En ocasiones llegamos a temer que algunos de los que lideran los partidos políticos no dedican el suficiente tiempo para pensar lo que van a decir o hacer. Resulta, a todas luces, inexplicable el que alguien pretenda introducir cambios de tipo evidentemente político en una institución de tanta solera, tan apolítica, tan profesional y de tanta importancia como es el Ejército español. Cuando hablamos de una de las instituciones más respetadas por el pueblo español y en la que todos tenemos depositada nuestra confianza como defensora de España ante cualquier intento de desmembrarla o de ser amenazada desde más allá de nuestras fronteras, nuestro Ejército español; no podemos entender que, cuando nos referimos al mismo, sea para otra cosa que no tenga el fin o la intención que no sea la de pedir que se le respete, que sea dotado de todos los medios materiales que precise, para que esté siempre en guardia, preparado para cualquier eventualidad que requiriese su intervención o con el objeto de garantizar, ante cualquier amenaza interna, la seguridad, el apoyo, la defensa y la restitución de cualquiera de los derechos que, la Constitución, tiene establecidos para el pueblo español.

Por eso, cuando hemos conocido que el partido de Albert Rivera, seguramente formando parte de la campaña para promocionarse ante un eventual adelanto de las legislativas –una posibilidad que nunca se puede desechar, a pesar de que el señor Rajoy insiste en decir que va a terminar la actual legislatura – ha formulado una propuesta para que el Ministerio del Ejército modifique uno de los requisitos físicos, en este caso la altura, que se vienen manteniendo desde hace años para poder acceder a la escala de oficial en las FF.AA, por considerar que, la altura mínima actual para ser aceptado ( actualmente de 160 cms.), es considerada como discriminatoria para las mujeres españolas que, por lo visto, hay un 30% de ellas que no alcanza la altura requerida. ¿Discriminación hacia las mujeres? ¿De qué se trata, señores, de que también vaya a ser culpa de los hombres el que algunas mujeres no alcancen la altura precisa para poder aspirar a ser oficial del Ejército?

No se trata de amoldar las condiciones exigidas para ser un buen soldado a la altura pedida (155cms) para que puedan entrar mujeres de semejante talla, sino que lo que se necesita es que los aspirantes reúnan una serie de requisitos para que puedan ser buenos soldados. ¿Qué sucede con los saltadores y saltadoras de altura? Que deben tener una envergadura que les permita alcanzar las marcas que, en la actualidad se consiguen en esta especialidad o ¿debería bajarse la altura de la valla para que los saltadores pequeños tuvieran su oportunidad? O bien ¿se deberían plantear pruebas para personas de tallas pequeñas como las hay para paralímpicos?

¿Estamos hablando de unas fuerzas armadas eficientes, bien entrenadas, fuertes y capaces de causar respeto a cualquier fuerza que se les opusiera o bien queremos crear batallones de pigmeos simplemente para satisfacer a las feministas, que buscan incluir a las mujeres en todos los oficios de hombres, les vayan bien o no? Estamos hablando de un Ejército profesional no de un remplazo obligatorio, en consecuencia, al Estado y al resto de españoles el sostenerlo le cuesta dinero y el tenerlo entrenado adecuadamente y con el armamento preciso para cualquier ejército moderno, constituye una de las preocupaciones de la cúpula militar. No se puede pedirles a las academias militares que inviertan el dinero en formar soldados que luego no van a dar la talla, cuando todos sabemos que el reclutamiento de soldados está limitado (creemos que, en la actualidad, nuestras FF.AA no sobrepasan los 200.000 efectivos) y, aun así, el 12’5% son mujeres que, como es natural, tuvieron que cumplir con los requisitos físicos que se les exigían a sus compañeros, los varones. La discriminación existiría también con respeto a los hombres que hubieran sido rechazados por no dar la talla de 160cms. y ahora, por el simple hecho de ser mujeres, se las admitiera con tallas inferiores.

Estamos hablando de un tipo de Ejército que nada tiene que ver con el de hacer 50 o 100 años. Hoy en día la preparación, en todos los aspectos: técnico, armamentístico, electrónico y sicológico, juntamente con una excelente condición física de los oficiales y soldados, son indispensables. La crisis ha sido cruel con las FF.AA españolas, que tuvieron que resignarse a que el número de efectivos entre el 2009 y el 2015 se redujera y, por otra parte, las dotaciones presupuestarias tuvieran que mermarse para cubrir necesidades más urgentes, derivadas de la situación excepcional por la que atravesaba la economía de nuestra nación.

Los ciudadanos de a pie, cuando observamos a nuestros políticos, tenemos la desagradable impresión de que les importamos un pito, de que nada más nos necesitan para que los votemos y, a partir de que hayamos depositado nuestro esperanzado voto en las urnas, se desentienden y, entonces, empiezan a llevar a cabo aquello que les conviene o se creen que le interesa a su partido dando preferencia, evidentemente, a lo que contribuye a su beneficio personal ¡ y estamos hablando de los honrados, porque en relación a los otros, mejor correr un tupido velo! Y esto vale para todos. No son sólo los comunistas bolivarianos de Podemos los que desbarran cuando presentan sus planes económicos o lo que sea que sea lo que intentan colar. En realidad, partidos que deberían ser mucho más comedidos cuando presentan un proyecto, aportan una idea o proponen algún cambio en el que, para llevarlo a cabo, es preciso contar con los recursos suficientes para poderlo financiar, hablamos del PSOE y de su filial catalana el PSC deberían ser más comedidos en sus propuestas. Cuando llevamos años teniendo sobre el tapete el tema de las pensiones que, desde el famoso Pacto de Toledo, siguen sin que se les haya encontrado una solución viable, si es que nos referimos a los jubilados del futuro, teniendo en cuenta que las consecuencias de la crisis, el gran desempleo que venimos soportando en España y el agotamiento de las reservas de las que se disponía bajo el epígrafe de Fondo de Garantía de las Pensiones, que el señor Aznar tuvo la buena idea de crear y que, por los avatares de la precaria situación laboral en la que nos dejó la pasada crisis, ha sido agotada debido a que, durante años, las cotizaciones de la Seguridad Social no han sido suficientes para cubrir el montante de las pensiones de más de los nueve millones de incapacitados y jubilados.

Al parecer, el PSOE ha registrado, en el Congreso de Diputados, una proposición de ley para subir las pensiones un 1,6% (IPC previsto para el 2018). Como saben que la caja de las pensiones está exhausta, optan por ir directamente a una financiación a cargo directo de los impuestos generales. Como si España estuviera poco endeudada, debido a los sucesivos créditos que el Estado ha debido solicitar para cubrir los pagos de las pensiones ( la DP española, a finales del 2017,y ascendía a 1.144.629 millones de euros, una de las mayores del mundo) los socialistas no tienen inconveniente en pedir la friolera de 2.100 millones de euros para este 2018, un año en el que, para mayor INRI todavía no han sido aprobados los nuevos PGE y, en consecuencia, se deberán prorrogar los del 2017, con los inconvenientes que esto comporta. Saben perfectamente que no hay posibilidad alguna de que se pueda llevar a cabo semejante mejora pero, aun así, quieren poner al PP ante la necesidad de convocar la Mesa de Diálogo Social, con la intención de obligar al Gobierno a proponer una fórmula por la que la Seguridad Social deje de sufragar gastos que no tienen nada que ver con las pensiones.

La fórmula que proponen los socialistas es establecer dos nuevos impuestos para ayudar a financiar las pensiones: uno a la banca y el otro sobre transacciones financieras (algo que llevan tiempo intentando conseguir). Como siempre y en ello no debemos albergar la menor duda como ha venido sucediendo desde que existen los impuestos, tanto en uno como en el otro caso, acabarán repercutiendo ambos impuestos sobre las economías, ya suficientemente baqueteadas, de los contribuyentes que ya saben que una parte de los ingresos conseguidos durante la vida laboral, cada vez más importante, se la han de destinar al Estado que, a cambio, lo único que ha venido haciendo ha sido limitar los beneficios que la Seguridad Social, en todos sus ámbitos, les reportaba a sus beneficiarios ( participación en el pago de medicinas, alargamiento del periodo de trabajo, grandes esperas para ser intervenido, reducción de la base de cotización etc.)

¿Acaso los socialistas pretenden beneficiar a los pensionistas? En absoluto, porque son los primeros que saben que el horno no está para bollos y que lo que proponen, lo mismo que ya propusieron los de Podemos, es inviable desde todo punto de vista. ¿Entonces qué se pretende con esta proposición? Aprovecharse de la credulidad de los jubilados, siempre dispuestos a esperar que su situación, milagrosamente, se vaya a solucionar aunque sea a costa de que la nación se vaya a estrellar ante el muro de la realidad, de la mano de la insensatez de sus políticos.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, ante tales hechos inauditos, nos vemos obligados a sentirnos, una vez más, sorprendidos ante la noticia inaudita de que, en Cataluña, los del PP han llegado a un acuerdo con los de ERC, por el que estos señores separatistas han cedido uno de sus escaños para que los populares puedan estar presentes en la Diputación Permanente; algo a lo que, sus socios de gobierno, los de Ciudadanos, se negaron a hacer. ¡Sorpresa sobre sorpresa, absurdo y desconcierto para todos aquellos que, un día, llegamos a confiar que el PP seguía la línea de su fundador don Manuel Fraga Iribarne! ¡Vivir para ver!