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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   Cataluña   Política   -   Sección:   Opinión

Cataluña intenta desprestigiar a España

¿Hasta qué punto falla la vigilancia?
Miguel Massanet
viernes, 23 de febrero de 2018, 07:23 h (CET)

Resulta lacerante el que continuamente tengamos que estarnos defendiendo de esta pandilla de seudo pacifistas de izquierdas, como sucede con estos desocupados de la AI (Amnistía Internacional), extremadamente preocupados por buscarles justificaciones a todos aquellos que insisten en violar las leyes de las naciones,; unos personajes que, según su criterio de lo que debe ser tolerancia, deberían ser defendidos por los gobiernos de aquellas naciones en las que se pretende romper la convivencia entre sus ciudadanos, actuar en contra de sus leyes democráticas e introducir el germen del asamblearismo populista como sustitutivo válido a cualquier tipo de gobierno ad hoc, democrático y formado en función del apoyo mayoritario de los ciudadanos, trasmitido a través de las urnas por el sistema de las votaciones secretas. Si todas estas sociedades de pretendidos objetivos humanitarios se dedicaran a defender a las personas decentes, a los que cumplen con sus obligaciones civiles, que se atienen a las disposiciones de la Constitución que se dieron mediante referéndum y que desean que les permita trabajar en paz, que se respeten sus libertades y que se les garantice un país en paz y sin malhechores que atenten contra su seguridad, con toda seguridad serían mucho más útiles a la sociedad, mejor aceptadas y, sin duda, menos criticadas por quienes sólo ven en ellas a unos entrometidos que únicamente defienden a aquellos izquierdistas que pretenden conseguir alcanzar el poder por métodos indirectos, mediante la utilización de activistas, agitadores profesionales, perturbadores del orden, vándalos expertos en luchas callejeras e incendiarios de mobiliario urbano, es decir, todos aquellos procedimientos mediante los cuales quiere sustituirse la voluntad popular, expresada a través de las votaciones, por el miedo, el terror, la coacción o la manipulación a través de las falsedades, engaños, promesas imposibles de cumplir o, incluso, valiéndose de maniobras fraudulentas para excitar las ansias de venganza o los sentimientos revanchistas de muchas personas que ya los tenían enterrados en el olvido.


Desde que el tema de la rebelión catalana empezó a convertirse en noticia, a través de la propaganda que, desde el propio “gobern” catalán, se fue divulgando hacia los países de la UE en un intento de internacionalizar lo que, en ningún caso, debería de haber pasado de ser un tema interno de nuestro país; especialmente gracias a las explosivas y e intencionadamente tendenciosas declaraciones de todos los que han huido a otros países por miedo a la Justicia española, aprovechándose de las facilidades que el gobierno Belga y ahora el Suizo, como ha ocurrido en el caso de la cupera Anna Gabriel ( una señora sin ninguna especial significación en este enredo catalán que seguramente ha aprovechado la ocasión para tener su momento de gloria y, de paso, lucrarse de las colectas que sus compañeros de Podemos están haciendo para ayudarla, algo que, por lo visto ha sido un éxito porque ya llevaban recaudados más de medio millón de euros) les han dado para que pudieran informar a los periodistas, todos ellos de inclinaciones de izquierdas que, como era de prever, han aprovechado la ocasión para intentar poner al Gobierno español en una situación embarazosa y desairada.


Con este caso, el de Anna Gabriel, ya son dos los presuntos delincuentes, uno ya imputado y la otra antes, incluso, de que el juez pudiera siquiera oírla, en virtud de la citación que la impulsó a poner tierra de por medio. Esto dos ejemplos nos hacen pensar hasta qué punto falla la vigilancia de todos estos presuntos participantes en el intento de declarar Cataluña como república independiente de la nación española. Acabamos de ver como el magistrado del Supremo, señor Pablo Llarena, ha acabado de tomarle declaración a otra de las posibles protagonistas de este sainete, en el que hubo toda una serie de protagonistas que pensaron que se le podrían subir a las barbas del Gobierno, sin que sus desplantes tuvieran ninguna consecuencia. En efecto, la señora Marta Rovira, considerada como la mano derecha del señor Junqueras, fue sometida a un largo interrogatorio por el juez Llarena sin que, a pesar de la evidencia y el público conocimiento de que tuvo un papel importante en la decisión del señor Puigdemont de no convocar elecciones y proclamar, aunque fuera por unos breves segundos, la República Catalana Independiente, algo a lo que, a tiro pasado, parece que todos pretenden quitarle hierro, alegando que fue simplemente un ensayo sin ningún efecto jurídico; no parece que el señor juez decidiera tomar ninguna medida cautelar alguna aunque si fijó una fianza de 60.000 euros que debería hacer efectiva en unos pocos días. ¿Qué pasaría si no lograra reunir la cantidad requerida o bien decidiera tomar el ejemplo de los que ya huyeron de España?


Dentro del mismo tema, el líder de ERC parece que está intentando todos los recursos para conseguir la libertad o, al menos, en este caso con el apoyo de la escurridiza Ada Colau, que sea trasladado a una prisión de Cataluña en la que, seguramente, se encontraría como en casa. Su abogado ha alegado “indefensión” todavía no sabemos los verdaderos motivos aunque, al parecer, el hecho de tener causas abiertas en el Supremo, en la Audiencia Nacional todo ello agravado por la circunstancia de que existen otros procesos abiertos en otros juzgados de Cataluña que, al parecer, guardan relación con los hechos por los que es juzgado en los dos tribunales antes citados, para el letrado defensor no cabe duda de que: “se trata de la quinta esencia de lo que se ha venido en llamar una causa general focalizada contra el independentismo catalán”. Claro que algo debe alegar el abogado defensor, pero no vemos qué relación se le puede atribuir a un conjunto de delitos penales (lo penal afecta a personas y a sociedades directamente) y no a cuestiones de ideales políticos o cuestiones de contenido político que, como es sabido, los pensamientos y las ideas de por sí no constituyen delito alguno. Cuándo se produce el delito es precisamente cuando la persona decide cometer una infracción penal directamente tipificada en el CP español.


Todos los que han sido imputados y, con toda probabilidad los que quedan que puedan serlo en el futuro, no ha sido, como pretenden demostrar todos ellos, por una cuestión de tendencias políticas o separatistas, sino por acciones punibles concretas, en las que los jueces han apreciado indicios suficientes de distintos delitos que, en particular, se vienen refiriendo a la prevaricación, malversación de caudales públicos, desobediencia, secesión y, en algunos casos, el de revolución; a los que, con toda seguridad, se añadirán otros relativos a la dejación del cumplimiento de su deber si, la cúpula de los mossos de escuadra, acaba también por ser imputada por su comportamiento el día de la votación del 1.O, cuando permitieron que se abrieran los centros de votación en toda Cataluña, a pesar de haber recibido orden en contra del TSJC. La consigna, en la que parecen haberse puesto de acuerdo todos los imputados por los hechos por los que están acusados, en el sentido de negar que intentaron declarar la independencia de Cataluña, limitándose a decir que se trató de un mero acto simbólico sin efecto jurídico alguno, es evidentemente un último intento de demostrar que fue un simple manifiesto sin pretensión alguna de que tuviera ninguna repercusión de índole jurídica ni práctica.


Es evidente que, ni las declaraciones previas a aquel acto en el Parlament Catalán ni las palabras de sus miembros, empezando por la presidenta; ni las bravatas y amenazas de los principales responsables del PDECat o de ERC, han provocado dudas respecto a cuales eran las verdaderas intenciones de aquellos que, equivocados en cuanto a lo que pensaron que sería la reacción del Gobierno y la sorpresa del apoyo, sin fisuras, que recibió del PSOE y de Ciudadanos, que buscaban sin duda inflamar a las multitudes, buscar la invasión de las calles y crear un desbarajuste tal que, el Gobierno, se viera en la necesidad de acudir al apoyo del Ejército lo que, como sería inevitable, seguramente daría lugar a heridos y acaso algún muerto con lo que buscaban conseguir que las naciones que apoyaban al gobierno empezaran a tener dudas respecto a lo que estaba sucediendo en España. Fallaron y, viendo que habían fracaso con su plan, unos huyeron de España, otros se quedaron para afrontar las consecuencias y fueron detenidos y, el resultado de todo ello ha sido que, cada uno de los afectados tiene que utilizar las armas de las que dispone para afrontar, de la mejor forma que se le ocurra, las consecuencias de lo que fue, sin duda alguna, un intento organizado de levantar al pueblo catalán contra el resto de España. Algo que pudo haber ocurrido si, el pueblo español, no hubiera dado señales inequívocas de que, en esta ocasión, no estaba dispuesto a ceder ante las pretensiones de los separatistas catalanes.


Cuesta creer que ahora, cuando los catalanistas empiezan a darse cuenta de que fueron engañados por sus dirigentes y que todo aquello de que serían recibidos con los brazos abiertos por la UE o de que Cataluña se iba a convertir en el lugar donde las inversiones extranjeras iban a entrar a raudales, al tiempo que las naciones europeas iban a pelearse por tener relaciones con el nuevo estado catalán, para convertir a la “nación catalana” en un emporio de riqueza que, en solo unos años, la haría convertirse en uno de los países más ricos de Europa; no han sido más que paparruchas, mentiras, falsedades y bravatas sin sentido que, no sólo han resultado erróneas y equivocadas, sino que los efectos de tal intentona han producido reacciones contrarias de forma que, nada más anunciarse la intentona de separar a Cataluña del resto de España empezaron ( y todavía no han terminado) la huida de las empresas de esta comunidad, un éxodo de cientos y luego miles de sociedades que primero cambiaban su domicilio social fuera de Cataluña ( especialmente en Madrid y Valencia) y posteriormente empezaron a hacerlo con su domicilio fiscal. Quedará por ver lo que va a suceder si, como pretenden los separatistas que no han querido aceptar su derrota, el nuevo gobierno que se elija pretende continuar con sus políticas de enfrentamiento a la nación española o intentan retornar a la situación previa a la aplicación del Artº 155; empeñados en que siguen teniendo posibilidades de conseguir su objetivo. Si ello sucediera, el paso siguiente de todas estas empresas que se han alejado de Cataluña, en lugar de pensar en retornar (creemos que serían pocas las que tomarían esta decisión) lo que sucedería sería que empezarían a trasladar sus centros productivos a otras localidades de España, antes de que sus empresas fueran socializadas, sujetas a arbitrios o tasas insoportables o a exigencias sociales que las convirtieran en poco rentables.


O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no dejamos de sentirnos sorprendidos, aparte de por lo que está sucediendo con los representantes de los distintos partidos en las Cortes españolas, con sus rifirrafes y sus muestras de ser incapaces de entenderse; ante la evidencia de que, el tema catalán, parece que no tiene visos de solucionarse y, por el contrario, el efecto que nos produce es que, unos y otros siguen despistados, lo que puede favorecer, si es que seguimos esta derivada, que todo puede volver al mismo punto en el que se hizo necesario aplicar el 155; con la diferencia de que entonces, los partidos que se consideran constitucionalistas fueron capaces de ponerse de acuerdo, cosa que ahora, cuando parece que ya ha empezado la campaña electoral a más de dos años de las elecciones, es posible que aquel apoyo incondicional al Gobierno no fuera tan fácil de conseguir. Una situación peligrosa.

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