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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   Cataluña   lengua   -   Sección:   Opinión

¿El castellano en Cataluña? ¿Quién permitió que se aboliese?

La Constitución española no necesita ser interpretada respeto a la vigencia, en todo el territorio español, de la lengua que hablan más de 500 millones de personas: el castellano.
Miguel Massanet
sábado, 17 de febrero de 2018, 12:25 h (CET)

Constitución española de 1978. -Título preliminar-

Artículo 3.

El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.


Si hay alguna persona que pueda dudar de cuáles son las obligaciones de todos los españoles, sin excepción alguna, como es la de conocer el castellano y el derecho a usarlo en cualquier autonomía, ciudad o pueblo de toda nuestra geografía patria, resulta que: o es un ignorante o no se ha leído nunca la Constitución o, y esto todavía resulta más reprobable y menos permisible, se trata de uno de estos separatistas catalanes que utilizan la lengua catalana como un medio para luchar contra España, al intentar imponerla, infringiendo nuestra Carta Magna, como idioma único y excluyente en todo el territorio de Cataluña. ¿Por qué se ha permitido que se llegase a este punto? ¿cuál ha sido la causa de que, en la enseñanza? El Gobierno de la nación, las autoridades autonómicas, los poderes públicos españoles se han dejado atropellar por el catalanismo beligerante, hasta el punto de permitirles eliminarlo, prácticamente, de la educación. Incluso, aún en el mejor de los casos, cuando algún heroico cabeza de familia ha pretendido que los centros de enseñanza -verdaderas ikastolas de adoctrinamiento de la juventud catalana en el independentismo más radical ( los nazis crearon las famosas Napolas de la mano de Himmler donde los jóvenes de pura raza germánica eran formados de acuerdo con la doctrina nacional socialista)- impartan a sus hijos alguna asignatura en castellano ( máximo el 25%) ha tenido, primero, que recurrir a los tribunales para que se obligue a las escuelas públicas catalanas a cumplir la ley. Aún ganando la causa, como siempre sucede, lo único que se consigue es que se destierre a sus vástagos a alguna aula desierta en la que, con suerte, compartirá sus lecciones en castellano con algún otro desterrado como él.


Podríamos decir que, en este caso, la culpa de que en Cataluña el castellano haya sido proscrito ( no se permite, tampoco, rotular en castellano) como si se tratara de la peste, puede repartirse por igual entre el nacionalismo catalán y los sucesivos gobiernos, tanto de socialistas como del PP, que por motivos políticos, para conseguir apoyos para gobernar o por evitar entrar en controversia con los nacionalistas catalanes; han preferido mirar hacia otro lado mientras, con suma habilidad y aprovechándose de los diputados catalanes que forman parte del Parlamento de la nación, han empezado por utilizar el traspaso que se les hizo de la enseñanza para implantar, nolens volens, su régimen especial en el que, como es evidente, no disponía de lugar alguno que ocupar la enseñanza y hasta el uso en los recreos, del idioma español.


Ahora, cuando el Gobierno español, molesto por la deriva que está tomando el desafío separatista, intenta reactivar una situación que parece que no va a tener fin, hablando de la posibilidad de incluir una casilla, en las solicitudes de matriculación de los escolares, mediante la cual se podrá optar a recibir formación en castellano, al menos en cuanto al 25% de las asignaturas lectivas. El señor Puigdemont, instalado cómodamente en su mansión de Waterloo, en Bélgica, monta en cólera y parece decidido no comer ni dejar comer, para asegurarse que no lo van a dejar tirado sus propios seguidores e intenta, a toda costa, crear las situaciones más rocambólicas posibles con la intención de mantenerse en el candelero, evitando que decaiga el ánimo de sus seguidores que contemplan, entre confundidos y embelesados, como su líder, que los dejó abandonados en manos del 155, teje y desteje, como Penélope, este tapiz de la incoherencia y sinrazón, del que se vale para intentar resolver la cuadratura del círculo que, en este caso particular, consiste en pretender gobernar Cataluña desde un millar de kilómetros de distancia de la capital catalana, Barcelona.


Como en tantas otras ocasiones, el Gobierno, en lugar de utilizar el 155 para poner orden en la comunidad catalana, tomando por su cuenta la revisión a fondo de la enseñanza, parece que no está dispuesto a entrar a saco contra esta situación irritante, dominada por maestros y catedráticos completamente adictos a la causa independentista, que ya llevan años dedicados al adoctrinamiento y enseñanza de una historia manipulada, mediante la cual se pretende crear una imagen falsa, distorsionada y antipática de España y sus habitantes que, al menos para los nacionalistas, constituyen el enemigo a batir aunque, para ello, sea necesario crear artificialmente un enfrentamiento con el resto de habitantes de la nación española instalando, entre unos y otros, un sutil muro de odio que, difícilmente, va a poder ser contrarrestado, si no se toman medidas enérgicas encaminadas a destruir esta barrera invisible de desinformación que han conseguido interponer entre los catalanes ( al menos aquellos que han decidido enfrentarse frontalmente al resto de España) y el resto de autonomías ( exceptuando la vasca, que sigue pensando en seguir el ejemplo catalán) hasta que un día salten chispas y lo que, hasta ahora, viene limitándose al ámbito de la política, pudiera llegar a mayores si, como parece que están empeñados en conseguir, los separatistas catalanes decidieran apelar a otros procedimientos menos pacifistas, en cuyo caso, es posible que nos encontráramos ante una situación similar a la que provocó el Alzamiento nacional del 18 de julio de 1936, cuyas consecuencias no es necesario recordar.


Choca la timidez con la que nuestros actuales gobernantes insinúan, aún parece que no lo han decidido en firme, el hecho de que se pudiera recobrar, al menos en parte, la enseñanza en castellano en la autonomía catalana. Es evidente que nunca, bajo ninguna excusa y razón, se debiera de haber permitido que las sucesivas resoluciones del TS y de otros tribunales autonómicos, quedaran incumplidas y sin ejecutar porque, señores, no hubo ningún fiscal que tuviera las narices de pedir que lo ordenado por los tribunales de Justicia se cumpliera en los propios términos que se indicaba en cada una de aquellas resoluciones. Esta es la postura mojigata que ha hecho que, muchos simpatizantes y miembros del PP, hayan decidido retirarles el voto, consternados ante el hecho innegable de que, los actuales dirigentes de la cúpula del partido, hayan decidido ir cediendo, mostrarse complacientes, aceptar imposiciones y dejarse manejar por la oposición demostrando ser incapaces de llevar a cabo una política firme, renovadora, de centro derecha y, por supuesto, defensora sin complejos de la unidad de la nación española aunque, para ello, se tuvieran que enfrentar a quienes están interesados en mantener un gobierno débil, una nación ingobernable y unos separatistas cada vez más crecidos que, si no consiguen adelantar más en sus objetivos, se debe a que, como suele suceder en estos casos, cuando llega el momento de repartirse el botín, es cuando salen a relucir los egoísmos, las disputas, los rifirrafes y, en muchos casos, las rupturas que pueden dar al traste con cualquier alianza, por fuerte que se haya creído que era.


Lo que sucede es que, en ocasiones parece que aquellos que deben interpretar los mandatos constitucionales, por muy doctos que sean, por muy inteligentes y preparados que parezcan y por objetivos que puedan parecer, en el fondo están dominados por ideas, conveniencias, compromisos y servidumbres que les hacen complicar las cosas, hundirse en interpretaciones rebuscadas o intentar crear confusión, de forma que aquello que era meridianamente claro e inteligible acaba convirtiéndose en objeto de trifulcas, disputas y mal entendidos que, a la postre, acaban por convertirse en un dies irae, sin posibilidad alguna de llegar a acuerdos.. Y si tuviéramos que hacer mención especial a un cuerpo que, en medio de todo este rifirrafe entre partidos políticos, sigue trabajando con intensidad, investigando sin desfallecer y consiguiendo resultados evidentemente positivos, sería sin duda del de la Guardia Civil, que siguen sin perder la pista a todos aquellos que tuvieron participación en aquellas actuaciones ilegales del 1.O y que, con perseverancia y tesón, están consiguiendo poner en evidencia a personajes que, desde el back stage del anonimato, son los verdaderos inductores, financieros, asesores y traidores a la patria en la sombra, aunque procuren no aparecer en público. Estos días ya son varios los que han sido nombrados, entre ellos el señor Mainart, un personaje que se ha hecho millonario gracias a los contratos con las TV españolas y que resulta que forma parte de todo este entramado de tipo masónico, que apoya a quienes pretenden convertir el tema de Cataluña en un problema internacional, con el objeto de sacar ventaja de la confusión que puedan crear. Convendría que esta labor de las fuerzas del orden, esta meritoria tarea de investigar las alcantarillas del nacionalismo catalán, fuera dándose a conocer, al efecto de que los simples ciudadanos de a pie sepamos de quien fiarnos y de quien desconfiar y, dentro de nuestras limitaciones, actuar en consecuencia, evitando que quienes se han convertido en traidores a la patria española puedan beneficiarse de nuestras compras o de nuestro consumo de servicios. Es lo que más temen y, en consecuencia, es lo que los ciudadanos, uno a uno, podemos hacer para que paguen económicamente el mal que intentan hacer a la patria.


O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no nos queda más remedio que reclamar, una y otra vez que, por intereses electorales, conveniencias partidistas, apoyos puntuales o cualesquiera otros beneficios que pudiera reportarles a los partidos que defienden la Constitución y la unidad de España, nunca permitan que se dejen de cumplir estrictamente los mandatos constitucionales, que son los únicos capaces de mantener, contra las intrigas y maquinaciones de los que esperan destruir nuestra unidad, que nuestra nación continúe siendo una de las más poderosas de la UE y digna de la brillante trayectoria histórica de tantos siglos de figurar entre las más influyentes y distinguidas de Europa.

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