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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   Política   Educación   -   Sección:   Opinión

La educación cautiva del partidismo y la política

“Con la buena educación es el hombre una criatura mansa y divina; pero sin ella es el más feroz de los animales. La educación y la enseñanza mejoran a los buenos y hacen buenos a los malos” Platón
Miguel Massanet
domingo, 11 de marzo de 2018, 12:09 h (CET)

La base del progreso de una nación no puede depender del capricho, el egoísmo, los intereses partidistas y la sinrazón de quienes anteponen, al interés común y el progreso patrio, sus propias y potencialmente perjudiciales ambiciones, sin tener en cuenta el efecto adverso que el empecinamiento en sostenello y no enmendallo pueda tener para las futuras generaciones de ciudadanos de una nación y para ella misma. Es demasiado importante el que las nuevas generaciones de un país reciban una enseñanza adecuada, impartida por profesores expertos, con capacidades docentes y centrados en la enseñanza que evite las distracciones de tipo político, adoctrinamientos impropios y ajenos al tema de su cátedra o divagaciones sobre materias que no forman parte ni tienen relación directa con la docencia que ejerce, capaces de desconcentrar a los alumnos de su objetivo último: los conocimientos que le han de permitir desarrollar, a pleno rendimiento, la profesión o el trabajo que haya elegido para ganarse la vida y ayudar al desarrollo de la humanidad.


En la mayoría de naciones la educación forma parte de aquellas materias que se examinan entre todos los sectores de la sociedad, representados por el Gobierno, el Parlamento y la comunidad docente, que se consensuan una vez en lo que constituye la elección del mejor programa educativo para la juventud del país que, una vez que ha conseguido la aprobación de todos y es ratificado por el legislativo, deja de formar parte de las disputas propias de la actividad política; sin que ello sea óbice, como ocurre con la Constitución de los EE.UU de América, para que se puedan llevar a cabo las modificaciones puntuales cuando se considere que alguna parte de la ley ha quedado obsoleta o requiera ser perfeccionada. En España, como, desgraciadamente en tantas otras cosas, el tema educativo parece que forma parte de aquellos que nunca llegan a tomarse en serio y, si se intenta, los intereses de los distintos partidos políticos, el empeño que la mayoría de ellos ponen en que, para transigir en alguna materia, han de recibir un pago adecuado mediante las cesiones que se les hagan en otras materias; ha venido impidiendo que cualquier Ley sobre la enseñanza, haya tenido el respaldo preciso para garantizar su vigencia ante cualquier cambio de gobierno o de estamentos legislativos.


La educación pública en España está regulada por el Ministerio de Educación, pero los gobiernos regionales son los encargados de gestionar y financiar los centros educativos en su territorio. Existe un primer ciclo ( después del infantil) de educación Primaria, que comprende a los alumnos de 6 a 12 años en el que se imparten estudios primarios básicos; un segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que comprende a alumnos de entre 12 y 16 años que tiene por objetivo preparar al alumno para sus próximos estudios y/o actividad laboral; un tercer ciclo que, en España, ha sido objeto de repetidos cambios (Bachillerato superior, BUP, al igual que la Educación General Básica (E.G.B.) sustituyó al Bachillerato elemental.). Actualmente (Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación) el bachillerato es una etapa postobligatoria de la educación secundaria y, por tanto, tiene carácter voluntario; consta de dos cursos académicos. Si se quieren llevar a cabo estudios universitarios se ha de hacer la prueba de selectividad.


El Dr. Antonio Bolivar de la Universidad de Granada habla de la inestabilidad de la Enseñanza secundaria utilizando los siguientes términos: “los problemas o la malaiseque, en las últimas décadas, aqueja a la educación Secundaria y a su profesorado, en último extremo, provienen de la búsqueda (im) posible de una identidad propia, diferenciada de la Primaria y del Bachillerato, al desdibujarse su identidad institucional, en unos casos por asimilarse por abajo o, en otros, por arriba. La inestabilidad de no ser ni lo uno ni lo otro es fuente continua de problemas.” En realidad, no estamos ni capacitados ni es el objetivo de este comentario entrar a fondo en el tema educativo, sino más bien alertar de que nos encontramos ante una realidad educativa en nuestro país que dista mucho de ser la deseable y más conveniente para la correcta formación de nuestra juventud; denunciando la falta de sinergia existente entre los distintos partidos políticos del arco parlamentario español cuando se trata de prescindir de intereses partidistas o reticencias políticas y resentimientos para ponerse de acuerdo y conformar una Ley que, sin que sea preciso que agrade al cien por cien a todos, al menos reúna los factores esenciales para que pueda ser aceptada por la gran mayoría y, a la vez, garantice que la enseñanza que vayan a recibir nuestros jóvenes sea la mejor, más moderna y más completa que el país les pueda ofrecer a nuestros futuros profesionales.


En la actualidad, la enseñanza en España está regida por Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. No obstante es evidente que ni hay interés ni las condiciones políticas actuales en las que se encuentra nuestra nación, amenazada por el desafío separatista de Cataluña, la situación de debilidad del actual Gobierno del PP, que está gobernando en minoría con el apoyo, cada vez más condicionado e inestable, de Ciudadanos y la perenne espada de Damocles que pende sobre la cabeza del presidente Rajoy, expuesto a que, como seguramente puede suceder en el caso de la llamada Ley “Mordaza”, Ciudadanos decida ponerlo a prueba cooperando con el resto de la oposición para derogarla. Junto a ella existen 50 proyectos de Ley aprobados en el Parlamento que fueron vetados por el gobierno del PP y que pueden ser resucitados cada vez que al señor Rivera de Ciudadanos le coja la pájara de colaborar con el resto de los partidos de la oposición.


Lo malo es que existe un sistema de becas de estudios completamente absurdo, mediante el cual estudiantes que no han aprobado, que no han demostrado su aptitud o su empeño para seguir estudiando, simplemente porque se trata de hijos de obreros o de gente con pocos recursos económicos, se insiste en que se les ha de conceder la beca. Nadie duda de que este tipo de ayudas se creó para incentivar y apoyar a aquellos buenos estudiantes que, a través de su periplo escolar, demostraron que eran merecedores de obtener un premio que les ayudase a ellos y a sus familias a costear los gastos de los estudios universitarios. Son muchos los abandonos que se producen entre los que han comenzado una carrera universitaria. Los motivos son múltiples y uno de los más corrientes es que el estudiar supone esfuerzo, tesón, sacrificio, pérdida de tiempo de ocio y diversión y, por encima de todo, afán de aprender. Si no existen estos factores sucede que, a la menor ocasión que se le presenta de encontrar un trabajo, a quien no tiene la motivación suficiente para proseguir sus estudios, decide abandonar y ponerse a trabajar que, al menos momentáneamente, tiene la ventaja de requerir un menor esfuerzo y, a la vez, disponer de un salario que puede gastarse en actividades que seguramente les resultan más gratificantes que pasarse horas delante de un libro intentando asimilar su contenido.


Lo que ocurre es que al contribuyente español no le es indiferente lo que se gasta el Estado en subvencionar los estudios de nuestros universitarios si, como ocurre en muchas ocasiones, los estudiantes en una proporción elevada deciden abandonar sus carreras sin haber concluido su licenciatura, después de haber permanecido varios años asistiendo presencialmente a las clases en las universidades del Estado o de las CC.AA. En el caso de las universidades públicas presenciales se gastan, de media, 6.480 euros/año por cada alumno, aunque las diferencias entre las comunidades autónomas pueden llegar hasta los 4.000 euros. No se trata pues de una cuestión baladí y máxime si se tiene en cuenta el hecho de que, en el ranking de las 100 universidades más innovadoras de Europa, la primera universidad española que aparece es la de Barcelona, en el número 63, lo que puede ser un signo muy significativo de la calidad de los estudiantes que salen de ellas. Como noticia ilustrativa podemos citar a la Universidad Complutense de Madrid, aquella en la que el anterior rector era el señor Carrillo, hijo de Santiago Carrillo. en la que se formaron “ilustres” profesores que han sido luego grandes apoyos para el dictador Maduro y que han traído a España toda la escoria del peor comunismo cultivado en Sudamérica. Bien, pues esta universidad tiene el dudoso “honor” de estar situada en el número 97 de las 100 antes mencionadas. Ahora uno se puede explicar qué clase de licenciados y profesores son los que salen de tan distinguido centro pedagógico.


O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no podemos menos de lamentarnos de que, en la España del Siglo XXI, cuando en el resto de países europeos, al menos aquellos con los que podemos compararnos en otros aspectos como el económico, el industrial o el sanitario, el problema de la enseñanza queda fuera de las discusiones políticas y los estudiantes tienen un programa al que saben que se pueden y deben acoger sin que, uno que empiece sus estudios, tenga la inseguridad de lo que va a suceder con las leyes educacionales a través del recorrido por las escuelas y las universidades públicas.

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