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“De casta le viene al galgo, ser rabilargo” refrán español

Colau y Torrent: descortesía y provincianismo

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La democracia en algunas ocasiones es capaz de instalar a simples advenedizos en lugares, posiciones, cargos, empleos o destinos para los que es preciso tener una preparación, una cultura general superior a las de un simple plebeyo, amén de unas facultades organizativas, de mando y de entrega a la función que se le encomienda que la sitúen por encima de sus propios ideales políticos, de forma que anteponga a sus intereses personales y de partido, los de la comunidad que le ha sido confiada, a la que se deben y están obligados a cuidar, proteger y mantener en las mejores condiciones de vida posibles, sean los ciudadanos de su mismo partido o del resto de formaciones que integren la comunidad sobre la que ejerce su mandato.


Es obvio que, en una democracia, cuando se acepta pertenecer a ella, los miembros de la misma deben someterse a las normas por las que los mismos ciudadanos, a través de la Constitución o del resto de leyes que hayan acordado darse a través de sus instituciones legislativas, se han comprometido a respetar. Si se trata de un cargo público, cuando se accede a él se obliga a, bajo juramento o promesa, respetar la Constitución del país y se compromete a cumplir con las leyes nacionales. Hasta hace unos años, en España, se respetaban estos principios y se tenían en cuenta, en toda comunidad autonómica o ayuntamiento gobernados por miembros de una determinado color político; las formas y los protocolos establecidos cuando se trataba de recibir a autoridades de otras comunidades, ayuntamientos o del propio Estado; mediante las cuales, por encima de las diferencias ideológicas que pudieran existir entre ellos, estaban las normas de cortesía y buenas maneras destinadas a evitar los lógicos roces y tensiones entre ellos.


Estos días, con motivo de la celebración inaugural del Mobile World Congress, celebrado en la ciudad de Barcelona; un acontecimiento de tipo económico que seguramente le va a reportar a la ciudad catalana una importante inyección de millones de euros con motivo de los cientos de miles de personas, nacionales y del exterior que van a visitar tan magno acontecimiento y que van a dejar su contribución económica en los hoteles, restaurantes, transportes, exposiciones y comercios de la ciudad, que van a salir beneficiados por un congreso de tanta proyección internacional. No obstante, ante la sorpresa general, se han producido varios hechos que pudieran producir que, en años venideros, esta exposición tecnológica de los móviles pudiera desplazarse a otra ciudad de Europa.


En Cataluña parece que sólo los taxistas han tenido el sentido común de aplazar sus diferencias con el Ayuntamiento de Barcelona, trasladando una huelga que tenían prevista para estas fechas a otro momento para evitar el daño que hubieran podido hacer a un acontecimiento que tanto favorece a la mayoría de sectores comerciales, industriales y sociales de la ciudad de Barcelona. Los que se han empeñado en no ceder ni un ápice de sus pretensiones nacionalistas; aquellos que parece que se olvidan de que siguen estando bajo el régimen intervencionista del Artº 155 de la Constitución española; los que siguen sin enterarse de que el señor Puigdemont, en su refugio de Bélgica, está agotando el crédito que le dieron los catalanes; comenzando a convertirse en un problema para aquellos que lo acogieron en la nación belga y un grano en el trasero de los gobernantes belgas, de modo que finalmente, los únicos que parecen interesados en prolongar este disparate político, son aquellos grupos extremistas que siguen emperrados en hacerlo una víctima de la “salvaje opresión” del Gobierno español y un cabeza de turco en el que intentan “cebarse” los tribunales de Justicia españoles. Por eso se están gastando millones de euros en intentar infundir, entre las naciones extranjeras, la idea de que los presos que el juez Llarena mantiene en las cárceles españolas, no lo son por haber cometido delitos comunes de extrema gravedad, sino que los presentan a través de la prensa comprada, las octavillas, los carteles y en todos los medios que se han prestado a ello, como unos “inocentes” a los que se les ha encarcelado ilegalmente, simplemente por defender unas “ideas políticas” sin que existan otros motivos para ello.


Es cierto que, como suele suceder con este Gobierno, que prefiere mantenerse callado, pensando que los problemas se van a solucionar por si solos, que no es preciso una acción de contra información para desmentir a quienes intentan poner, a nuestro país, en una situación comprometida, como si actuase saltándose las leyes comunitarias, infringiendo los derechos fundamentales de aquellos a los que mantiene en prisión y no, como en realidad está sucediendo, aplicando las medidas de nuestro CP por la presunta comisión de una serie de delitos en contra de nuestro ordenamiento jurídico, merecedores de penas de suma gravedad si se demostrara que, en realidad, con sus acciones pasadas han incurrido en ellos.


Nadie en su sano juicio puede pensar que las autoridades catalanas, la alcaldesa, señora Colau, y el señor Torrent, presidente del Parlament, pudieran haber plantado al Rey de España, el Jefe del Estado español en el acto de recibimiento a las puertas del MWC. Una falta de cortesía semejante que fue acompañada por la presencia de manifestantes en las proximidades del recinto del congreso gritando, llevando carteles con consignas contra Felipe VI y haciendo ruido de cacerolas como si se tratase de un político cualquiera y no del Jefe del Estado español que, por cierto, mucho hizo manteniendo la compostura y evitando dar muestras de lo que seguramente estaba pasando por su interior. La señora Colau, en el papel de defensora del PC no supo distinguir entre sus deberes como alcaldesa que la obligaban a recibir al Rey con los honores que le correspondían como Jefe de Estado; fue tan inconsciente que más tarde sí se presentó en la cena que siguió al acto de apertura del MWC, como si nada hubiera pasado y, según se dice, cometió la temeridad de pretender convencer al Rey de que su falta de educación estuvo justificada como represalia al discurso de SM el Rey del pasado mes de octubre. El intento de Colau de justificarse se basó, según sus propias palabras: “En una democracia avanzada (no sabemos lo que entenderá esta agitadora profesional por “democracia avanzada”) cualquier cargo público, el Rey también, ha de poder ser criticado y cuestionado”. Evidentemente la señora Colau se empeña en no saber distinguir entre su derecho como persona de a pie a criticar al Rey, y su perfil, como persona pública, de acatar las formas y protocolos de cortesía a los que tenía obligación de someterse como cualquier otro cargo público de la Administración.


Si el caso de la señora Colau, con ser imperdonable y muestra de que sus antecedentes como plebeya que se siente perdida dentro de una función para la que no ha estado debidamente preparada; el caso de su compañero, el nuevo presidente del Parlamento catalán, señor Torrent, no tuvo desperdicio ya que, a su conducta inexcusable de no haber acudido a recibir al Rey, se unió un comportamiento altanero y desafiante empeñado en exhibir, en presencia de SM, un pin de color amarillo reivindicativo de la puesta en libertad de los presos separatistas que siguen en prisión. Sin embargo sigue siendo Puigdemont el que consigue destacarse entre todos ellos cuando, en un alarde de desvergüenza se atreve a decirle al Rey lo que debe hacer para ser recibido en Cataluña: “El Rey Felipe VI será bienvenido a la república catalana como máxima autoridad de España cuando pida perdón por su papel anticonstitucional el pasado mes de octubre”. El que debiera evitar descuidarse e intentar regresar de matute a su feudo catalán, es él debido a que lo probable sería que si intentase regresar a España iría inmediatamente a hacer compañía a sus anteriores colegas de gobierno.


Y, ante semejante conducta, teniendo en cuenta que todo ello está sucediendo mientras el Estado tiene implantado el Artº 155 de la Constitución con el objetivo, precisamente, de intentar evitar que todos estos intentos de subversión, de ataque a la Constitución, de atentado contra la unidad de España y de evidente desprecio por todas las instituciones españolas, cabe preguntarse: ¿qué está sucediendo en España que nadie reacciona, que todos aparentan no atreverse a tomar medidas radicales que acaben de una vez con un estado de cosas que amenaza gravemente con ir empeorando, mientras los poderes fácticos de la nación se dedican a hacer encaje de bolillos intentando, por todos los medios, congraciarse con los catalanes, lo que incluye el continuar dándoles dinero para infraestructuras, como si estuviéramos a partir de un piñón con los gobernantes catalanes?


Es difícil entender qué es lo que está pasando por la mente de nuestros gobernantes que, después de haber fracasado rotundamente en su intento de poner coto a los desmanes catalanes; de haber conseguido que una parte muy importante de los seguidores del PP hayan abandonado el partido para irse a Ciudadanos o, simplemente, por tener graves diferencias respecto a la forma que han tenido que gobernar e incumplir sus compromisos electorales. Nos cuesta imaginar lo que va a suceder en los próximos comicios si, como está ocurriendo actualmente, a los avances inequívocos del partido del señor Rivera en las sucesivas encuestas que se van publicando en los medios de comunicación, lo único que se les ocurre a los ejecutivos del grupo del señor Rajoy es elevar el grado de tensión con el único partido que les ayuda a mantener el gobierno, perder la compostura insultando y agraviando a sus teóricos socios, sin que, aparentemente se pueda entender cuál es la pretensión que se esconde ante una conducta tan absurda como la que están dando muestras de intentar desarrollar.


O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos cómo se van sucediendo los días y, el tema catalán, en lugar de irse apagando y remitiendo en favor de una disminución de la tensión actualmente existente, da la impresión de que vuelve a entrar en una fase en la que parece que el 155 no existe y que aquellos que, en un principio, se arrugaron cuando se implantó, ya se han dado cuenta de que fue una simple jugada sin otra intención que convocar unas nuevas elecciones que, al fin y al cabo, a quien han beneficiado ha sido al propio independentismo. Es posible que llegue un momento en el que los pacíficos ciudadanos de la derecha o centristas, lleguemos a la conclusión de que se nos lleva de nuevo a una situación como la de 1936, en la que las leyes no eran respetadas, la seguridad ciudadana no se mantenía y las instituciones estaba en manos de anarquistas y extrema izquierda, que las utilizaron para sus propios fines sin que les preocupara lo más mínimo la Ley y el orden. Si nadie se mueve alguien deberá preocuparse de recordarles, a quienes tienen la obligación de defender la unidad de la patria, cuál es su deber.

Colau y Torrent: descortesía y provincianismo

“De casta le viene al galgo, ser rabilargo” refrán español
Miguel Massanet
martes, 27 de febrero de 2018, 07:19 h (CET)

La democracia en algunas ocasiones es capaz de instalar a simples advenedizos en lugares, posiciones, cargos, empleos o destinos para los que es preciso tener una preparación, una cultura general superior a las de un simple plebeyo, amén de unas facultades organizativas, de mando y de entrega a la función que se le encomienda que la sitúen por encima de sus propios ideales políticos, de forma que anteponga a sus intereses personales y de partido, los de la comunidad que le ha sido confiada, a la que se deben y están obligados a cuidar, proteger y mantener en las mejores condiciones de vida posibles, sean los ciudadanos de su mismo partido o del resto de formaciones que integren la comunidad sobre la que ejerce su mandato.


Es obvio que, en una democracia, cuando se acepta pertenecer a ella, los miembros de la misma deben someterse a las normas por las que los mismos ciudadanos, a través de la Constitución o del resto de leyes que hayan acordado darse a través de sus instituciones legislativas, se han comprometido a respetar. Si se trata de un cargo público, cuando se accede a él se obliga a, bajo juramento o promesa, respetar la Constitución del país y se compromete a cumplir con las leyes nacionales. Hasta hace unos años, en España, se respetaban estos principios y se tenían en cuenta, en toda comunidad autonómica o ayuntamiento gobernados por miembros de una determinado color político; las formas y los protocolos establecidos cuando se trataba de recibir a autoridades de otras comunidades, ayuntamientos o del propio Estado; mediante las cuales, por encima de las diferencias ideológicas que pudieran existir entre ellos, estaban las normas de cortesía y buenas maneras destinadas a evitar los lógicos roces y tensiones entre ellos.


Estos días, con motivo de la celebración inaugural del Mobile World Congress, celebrado en la ciudad de Barcelona; un acontecimiento de tipo económico que seguramente le va a reportar a la ciudad catalana una importante inyección de millones de euros con motivo de los cientos de miles de personas, nacionales y del exterior que van a visitar tan magno acontecimiento y que van a dejar su contribución económica en los hoteles, restaurantes, transportes, exposiciones y comercios de la ciudad, que van a salir beneficiados por un congreso de tanta proyección internacional. No obstante, ante la sorpresa general, se han producido varios hechos que pudieran producir que, en años venideros, esta exposición tecnológica de los móviles pudiera desplazarse a otra ciudad de Europa.


En Cataluña parece que sólo los taxistas han tenido el sentido común de aplazar sus diferencias con el Ayuntamiento de Barcelona, trasladando una huelga que tenían prevista para estas fechas a otro momento para evitar el daño que hubieran podido hacer a un acontecimiento que tanto favorece a la mayoría de sectores comerciales, industriales y sociales de la ciudad de Barcelona. Los que se han empeñado en no ceder ni un ápice de sus pretensiones nacionalistas; aquellos que parece que se olvidan de que siguen estando bajo el régimen intervencionista del Artº 155 de la Constitución española; los que siguen sin enterarse de que el señor Puigdemont, en su refugio de Bélgica, está agotando el crédito que le dieron los catalanes; comenzando a convertirse en un problema para aquellos que lo acogieron en la nación belga y un grano en el trasero de los gobernantes belgas, de modo que finalmente, los únicos que parecen interesados en prolongar este disparate político, son aquellos grupos extremistas que siguen emperrados en hacerlo una víctima de la “salvaje opresión” del Gobierno español y un cabeza de turco en el que intentan “cebarse” los tribunales de Justicia españoles. Por eso se están gastando millones de euros en intentar infundir, entre las naciones extranjeras, la idea de que los presos que el juez Llarena mantiene en las cárceles españolas, no lo son por haber cometido delitos comunes de extrema gravedad, sino que los presentan a través de la prensa comprada, las octavillas, los carteles y en todos los medios que se han prestado a ello, como unos “inocentes” a los que se les ha encarcelado ilegalmente, simplemente por defender unas “ideas políticas” sin que existan otros motivos para ello.


Es cierto que, como suele suceder con este Gobierno, que prefiere mantenerse callado, pensando que los problemas se van a solucionar por si solos, que no es preciso una acción de contra información para desmentir a quienes intentan poner, a nuestro país, en una situación comprometida, como si actuase saltándose las leyes comunitarias, infringiendo los derechos fundamentales de aquellos a los que mantiene en prisión y no, como en realidad está sucediendo, aplicando las medidas de nuestro CP por la presunta comisión de una serie de delitos en contra de nuestro ordenamiento jurídico, merecedores de penas de suma gravedad si se demostrara que, en realidad, con sus acciones pasadas han incurrido en ellos.


Nadie en su sano juicio puede pensar que las autoridades catalanas, la alcaldesa, señora Colau, y el señor Torrent, presidente del Parlament, pudieran haber plantado al Rey de España, el Jefe del Estado español en el acto de recibimiento a las puertas del MWC. Una falta de cortesía semejante que fue acompañada por la presencia de manifestantes en las proximidades del recinto del congreso gritando, llevando carteles con consignas contra Felipe VI y haciendo ruido de cacerolas como si se tratase de un político cualquiera y no del Jefe del Estado español que, por cierto, mucho hizo manteniendo la compostura y evitando dar muestras de lo que seguramente estaba pasando por su interior. La señora Colau, en el papel de defensora del PC no supo distinguir entre sus deberes como alcaldesa que la obligaban a recibir al Rey con los honores que le correspondían como Jefe de Estado; fue tan inconsciente que más tarde sí se presentó en la cena que siguió al acto de apertura del MWC, como si nada hubiera pasado y, según se dice, cometió la temeridad de pretender convencer al Rey de que su falta de educación estuvo justificada como represalia al discurso de SM el Rey del pasado mes de octubre. El intento de Colau de justificarse se basó, según sus propias palabras: “En una democracia avanzada (no sabemos lo que entenderá esta agitadora profesional por “democracia avanzada”) cualquier cargo público, el Rey también, ha de poder ser criticado y cuestionado”. Evidentemente la señora Colau se empeña en no saber distinguir entre su derecho como persona de a pie a criticar al Rey, y su perfil, como persona pública, de acatar las formas y protocolos de cortesía a los que tenía obligación de someterse como cualquier otro cargo público de la Administración.


Si el caso de la señora Colau, con ser imperdonable y muestra de que sus antecedentes como plebeya que se siente perdida dentro de una función para la que no ha estado debidamente preparada; el caso de su compañero, el nuevo presidente del Parlamento catalán, señor Torrent, no tuvo desperdicio ya que, a su conducta inexcusable de no haber acudido a recibir al Rey, se unió un comportamiento altanero y desafiante empeñado en exhibir, en presencia de SM, un pin de color amarillo reivindicativo de la puesta en libertad de los presos separatistas que siguen en prisión. Sin embargo sigue siendo Puigdemont el que consigue destacarse entre todos ellos cuando, en un alarde de desvergüenza se atreve a decirle al Rey lo que debe hacer para ser recibido en Cataluña: “El Rey Felipe VI será bienvenido a la república catalana como máxima autoridad de España cuando pida perdón por su papel anticonstitucional el pasado mes de octubre”. El que debiera evitar descuidarse e intentar regresar de matute a su feudo catalán, es él debido a que lo probable sería que si intentase regresar a España iría inmediatamente a hacer compañía a sus anteriores colegas de gobierno.


Y, ante semejante conducta, teniendo en cuenta que todo ello está sucediendo mientras el Estado tiene implantado el Artº 155 de la Constitución con el objetivo, precisamente, de intentar evitar que todos estos intentos de subversión, de ataque a la Constitución, de atentado contra la unidad de España y de evidente desprecio por todas las instituciones españolas, cabe preguntarse: ¿qué está sucediendo en España que nadie reacciona, que todos aparentan no atreverse a tomar medidas radicales que acaben de una vez con un estado de cosas que amenaza gravemente con ir empeorando, mientras los poderes fácticos de la nación se dedican a hacer encaje de bolillos intentando, por todos los medios, congraciarse con los catalanes, lo que incluye el continuar dándoles dinero para infraestructuras, como si estuviéramos a partir de un piñón con los gobernantes catalanes?


Es difícil entender qué es lo que está pasando por la mente de nuestros gobernantes que, después de haber fracasado rotundamente en su intento de poner coto a los desmanes catalanes; de haber conseguido que una parte muy importante de los seguidores del PP hayan abandonado el partido para irse a Ciudadanos o, simplemente, por tener graves diferencias respecto a la forma que han tenido que gobernar e incumplir sus compromisos electorales. Nos cuesta imaginar lo que va a suceder en los próximos comicios si, como está ocurriendo actualmente, a los avances inequívocos del partido del señor Rivera en las sucesivas encuestas que se van publicando en los medios de comunicación, lo único que se les ocurre a los ejecutivos del grupo del señor Rajoy es elevar el grado de tensión con el único partido que les ayuda a mantener el gobierno, perder la compostura insultando y agraviando a sus teóricos socios, sin que, aparentemente se pueda entender cuál es la pretensión que se esconde ante una conducta tan absurda como la que están dando muestras de intentar desarrollar.


O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos cómo se van sucediendo los días y, el tema catalán, en lugar de irse apagando y remitiendo en favor de una disminución de la tensión actualmente existente, da la impresión de que vuelve a entrar en una fase en la que parece que el 155 no existe y que aquellos que, en un principio, se arrugaron cuando se implantó, ya se han dado cuenta de que fue una simple jugada sin otra intención que convocar unas nuevas elecciones que, al fin y al cabo, a quien han beneficiado ha sido al propio independentismo. Es posible que llegue un momento en el que los pacíficos ciudadanos de la derecha o centristas, lleguemos a la conclusión de que se nos lleva de nuevo a una situación como la de 1936, en la que las leyes no eran respetadas, la seguridad ciudadana no se mantenía y las instituciones estaba en manos de anarquistas y extrema izquierda, que las utilizaron para sus propios fines sin que les preocupara lo más mínimo la Ley y el orden. Si nadie se mueve alguien deberá preocuparse de recordarles, a quienes tienen la obligación de defender la unidad de la patria, cuál es su deber.

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