En la disputa que se está librando respecto a la enmienda del PP, registrada in extremis el martes pasado en el Congreso, para prohibir la posibilidad de que se puedan beneficiar del indulto los que fueran condenados por delitos de rebelión o sedición, algo que cogió con el pie cambiado al PSOE; amenaza con que, dentro del partido dirigido por el señor P. Sánchez, se produzca un debate entre aquellos que pudieran compartir las postura de los populares y otros sectores que, como el PSC, parece que pretenderían dejar abierta la posibilidad de que el indulto se les pudiera también aplicar a los reos de los citados delitos.

Sin duda, se trata de una postura hipócrita que encierra el dejar abierta la puerta para que, en un futuro, posibles repeticiones de los nacionalistas de intenten de nuevo enfrentarse al Estado español en reclamación de la independencia que, en esta ocasión, parecen que no han conseguido, de modo que tuvieran la oportunidad de negociar sus condenas recibiendo el indulto, aquellos delincuentes que incurrieran en delitos de sedición y rebelión; una vez agotadas todas las instancias ante los tribunales de Justicia. Una manera de dar una salida política a unas condenas penales, mediante la apelación a la generosidad del correspondiente gobierno que tendría en su mano el comodín de solucionar situaciones incómodas mediante la concesión de dichos indultos.

No sabemos si, en esta ocasión, como en tantas otras en las que los socialistas catalanes han conseguido forzar la decisión de su partido estatal, van a lograr imponer su criterio en contra de él del resto o de una gran mayoría de afiliados al partido que, a diferencia del partido catalán, siguen pensando que con los separatistas catalanes no hay que tener contemplaciones. En todo caso, los del PSOE deberán tomar en cuenta el coste electoral que pudiera reportarles el adoptar una postura de apoyo a favorecer a unos separatistas condenados por tan graves delitos en los votantes del resto de las comunidades españolas, nada conformes con la actitud desafiante de los catalanes, que pretenden la independencia alegando que el resto de España les roba y argumentando que las aportaciones de Cataluña al resto de España son excesivas y debieran de quedarse para los propios ciudadanos de Cataluña. Resulta curioso como el PSC viene a coincidir en el tema al que nos referimos con las posturas airadas mantenidas por los representantes del PDECat y de ERC, señores Carles Campuzano y Tarda, expresada por el primero con las siguientes palabras: “Puro franquismo” recurriendo al tópico de siempre de la izquierda, que intenta identificar cualquier acto que la derecha española o sus simpatizantes, como la consecuencia de su relación ((imaginaria) con el pasado régimen del general Franco, que ya lleva enterrado en el Valle de los Caídos desde el 20 de noviembre de 1975.

Sospechamos, por los movimientos de algunos de los partidos a los que, últimamente, hemos calificado de constitucionalistas, para diferenciarlos de aquellos que se han pronunciado abiertamente por el separatismo de la comunidad catalana o bien vienen coqueteando con ellos, en un delicado juego de billar a tres bandas, como sería el caso de Podemos, que ha intentado vender los del referendo como un derecho a decidir de los catalanes con el sutil argumento de que, si votaran, seguramente no ganarían la votación; una opinión que podríamos poner en duda y que no sirve como argumento para evitar la posibilidad de caer en la tentación de actuar en contra de la unidad de España y en favor de aquellos traidores que siguen trabajando para conseguir su objetivo, a pesar de que sigue aplicándose el artº 155 y no disponen de un gobierno elegido legalmente. En todo caso, como decíamos, el hecho de que Ciudadanos haya iniciado contactos con Podemos y que la señora “portavoza” del partido, señora Montero, se vaya reuniendo con el señor J.C. Girauta para ponerse de acuerdo respecto a la posible modificación de la Ley Electoral ya, de por sí, pone en cuestión la lealtad del partido de Rivera con el PP y anuncia que la tregua que se ha mantenido, con motivo de la rebelión catalana, no significa que no se estén pergeñando alianzas que pudieran situar al gobierno, en minoría, en situaciones desairadas en los meses venideros.

Por otra parte, la cuestión catalana parece que ha entrado en una fase en la que los tribunales son los únicos que siguen manteniendo su actividad y donde van corriendo los plazos en contra de los intereses de todos aquellos que están imputados ( algunos de ellos en prisión) por su participación en el referéndum ilegal del 9N. La postura de Puigdemont, que sigue sin apearse del burro y manteniendo su pretensión de ser nombrado, a distancia, como presidente de la comunidad catalana y, a la vez, que se cree un gobierno subordinado que sea quien, en Cataluña, asuma las funciones propias del gobierno de la Generalitat, pero siempre subordinadas a las órdenes y decisiones que, desde Bélgica o cualquiera que fuese el país en que acabe refugiándose el gran vudú de los catalanes, les fuera impartiendo. Por si hubiera poca confusión al respecto, la plana mayor de los juristas catalanes que aconsejan a los parlamentarios, después de retrasar sus resoluciones durante más tiempo del que fuere necesario, dada la complejidad del tema a debatir, ha salido por peteneras, diciendo que la suspensión dictada por el señor Torrent, presidente del Parlamento, de la reunión en la que debería tratarse de la investidura del señor Puigdemont, al criterio de los expertos no inicia la cuenta del plazo de dos meses, que es el fijado para que se pudiera nombrar un presidente o bien, concluido el mismo, convocar unas nuevas elecciones.

Mientras, con la aplicación del 155, que seguirá vigente hasta que se constituya un nuevo gobierno para Cataluña, los catalanes siguen en la cuerda floja, sin que tengan un gobierno que se ocupe de los problemas que verdaderamente les afectan y que tienen mucho que ver con el deterioro de su economía, la paralización de las inversiones pendientes de que se aclare cuál va a ser el destino final de esta comunidad y los problemas que han venido afectando a los hoteles y restaurantes a causa de las cancelaciones que se han ido produciendo en función de la situación de inestabilidad y falta de seguridad jurídica por la que está pasando esta comunidad desde que, el 1.O, se produjeron las elecciones autonómicas que siguen siendo las que vienen provocando la falta generalizada de confianza en todos aquellos, inversores incluidos, que de alguna forma están relacionados con dicha comunidad española.

No perdamos de vista a los vascos. A la chita callando, sin hacer mucho ruido pero atentos a todo lo que tiene lugar en la comunidad catalana; ya supieron sacar una buena tajada cuando apoyaron los presupuestos del 2017 y ahora, otra vez en una posición favorable, están pasando la minuta al Gobierno para cobrar el peaje de apoyar de nuevo al gobierno de Rajoy, en los del 2018. A diferencia de los catalanes, los del PNV se mueven dentro de la legalidad y, en esta disposición de ánimo, piden una relación de Euskadi con España de corte confederal. Para ellos se trata de encontrar el medio de encajar constitucionalmente y pactar con el Estado un “derecho a decidir”. Han aprendido de los errores de los separatistas catalanes y han comprobado los resultados, especialmente en el campo de la economía, de adoptar una postura de enfrentamiento. No olvidemos que, desde que el tema de ETA dejó de preocupar a los vascos, también es cierto que se ha ido apagando, en parte, aquel ardor separatista que convirtió a Euskadi en un lugar inhabitable para los españoles y los propios vascos que no comulgaban con aquel separatismo, de corte comunistoide, que estuvo vigente durante muchos años, en la “nación vasca.”

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, seguimos pensando en que es muy probable que, la situación en Cataluña, la liquidación de la resistencia separatista que, en cierta manera, se propuso el Estado cuando aplicó el 155 y, la neutralización del peligro de que la situación que nos ha tenido en vilo durante los pasados meses vuelva a repetirse dentro de unos meses, un año o dos; no van a resultar tan fáciles como se nos vendía desde la Moncloa y es muy probable que acabemos cerrando, este contencioso, en falso; algo que sería lo peor que le podría pasar a España que, sigue en peligro de que la debilidad del gobierno del PP acabe con su caída; lo que podría favorecer que ascendiera al poder algún partido que no sienta la misma devoción por la actual Constitución y se avenga a caer en la tentación de ceder ante las presiones de quienes tienen la intención de acabar con España, algo mucho más fácil de lo que algunos pudieran imaginar.