Quantcast
Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto. Noticias y opinión
Viajes y Lugares Display Tienda Diseño Grupo Versión móvil

Opinión

Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   Cataluña   Política   -   Sección:   Opinión

Gracias al tercer poder, los separatistas han sido frenado

Las críticas feroces de los nacionalistas contra lo que ellos definen como judicialización de la política, no son más que la expresión del desencanto por su fracaso gracias a la acción de los tribunales, únicos que han conseguido frenar el intento de romper la unidad de España
Miguel Massanet
lunes, 19 de febrero de 2018, 06:43 h (CET)

Choca escuchar a aquellos que se han puesto las normas constitucionales españolas por montera, que han ignorado los artículos de nuestro Código Penal y que se han declarado como objetores de la legislación española, que se opone a sus intentos separatistas que, según ellos, vienen avalados por lo que ellos intentan vender como un derecho democrático cuando, toda democracia, se basa precisamente en el cumplimiento de las leyes que el pueblo, en este caso todo el pueblo español, decidió darse por una gran mayoría, mediante la aprobación de la Constitución de 1978 felizmente vigente hasta la actualidad. Cualquier intento de incumplir sus normas viene condenado al fracaso, si es que no se siguen los procedimientos que la misma Constitución contiene para su modificación o, incluso, para total renovación. Como siempre, se trataría de respetar la voluntad expresada en las urnas por una mayoría cualificada de los ciudadanos españoles.


Se equivocan, por tanto, todos aquellos que dicen que la política debe quedar al albur de los políticos y que sus deficiencias, errores, distorsiones o formulaciones ilegales deben corregirse mediante la misma política. Los que piensen así se olvidan del principio general que estableció Montesquieu, cuando estableció los tres poderes independientes que todo estado moderno debía respetar: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La verdadera misión que se les dio a cada uno de ellos consistía en la mutua vigilancia, establecida entre los tres de modo que cada uno de ellos se convierte en el vigilante de que los otros dos no puedan actuar sin someterse a las leyes que rigen el funcionamiento de una sociedad democrática. Las actuaciones del ejecutivo deben cumplir con las leyes del legislativo y quien se encarga de que así sea le corresponde al judicial; el legislativo, cuya función es legislar queda controlado por el ejecutivo y, en su caso por el judicial y, finalmente, los tribunales deben acatar las leyes constitucionales que promulga el legislativo y que corresponde al ejecutivo preocuparse de que sea así.


Los que han actuado fuera de la ley o, al menos, hayan sido imputados (ahora investigados) por los tribunales de haberlo hecho, no pueden ser considerados, como los nacionalistas intentan hacer creer, como políticos que cuando han actuado como lo han hecho, nada más pueden ser corregidos desde el ámbito político; precisamente porque en el Código Penal español están contemplados como delitos, algunos de gravedad extrema, aquellas acciones u omisiones que los ciudadanos, especialmente los que ostentan cargos públicos, cometen en el ejercicio de sus funciones, que estén tipificados como delitos en el mentado código. Cualquier intento de confundir a la ciudadanía, información tergiversada y maliciosa que pretenda justificar los intentos de dividir a la nación española o la sola propuesta de desobedecer las leyes estatales o los preceptos constitucionales a la que se de publicidad ya es un delito de incitación a delinquir, igualmente castigado por nuestras leyes penales. ¿Qué los separatistas han desobedecido en incontables ocasiones las sentencias de los tribunales, las leyes estatales y las resoluciones del TC, sin que, aparentemente, nunca se les haya encausado como debiera haber sido? Sí señores, y esto merecería un estudio detallado de los fallos de la acción de la Justicia en cuanto a la obligación de los fiscales de pedir la ejecución de las sentencias, las intromisiones políticas en cuanto a la acción de la justicia y las evidentes anomalías que han permitido que comportamientos que deberían de haber llevado a quienes incurrieron en ellos ante los tribunales, por componendas de tipo político, por querer encubrir actos en los que varios partidos políticos saldrían perjudicados o por simples conveniencias económicas, han dejado de denunciarse, se los ha dejado pudrir entre los montones de legajos de los juzgados y tribunales de Justicia o han sido objeto de misteriosas desapariciones, sin que haya quedado rastro de ellos. Sin embargo, el que haya habido funcionarios corruptos, gobiernos corruptos o instituciones corruptas, no debe ser óbice para que los ciudadanos honestos, las autoridades decentes o el resto de funcionarios, a los que les compete vigilar que la Justicia se aplique, deben esforzarse en que los que no cumplan con su deber reciban su correspondiente castigo.


¿Judicializar la justicia? Esta es la excusa que hoy en día se utiliza, no sólo por las izquierdas, que son las más interesadas en que los jueces no actúen, sino por algunos partidos políticos que siguen interesados en que la inestabilidad siga siendo la principal preocupación de todos los españoles que desean que, el tema catalán, se solvente de una vez y que todos aquellos intentos que han tenido lugar en la comunidad catalana de desobedecer la normativa estatal, sean analizados y, si fuere conveniente para el bien de España y de todos sus ciudadanos, se proceda a corregirlos, enmendarlos y pedir responsabilidades a aquellos que hayan sido responsables de tales irregularidades. Podemos decir que, al menos desde el punto de vista de la ciudadanía, todos los expedientes judiciales que se han ido incoando contra personajes que han formado parte activa de la organización de la revolución catalana en contra de la unidad de la nación, lo han sido justificadamente por la sospecha, casi siempre evidente, de que los inculpados han llevado a cabo evidentes actos en contra de las leyes penales del Estado; han infringido la normativa constitucional y, por si fuera poco, han alardeado, se han ufanado y han declarado públicamente su intención de ir en contra del orden constitucional y a favor de sus intentos de separar a Cataluña del resto de la nación española.


No sabemos cómo calificarían estos defensores de la “República Independiente Catalana” las acciones de su líder el señor Carles Puigdemont, huido con la ayuda de los mossos de escuadra, refugiado en una nación, Bélgica, en la que ejercer la extradición es complicado, al que las autoridades belgas en lugar de imponerle silencio mientras se refugiara en su territorio, han permitido que se ultrajara a la nación española, se injuriara a los jueces, se pusiera en cuestión la higiene y habitabilidad de nuestras cárceles y se le haya acogido con las atenciones más propias de un embajador que de un prófugo que ha cometido el peor delito que se puede cometer en un país: el de secesión y revolución para buscar la independencia de una parte importante de la nación española. Lo que sigue siendo un misterio (aunque cada vez salen más nombres que pueden explicar de dónde salen los euros que financian toda una operación que, evidentemente, debe costar al país cientos de miles de euros) es saber de dónde proceden las ayudas cuantiosas que vienen recibiendo


¿Cientos de miles o millones de los impuestos que pagan los ciudadanos catalanes desviados para subvencionar al expresidente en el exilio? Se habla de que, constituir un gobierno fantasma en el exilio supondría un apoyo de 190.000 euros al mes aparte de los sueldos de los que formaran el nuevo gobierno de la Generalidad, en realidad meras marionetas al servicio y subordinados al control y dirección del señor Puigdemont desde Waterloo, donde está ubicada la costosa vivienda que ha decidido alquilar, con un coste de 4500 euros mensuales, este sujeto que, al parecer no se detiene ante nada, sabiendo que tiene las espaldas forradas por la generosidad de aquellos burgueses catalanes a los que la Guardia Civil viene siguiendo los pasos y que esperamos que pronto sean conocidos de todos los españoles, para que sepamos con quien nos estamos jugando los cuartos. Mientras haya la más mínima probabilidad de que el separatismo catalán o de cualquier otra parte de España pueda volver a intentar lo que han pretendido hacer algunos catalanes, la Justicia española debe permanecer vigilante y dispuesta a agostar el más mínimo intento de volver a las andadas por quienes ahora aparentan reconocer la legalidad de las leyes españolas pero, mucho nos tememos, que se trata simplemente de un truco para reorganizarse y volver cuanto antes a intentar, como han venido haciendo durante los años que llevan en sus intentos desestabilizadores, la jugada que les ha salido mal en esta ocasión. No olvidemos que, lo que están pretendiendo en estos momentos los separatistas, según se desprende de la visita a Suiza de la miembro de la CUP, que debía declarar el miércoles próximo en el TS, la agitadora profesional Anna Gabriel, es internacionalizar los juicios que se celebrarán contra ellos, con el fin de preparar su recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Núremberg.


Hasta ahora se ha conseguido que todos los países europeos y americanos, menos algunas naciones como Venezuela, hayan apoyado la postura del gobierno español. Todos sabemos de la fragilidad del actual gobierno del PP pero ¿estamos seguros de que el PSOE, bajo la batuta de Pedro Sánchez, un sujeto del que no nos deberíamos fiar, muy capaz de que, en un momento determinado provoque el hundimiento del actual Gobierno y, juntamente con Ciudadanos o formando coalición con el resto de la izquierda y los separatistas, consiga formar un gobierno alternativo, en cuyo caso nadie podría asegura que, él que se declaró partidario de una España federal, no llegara a un acuerdo con los catalanes por el que se les atribuyera los traspasos de la Justicia y de una fiscalidad propia con lo que, prácticamente, quedarían en condiciones de dar el siguiente paso consistente en crear su propio ejército y dar el paso definitivo hacia su completa independencia de la nación española.


O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vista la actitud contemplativa de nuestro gobierno, la falta de iniciativa en el tema catalán, su evidente distanciamiento de su apoyo de legislatura el señor Rivera de Ciudadanos, su obsesión por conseguir recuperar a los millones de votantes que abandonaron el partido descontentos, precisamente, por su incompetencia ante el problema catalán , la corrupción que se ha venido tolerando entre sus ejecutivos y el incumplimiento flagrante de sus promesas cuando pedía los votos de los españoles, el 20N, que le fueron concedidos de modo que obtuvo la mayoría absoluta y que, no obstante, no supo aprovechar cuando tuvo la ocasión de reformar las leyes y las instituciones para devolverle al país todo aquello que el gobierno del señor Zapatero se había ocupado de cambiar, como fue el caso del aborto y del matrimonio y adopción de los homosexuales y lesbianas.


Es obvio que el tiempo se le acaba al señor Rajoy si quiere tomar las decisiones que pudieran servir para la revitalización del PP, descargando todo el peso de la corrupción que afecta a los actuales dirigentes, aunque sólo fuera en su obligación “in vigilando” y poniendo al frente del partido y del Gobierno a personas capaces, honestas y sin cuentas pendientes con la Justicia, que pudieran devolver la ilusión a todos los que han abandonado el partido molestos por la inmundicia que se escondía en las letrinas del mismo.

Comentarios
Escribe tu opinión
Comentario (máx. 1.000 caracteres)*
   (*) Obligatorio
Noticias relacionadas

Inexorable Fin de la Farsa del “Sahara Occidental”

En 1975 un pueblo desarmado derrotó al último aliado de Hitler y Mussolini que seguía delirando tres décadas después de la disolución del Eje

Respeto a la Presidencia del Gobierno

'Avanzamos' como eslogan de bienvenida

Y vuelta a las andadas

Golpean el hierro en frío

La inclusión como camino: hacia una construcción de la “diversidad inteligente”

La fórmula debe ser la inclusión como camino del desarrollo

El acto de leer

Dignifica y al dignificar permite que las personas vuelen
 
Quiénes somos  |   Sobre nosotros  |   Contacto  |   Aviso legal  |   Suscríbete a nuestra RSS Síguenos en Linkedin Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Síguenos en Google Plus    |  
© Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris