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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

Acusaciones delictivas

José Carlos Navarro (Mérida)
Redacción
sábado, 5 de noviembre de 2005, 22:42 h (CET)
El presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, ha confirmado la condena por un año de prisión por injurias al Rey, al dirigente de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi. Conlleva por tanto, la inhabilitación y pérdida de sufragio, como es natural en todas las condenas. La sociedad debe felicitarse por la protección que le ha hecho indirectamente el tribunal Supremo, al hacerselo al Rey que nos representa. La justicia no ha entendido de precios políticos. A pesar de que el recurso ha prosperado a petición de la fiscalía, planteó como "muy cuestionable intentar igualar la figura del Rey a la que representan los políticos, porque el Monarca no gobierna, ni legisla, y carece de capacidad de injerencia".

No creo que sea ese el espíritu de la Carta Magna. Ni el derecho de las acusaciones delictivas al político, ni viceversa. Cuando se llama a un político asesino, se está acusando de un delito, y la condena debe ser unánime. La conciencia de los dirigentes que condenan según ideologías, es libre y almacenable en la memoria, pero la ley debe actuar por igual. Manuel Fraga en la Universidad de Vigo fue recibido con gritos de fascista y asesino, por un grupo de indenpendentistas gallegos, sin que las fuerzas del orden hayan actuado con detenciones al igual que lo hicieron en la Universidad Autónoma de Madrid.

Esta ejemplar condena del Tribunal Supremo, debería servir de precedente para sumada a la copiosa jurisprudencia y el sentido común, legislar sobre la invisible línea del derecho al honor y la libertad de expresión. Desde luego y lo que está muy claro, que sea quién sea, acusar de asesino no es de recibo. Si al campo no se le puede poner puertas, lo que si se le puede poner es cercas para acotarlo. Enhorabuena al Tribunal Supremo y a su Presidente, por esta ejemplar sentencia.

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