Parece que hemos entrado en unos momentos en los que toda reminiscencia de sentido común, de lógica, de sensatez y de prudencia ciudadana se van esfumando para dejar paso a una suerte de paranoia colectiva que se ha apoderado de una parte significativa del pueblo español, que parece que prefiere dejarse llevar por utopías ilusorias, proyectos irrealizables, sueños quiméricos y obsesiones disparatadas de modo que, abandonando los métodos democráticos y los procedimientos propios de todo Estado de derecho se ha decantado por una suerte de sistema anárquico optando ( dirigida convenientemente por sindicatos y partidos de izquierdas con los que, en la actualidad, vienen colaborando en busca de provecho propio los separatistas de Cataluña buscando utilizar cualquier posibilidad debilitar al Estado de la que aprovecharse para sus propios fines secesionistas)

Si hace unos años era propio de las huelgas laborales, de los mítines sindicales, de las reivindicaciones sociales de los trabajadores en activo; parece ser que hemos entrado en otra fase en la que, lo que se busca en particular, es que sea el propio Estado quien sea el que ponga los recursos para mejorar la situación de varios colectivos de trabajadores que se sienten perjudicados, los unos, los pensionistas, porque sus retribuciones llevan años sin actualizarse; los otros, la policía y la Guardia Civil, porque se sienten agraviados ante los mejores estipendios de los que gozan las policías autonómicas que, en algunos casos, suponen 700 u 800 euros más mensuales. Últimamente, sin embargo, un fenómeno que ha venido coleando desde hace muchos años y que, durante los últimos días ha adquirido una cierta virulencia en el llamado “día de la mujer”, circunstancia que el feminismo nacional ha aprovechado para volcarse, con ayuda de los sindicatos obreros, CC.OO y UGT, y los partidos de extrema izquierda, como IU y Podemos, con la aquiescencia del resto de organizaciones políticas del arco político, para elevar a un tono mayor las reivindicaciones de las mujeres que, en esta ocasión han alcanzado una dimensión que nunca habían conseguido en toda su historia.

Y nadie puede aventurarse a criticar a estas personas que reivindican unos emolumentos que les permitan vivir mejor. Es derecho de todo ciudadanos gozar de los beneficios correspondientes a aquellos temas que la sociedad ha debido delegar en sus gobernantes debido a la dificultad, prácticamente imposibilidad, de poderlos asumir directamente. Las pensiones, la sanidad, la defensa de la nación, el orden en las calles, los servicios públicos, los transportes etc. son funciones que le están reservadas a las Administraciones públicas que, a su vez, para poder llevarlas a cabo debe valerse de la recaudación de impuestos, tanto locales como estatales y cuya expresión máxima se plasma en los PGE en cuyas distintas partidas quedan distribuidas las distintas partidas de gastos de los que debe hacerse cargo. Lo mismo sucede dentro de cada comunidad autónoma y en los distintos municipios que se ubican en las mismas. En pocas palabras el Estado dispone para cubrir todas sus funciones, incluida la defensa nacional, de lo que recauda de impuestos en toda la nación.

Lo que sucede es que, en muchas ocasiones, las recaudaciones no alcanzan para cubrir todos los gastos, ordinarios y extraordinarios de la nación, en cuyo caso el ministerio de Hacienda debe pedir ayuda a otros organismo de crédito, nacionales o internacionales, para lo cual emite letras del estado, obligaciones, bonos etc. que, generalmente, mediante la obligación de pagar un interés y una prima de riesgo ( en determinadas circunstancias), por un tiempo determinado, a cuyo vencimiento se deberán cancelar, mediante el pago correspondiente, o bien, renovar por otro periodo, con las mismas o distintas condiciones, según fuere la cotización correspondiente en las bolsas internacionales. Estos préstamos solicitados son los que generan la Deuda Pública del país y, es fácil de entender que, cuando la DP supera la riqueza que genera la economía del mismo (PIB) la nación empieza a tener problemas. Una situación que se puede agravar más si el déficit público (déficit del conjunto de las administraciones publicas de un país) para cuyo cálculo se sigue el criterio de obligaciones contraídas, independiente de los pagos y cobros efectuados en relación con el PIB. Cuando, sin entrar en detalles, este déficit es elevado contribuye a empeorar la situación de sus finanzas.

Cuando, como se desprende de los datos del año anterior, nuestra Deuda Pública alcanzó en el 2017 el 98’36% del PIB de dicho ejercicio. Un importe que deja bien claro que estamos a punto de superar la riqueza nacional que producimos para situarnos en una situación delicada. ¿Cabe pensar que España está en condiciones de satisfacer a todos los que están pidiendo mejoras salariales cuando acabamos de salir de una situación grave de crisis, la UE nos pide que mantengamos la sobriedad y sigamos haciendo reformas laborales, y las reclamaciones que durante estos días se están poniendo sobre el tapete político español se salen de cualquier posibilidad de poder ser satisfechas sin que ello nos pusiera en grave peligro de incumplir nuestros compromisos con quienes nos han concedido las ayudas económicas.

Es evidente que, tanto los dirigentes del PSOE, señor P. Sánchez, como de Ciudadanos, señor Rivera (no hablemos del de Podemos ya que es sabido que sus proyectos económicos carecen de la más mínima viabilidad y nos conducirían directamente a la quiebra) son conscientes de la imposibilidad de atender las peticiones, por muy justas que sean, de jubilados o policías, al menos en las cantidades que se han puesto sobre la mesa, con evidente intención de poner al Gobierno ante una situación límite. No obstante, el problema que los colectivos femeninos han planteado últimamente, aparte de que parecen ignorar las mejoras que han ido experimentado las mujeres durante los últimos años, denotan una policitación evidente y una excesiva prisa en darle capotazo a un problema que lleva siglos sin solucionarse.

Quizá nadie se acuerda de que, en un momento determinado, una verdadera avalancha de mujeres irrumpió en el mercado laboral creando una sobreoferta de trabajo que, evidentemente, perjudicó a los hombres que venían ocupando, especialmente en algunos sectores de la producción, prácticamente la totalidad de las plazas existentes. La mujer abandonó el hogar para trabajar por cuenta ajena, con toda seguridad debido a que aspiraban a un nivel de vida mejor o debido a que las necesidades familiares precisaban de unos emolumentos más saneados. Es obvio que los problemas que vienen afectando a las mujeres y que influyen negativamente en su contratación, al menos algunos que podríamos calificar de tipo orgánico, no pueden ser asumidos por los empleadores por constituir un sobrecoste añadido al salario femenino respecto al caso de sus compañeros masculinos. Debería ser el Estado que asumiese mediante una compensación al empresario o unas ayudas a las trabajadoras para que, la equiparación de salarios con los hombres, no fuese un gravamen más a la producción. En la actualidad, el contratar a mujeres supone aceptar un absentismo, todo lo justificado que se quiera, pero que difícilmente evitable que, en igualdad del resto de condiciones, pone a la mujer en una situación de desventaja debido a su mayor coste.

Nadie niega que hay un problema, que debiera estudiarse desde todos los puntos de vista en busca de soluciones y que no afecta en la misma manera a todas las mujeres, debido a que hay trabajos en los que las condiciones físicas de las trabajadoras o sus situaciones especiales afectan más a su rendimiento y otros en los que el ambiente de trabajo resulta más favorable para que las molestias físicas o los impedimentos de un embarazo resultan más llevaderos y afectan menos al rendimiento de la mujer. Ello debiera de motivar a que se crease, como ya sucedió en el caso de las pensiones con la firma del Pacto de Toledo; una comisión de las Cortes, con la intervención de todos los partidos representativos y de las mujeres y empresarios, como directamente afectados, para que se pudieran estudiar racionalmente las posibles soluciones a un problema que no debe dejarse en barbecho pero que, tampoco, se les puede exigir ni al Gobierno ni a los empleadores, que se saquen de la mano una solución que probablemente requerirá meses de estudios si es que no se quiere cometer el error de legislar sin haber sopesado todos los pros y contras de una medida que supone un gran impacto económico.

Y, por encima de todo, no olvidemos que en España existen formaciones políticas y sindicatos que tienen una gran facilidad en darles solución a todos los problemas crematísticos que se les puedan objetar a sus propuestas de mejoras salariales. El acudir a imponer más impuestos, más cotizaciones o más mejoras sociales siempre constituye un encarecimiento para el producto que luego debe de competir con el de la competencia interna y externa. Cuando se trata de abrirse camino para poder exportar dos factores son esenciales: la productividad y el coste del producto en cuestión. Y esta máxima económica es de aplicación a todos los ramos de la industria y del comercio y a todos los países de todo el mundo que tienen que competir para colocar su producto en cualquier ciudad ubicada en alguna nación en la que estén vigentes las reglas de la economía.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no quisiéramos que esta subida de adrenalina que ha supuesto la celebración de este día de la mujer, de las distintas reclamaciones que han salido a relucir aprovechándose de él o las que se han ido exponiendo a lo largo de los días anteriores, cristalizase, como suponemos que es la intención de los activistas y organizadores de todos los actos y manifestaciones que tuvieron lugar durante la semana pasada, en posteriores algaradas, paros, mítines o destrozos que pudieran acabar por complicar lo que, hasta ahora, se ha desarrollado con un cierto orden. El Estado no lo puede todo, no dispone de la varita mágica para satisfacer a todos los que desean una mejora y la democracia, esta forma de gobierno que es la más acreditada de todas las conocidas, tiene sus propios recursos y normas para que cualquier propuesta pueda ser estudiada, razonada y, en su caso, admitida o desechada. No nos salgamos de sus reglas o es evidente que España estará condenada a su descomposición.