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Etiquetas:   Punto crítico   -   Sección:   Opinión

La ley de la selva

Raúl Tristán

sábado, 5 de noviembre de 2005, 22:42 h (CET)
Una familia se encuentra, confiada, cenando en el comedor de su casa. Carlos, el padre, y Marta, la madre, comentan los pormenores de otro duro día de trabajo que les ha dejado agotados; Quique, el hijo mayor, prefiere mantenerse al márgen de la conversación, con su reproductor mp3 echando fuego, no vaya a ser que a alguien se le vaya a ocurrir preguntarle por la marcha de sus estudios en el instituto; Andrea y Paula discuten, y se pelean por la cajita rosa de vaselina para los labios de mamá.

Entonces, se produce un estruendo ensordecedor y los tenedores caen sobre los platos. Carlos se levanta de un salto y se lanza hacia el pasillo. Parece como si algo hubiera echado abajo la puerta de entrada a la vivienda. En efecto, la puerta, reventada, ha golpeado con furia contra la pared. De pie, en el rellano, se encuentran al menos tres hombres que le miran con sus ojos cargados de odio. Se acercan hasta donde Carlos se encuentra, sorprendido, atemorizado, incrédulo, y le empujan hacia el comedor. Andrea y Paula gritan, lloran, mientras Marta intenta calmarlas sin lograrlo. Ella está tan asustada o más que las gemelas. Quique se ha arrancado los auriculares y ha hecho amago de coger un cuchillo de la mesa, cuando uno de los hombres le ha golpeado en el barzo y ha paseado delante de sus ojos una pistola.

En menos de diez minutos, Carlos, Marta, Quique, Andrea y Paula han sido desalojados de su hogar, de la casa que llevan media vida pagando, del que creían era el seguro refugio familiar, su pequeño espacio de seguridad en este peligroso mundo...

Sí, lo que parece una novela dramática ha sido realidad en esta España nuestra en la que unos energúmenos, aparándose y buscando justificación en los recientes comentarios del Gobierno sobre "los pisos vacíos" y su expropiación forzosa, han asaltado impunemente, con amenazas, con coacciones, con violencia, las viviendas de gentes honradas; los han echado de sus casas y han pasado a ocuparlas ellos, mientras la justicia se cruza de brazos y los propietarios legítimos ven vulnerados todos sus derechos en este mal llamado Estado democrático.

Si en la mayoría de las ocasiones me muestro crítico con un país llamado EEUU, en esta ocasión debo decir que envidio la determinación que muestran en la dfensa de la propiedad privada, sobre todo de lo que es su hogar. No creo que este caso se hubiera podido llegar a dar en los USA: no habrían osado hacerlo, pues antes hubiera corrido su sangre.

El estadounidense tiene un claro sentido de la propiedad, y más de la que constituye su vivienda, un recinto inviolable por extraño alguno, un espacio sagrado en el cual nadie que no haya sido invitado puede penetrar y, en el caso de hacerlo, otorga al propietario el derecho, casi que el deber, de defenderlo como sea preciso, con el uso de la fuerza, sea esta desproporcionada o no.

Los vergonzosos acontecimientos acaecidos en el pueblo granadino de Jun, vienen a demostrar los fallos imperdonables de nuestro sistema penal y judicial. Ante una situación como esta, una familia debería ser apoyada de forma directa y contundente por las fuerzas policiales y judiciales, sin demora alguna, inmediatamente y dejando caer todo el peso de la ley sobre los invasores. En caso contrario, que es como de hecho ha sucedido, debería permitirse y reconocerse por ley el derecho a la defensa de la propiedad por todos los medios.

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