, siguiendo unos itinerarios prefijados para que, según su cuestionable criterio, no molestaran al resto de ciudadanos de la ciudad.


Claro que ello no fue más que una primera etapa, que fue seguida por un control exhaustivo de los pisos alquilados a turistas, una vigilancia de las viviendas que no estuvieran ocupadas, una serie de sanciones a aquellos que no pusieran en alquiler sus viviendas no utilizadas ( algo que ha venido afectando a todos aquellos bancos que se tuvieron que quedar con viviendas, que no pagaron sus hipotecas, y que forman parte de un activo del que cada banco tiene interés en deshacerse cuanto antes, debido a que camuflan en sus balances unas valoraciones muy superiores a su precio de venta actual. El alquilarlos, evidentemente, significaba un elemento negativo a la hora de ofertar dichos pisos para la venta. Un evidente intento de tomarse la justicia por su mano y una interpretación muy laxa de las facultades municipales para aplicar el concepto de interés común, cuando se sabe que en Barcelona existen cientos de pisos de propiedad municipal que podrían ser ofrecidos para arrendamiento.


No se puede rotular en castellano (se multa a quienes lo hagan) y es preciso duplicar la rotulación de los artículos que se pongan a la venta en los dos idiomas. No se puede enviar a los niños a un colegio público donde impartan clases en castellano y donde quienes lo hablen no sean considerados y tratados como bichos raros. Todo ello conocido perfectamente por nuestros gobernantes, que se vienen escudando en recursos ante el TC que se eternizan como es el caso del recurso contra el aborto o el que se interpuso contra los matrimonios gays. Un gobierno que no se sabe imponer, que no quiso legislar cuando tenía la mayoría absoluta por miedo a perder votos, que se ha mostrado incapaz de cumplir con sus promesas electorales y que ahora, vuelve a marear la perdiz intentando que, una parte importante de los jubilados de la clase media, sigan en una situación complicada debido a que las pensiones, que en su día fueron suficientes y por las que estuvieron cotizando religiosamente, se hayan convertido en virtud de los ridículos aumentos de los últimos años en insuficientes y con una evidente pérdida de poder adquisitivo, cercana al 9%. Sin ánimo de reivindicar la autoría de la idea, hace ya muchos meses que insinuamos la posibilidad de que, si no se estaba en condiciones de aumentar las pensiones a los que no tenían pensiones mínimas (que sí han ido recibiendo complementos para adaptarlas un poco a la realidad) se adoptaran medidas fiscales para quienes cada año se ven obligados a presentar la declaración del IRPF, que compensaran, en parte, esta falta de actualización de las pensiones.


Ayer el señor Rajoy, con la boca pequeña, insinuó la posibilidad de establecer, para aquellos que no tuvieran pensiones mínimas (para éstas ya anunció posibles mejoras), la posibilidad de arbitrar algún tipo de reducciones del IRPF, sin precisar ni dar más explicaciones respecto a lo que consistirían ni en qué cantidades se podrían concretar. Claro que el Presidente todo lo dejó en el aire, pasando la pelota a la oposición, cuando condicionó cualquier tipo de mejora de las pensiones a la eventual aprobación de los PGE, una cuestión que, evidentemente, puede que dé al traste con cualquier posible acuerdo. Ni tan siquiera ha quedado la esperanza de que, como ocurrió hace años (1958) cuando se tomaron los acuerdos de la Moncloa para poner en solfa el tema de la Seguridad Social y que, posteriormente, se volviera tratar en el Pacto de Toledo de marzo de 1995; se lleven, de nuevo, ante el indicado foro para que, una vez más, entre todos, se llegara a un acuerdo razonable.


Lo cierto es que cada vez más se van cortando las facultades del ciudadano. Ya se hablan de medidas de discriminación positiva para las mujeres que establezcan programas de igualdad dentro de las empresas de más de 250 empleados. ¿De qué leyes va a depender el que el director de una empresa pueda elegir a la persona que mejor le parezca para ocupar un puesto de trabajo?, ¿qué tipo de exámenes se deberán aplicar para averiguar, dentro de una misma categoría, quien tiene más derecho a un mejor salario, sea un hombre o una mujer?, ¿han pensado todos estos sabios que un robot o una máquina robotizada, o un solo técnico puede, hoy en día, manejar toda una cadena de montaje? ¿Se va a imponer direcciones paritarias de hombres y mujeres? Y, si se siguen en esta idea de igualdad ¿se ha pensado cuántos empresarios van a exponer sus capitales si saben que no pueden mandar en sus propias empresas, sujetas a la intervención del feminismo o a la intromisión continuada de los sindicatos para decirle cómo ha de actuar en su propia casa? Una paulatina socialización promovida por el, cada día más evidente, populismo que parece que se está haciendo dueño de una sociedad evidentemente desorientada, que no sabe hacia dónde mirar y que es posible que, al final, tome la decisión equivocada que la lleve a volvernos a poner ante la quiebra del país.


O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, deberemos reconocer que, cada día que pasa, son menos las esperanzas de que, dado el rumbo que está tomando la política de nuestro país y la paulatina, pero continuada intromisión de los poderes públicos en la vida y negocios de los ciudadanos, llegue un momento en el que la incuria de quienes tienen el poder nos vuelva a poner ante una de estas situaciones en las que, cualquiera que sea el camino que se elija, el resultado siga siendo terrible.

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