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Omar Salinas García
El otro hemisferio
Omar Salinas García nació el 2 de noviembre de 1989 en la ciudad de Tepic, Nayarit (México). Actualmente radica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco (México). Es estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara.

Sus aportaciones a la opinión pública han sido difundidas en medios impresos locales como comentarios de lector; de ahí su interés por profundizar en la creación de artículos que generen un debate y conciencia pública sobre el acontecer actual de México, principalmente, así como de Latinoamérica. Sus áreas de interés están relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos y el desarrollo social a través de reformas a las políticas públicas.

Ha sido coordinador de muestras culturales indígenas donde se busca la inserción de estos grupos en la política nacional. Hoy en día, además de dedicar su tiempo a los estudios académicos, busca la generación de proyectos de desarrollo sustentable en comunidades marginadas de México, así como la especialización en temas contemporáneos sobre América Latina y su impacto e influencia como región a nivel global.

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Omar Salinas García
Últimos textos publicados
El colapso nacional
Más de 3 mil de desapariciones forzadas desde 2006
Cada semana se cuentan entre 250 y 300 víctimas mortales de la violencia. El 25% de las ciudades más violentas del mundo son mexicanas; el primer lugar lo ocupa Ciudad Juárez, en Chihuahua. En 2011, la cifra de extranjeros asesinados asciende a 111. Se contabilizan aproximadamente 40 mil muertos en cuatro años. Y esta cifra sigue aumentando.

Estos son los resultados (o daños colaterales en palabras del Presidente de la República), hasta hoy, de lo que a principios de su administración Felipe Calderón denominó “la guerra contra el narco”, una “estrategia” que según él “vendría a terminar con el narcotráfico en México, convirtiendo al país en un lugar más seguro con mejores condiciones para vivir”. Contrastante el discurso con la realidad que habita en cada ciudad del país. Y es que esa realidad que vivimos y observamos día a día es la peor que pudiera estar presenciando el país. Indiscutiblemente esta es una crisis política y social que está llevando al país a niveles inimaginables de violencia, inseguridad, violación a los derechos humanos y rompimiento del tejido social; de igual forma está conduciendo a una desesperación de la ciudadanía, la cual se siente impotente ante la reacción tibia y mediocre de las autoridades de cualquier nivel. Lo sociedad mexicana no es la misma de hace 10 ó 20 años, hoy en día sienten la ofensa de los discursos cínicos y burlescos del mandatario mexicano que manchan la memoria de todas las víctimas inocentes del crimen organizado; no se olvide el rencor y repudio hacia los políticos que poco o nada hacen por buscar una solución a esta situación, pero que se dedican a fortalecer sus grupos de interés y a crear campañas políticas con miras hacia las elecciones presidenciales del 2012, como si únicamente importara el futuro y no el presente. Desafortunadamente, el gobierno mexicano ha conducido a un colapso político y social que está desmoronando al país, ejerciendo acciones que parecieran condenar a la sociedad a vivir en el miedo y en la frustración; sólo basta hacer referencia a los cientos de desapariciones de periodistas, que en su pleno y libre ejercicio periodístico han sido “callados” de formas poco “democráticas” para un país que se dice serlo. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el año 2000 se han contabilizado 66 homicidios de comunicadores, 12 desapariciones y 18 ataques en contra de instalaciones de medios de comunicación; por su parte, de 2000 a 2010 el mismo organismo ha recabado 608 quejas por agravios a periodistas. Para el gobierno federal es fácil y cómodo adjudicar estos ataques al crimen organizado, sin embargo no es creíble que la censura a la información y la violación al derecho de ser informados esté al cien por ciento a cargo de los grupos delictivos, toda vez que existen contradicciones entre la información oficial y lo que verdaderamente acontece.

A toda luz, la estrategia de militarización del gobierno de Felipe Calderón ha sido un fracaso generalizado, que sólo ha incrementado la violencia y las transgresiones por parte del Ejército Mexicano a civiles, todo en aras de “combatir el crimen organizado en México para que vivamos mejor”. El no aceptar que es una estrategia fallida elevó la incapacidad del gobierno federal de ejecutar acciones que verdaderamente contribuyeran a desmantelar a los cárteles de la droga, así como todo su sistema operativo y a detener a todos aquellos involucrados que participan en este negocio que se ha vuelto cada vez más lucrativo; el problema radica en que al momento de realizar las investigaciones necesarias y aprehensiones, saldrían a la luz cientos de nombres de políticos, funcionarios públicos y empresarios que cooperan con el narcotráfico, principalmente al tratarse del lavado de dinero. Desde los inicios de la administración de Calderón, éste sea dedicado a encauzar una buena parte del presupuesto federal a las dependencias encargadas de la seguridad nacional: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública. Tan sólo para este año, se destinaron en conjunto a estas tres dependencias casi 100 mil millones de pesos, lo que contrapesa con lo que se destinó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que apenas logró un incremente de alrededor del 7% con 48 mil millones de pesos. Estas cifras son testigo de que la estrategia no está funcionando, puesto que existen miles de jóvenes que quedan fuera de las escuelas y no tienen oportunidades ni para estudiar ni para trabajar, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad para ser presa fácil del crimen organizado, invitándolos éste a unirse a sus filas como sicarios, secuestradores, repartidores de mercancía o para realizar robos de autos, por dichas actividades pueden recibir un sueldo semanal que oscila entre los 500 y los 2,500 pesos. En un país donde existen casi 55 millones de pobres (4.8 millones por ingreso y 35.2 millones con carencias sociales), y donde el 43% de los jóvenes entre 12 y 29 años viven con carencias y en situaciones de pobreza multidimensional, de acuerdo a los datos presentados por el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social (Coneval), es entendible que busquen cualquier tipo de “trabajo” para obtener ingresos y de esta manera sobrevivir.

Cabe señalar, además, que durante el tiempo que lleva la “guerra contra el narco”, ésta ha provocado el desplazamiento de alrededor de 230,000 personas, según datos del informe “México: desplazamiento forzado a consecuencia de la violencia de los cárteles de la droga” del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC por sus siglas en inglés). Esta migración forzada se dirige hacia estados de la República “más tranquilos” o hacia Estados Unidos, principalmente. Los estados que más gente han desplazado por la violencia son Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa y Michoacán. Este fenómeno ha causado estragos especialmente en lo que a economía se refiere, puesto que en muchas ocasiones ciudades o municipios completos se han ido quedando solos, sin gente que trabaje la tierra, pague impuestos o haga consumos de bienes y servicios. Todo esto sucede sin que el gobierno haga algo para proteger a estas personas que buscan un refugio y hogar en otra región.

Los movimientos ciudadanos con lemas como “No más sangre” , “Por un México sin violencia” o “Estamos hasta la madre”, son un signo de reclamo hacia el gobierno federal por su pésima actuación ante la ola de violencia y por estrategia fallida de militarización del país; estos movimientos sociales son un grito desesperado de los mexicanos proclamando un “¡Ya basta!” a los abusos cometidos por el Ejército, a los asesinatos de personas inocentes que se encontraban en medio del fuego cruzado, a los levantones, a los asesinatos de jóvenes y niños cuya única culpa es haber crecido en un sistema político putrefacto; es un llamado para frenar las intransigencias de los políticos que sólo están al servicio del mejor postor, es un grito en altavoz para terminar con esta guerra que, con justa razón, se ha denominado imbécil e inhumana. Toda la ciudadanía pide, en unísono, un cese al fuego y una pacificación del país, porque por controvertido que parezca, México vive en estos momentos una guerra interna y, quizás, la lucha más sangrienta y desgastadora que pudiera estar descrita en la historia nacional. El reclamo de la sociedad apuesta por mejorar la educación y los espacios públicos para la niñez y la juventud, porque aunque exista un presupuesto exuberante para la educación, como el destinado para este año 2011 a la Secretaría de Educación Pública de 230 mil 360 millones de pesos, hace falta más infraestructura, más impulso a la investigación, capacitación, innovación educativa y, por supuesto, más fiscalización de los recursos para que no terminen en manos de las élites educativas, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Aunque en el gobierno federal recae la mayor parte de la responsabilidad de este colapso político y social nacional, también es necesario repartir esa responsabilidad a todos los grupos del país, llámese clase empresarial, partidos políticos, medios de comunicación y por supuesto a la propia sociedad. Es cierto que enfrentamos una de las peores crisis como nación, donde el miedo y la desesperación se sienten a cada paso, pero también es cierto que como personas y como sociedad civil tenemos la capacidad de organizarnos, de solidarizarnos con aquellos que han sufrido desgracias, de llevar en la memoria a las miles de personas inocentes que han muerto a causa de los “daños colaterales” de esta guerra infructífera y desgarradora; es necesario que como mexicanos demos un paso adelante y dejemos a un lado el imperativo que nos caracteriza como “sociedad con memoria de corto plazo”, donde fácilmente se nos olvida lo sucedido. Tenemos el deber de participar como ciudadanos en la construcción de la paz de México, y de tal forma, podemos exigir a nuestros gobernantes un respeto y una consolidación del desarrollo que beneficie a todos, puesto que en cada situación de injusticia, de discriminación, de rechazo, impunidad, intransigencia y corrupción deberá estar la palabra y la voz unida de todos los mexicanos y exclamar ¡Ya basta!

miércoles, 27 de abril de 2011.
 
¿Quién tiene el poder en México?
Omar Salinas
En los últimos meses se ha hecho referencia a que si existe o no en México una “narcoinsurgencia”, esto es, que los cárteles de la droga estén buscando obtener el control político y social del país mediante los secuestros, levantones y explosiones. Los puntos de vista y análisis al respecto son muy diversos, ya que existen diferentes factores a tomar en cuenta para dicha denominación. Sin embargo, lo que sí es una realidad es la pérdida de poder por parte del Gobierno Federal para combatir a los narcotraficantes. La realidad mexicana se vuelve cada día más sangrienta y desoladora; por su parte, la estrategia del gobierno es combatir la violencia con más violencia. Claramente dicha estrategia no ha funcionado. Según datos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), en México se han asesinado alrededor de 28,000 personas en lo que va de 2006, cuando tomó posesión como presidente Felipe Calderón, hasta finales del 2010; estas muertes de personas inocentes son a causa de lo que en determinando momento del presidente Calderón denominó “los daños colaterales de la guerra contra el narcotráfico”. Pese a dicha cifra oficial, según datos de otras organizaciones e instituciones ciudadanas, los asesinatos de población civil ascienden a 34,000 en un lapso de 4 años.

Indiscutiblemente la tensa situación de inseguridad y violación constante de los derechos humanos que se vive en México, ha sido un factor clave para que se vea con preocupación las fallidas estrategias de un gobierno que tiene fuera de su control al narcotráfico; se ha llegado a un estado donde la sociedad vive violentada y que, desafortunadamente, se está acostumbrando al contexto actual que se vive. Cuando pensamos y reflexionamos en quien es el que verdaderamente tiene el poder en México, si el narcotráfico o las autoridades, las evidencias señalan que cada día el narcotráfico está permeando en todas las esferas de la vida pública del país: es parte de las negociaciones políticas en tiempos electorales, sirve de herramienta para infundir miedo en la sociedad cuando exigen rescates por secuestros, que por si fuera poco muchos de estos se realizan a través de las cárceles del país donde evidentemente tendría que tener un control y vigilancia las autoridades mexicanas; se ha adueñado de ciudades y pueblos al cobrar “derecho de piso”, principalmente a comerciantes, para que se pueda seguir con una “vida normal”. Ante tales hechos nuestra conclusión sería que quien ostenta el poder es el narcotráfico. La estructura económica, e incluso hasta política, que tienen los miembros de los cárteles de la droga ha superado por mucho a las estrategias de “guerra” que ha empleado el gobierno federal para combatirlos; el lavado de dinero es el pilar de la estructura económica con la cual el “narco” puede financiar todas sus actividades, aunque últimamente el secuestro se ha convertido en un negocio rentable para ellos, ya que también pueden obtener jugosas ganancias por estos crímenes. Otro factor importante que facilita las acciones del “narco” es el tráfico de armas que pasa por la frontera norte de México pero que provienen, principalmente, del gran vecino Estados Unidos. En lo que va del periodo presidencial de Felipe Calderón, la relación bilateral México-EEUU se ha basado específicamente en la seguridad de ambas partes, y es que Estados Unidos comenzó a ver la situación de inseguridad en México como un asunto prioritario para su agenda de seguridad nacional, porque dichas olas de violencia podrían traspasar las fronteras y llegar a ciudades americanas. La violencia ha tenido una importante presencia en la frontera norte, pero además ha tenido como víctimas ciudadanos estadounidenses, lo cual ha empeorado la relación bilateral, misma que se ha basado en una retórica de cooperación mutua y de reconocimiento hacia el gobierno federal mexicano por su decisivo combate al crimen organizado. Además, en numerosas ocasiones el gobierno estadounidense ha manifestado su preocupación porque pareciera ser que México está padeciendo una “colombianización”, debido al grado de violencia e inseguridad que se puede observar en cada rincón del país; pero a diferencia de Colombia, donde se puso en marcha el Plan Colombia, en México la Iniciativa Mérida por la cual Estados Unidos pretendía tener una influencia directa sobre las autoridades y acciones del gobierno, no ha funcionado ni ha tenido resultados concretos.

Por muchos discursos que pronuncie el mandatario mexicano y aunque enaltezca, con exageraciones, el estado de tranquilidad que se vive en México, comparándolo con ciudades europeas como lo hizo en días pasados, los mexicanos sabemos que la realidad es distinta; nos encontramos en un México ingobernable donde el poder está en manos del crimen organizado, puesto que los planes y maniobras del gobierno mexicano sólo han servido para dos cosas: evidenciar la debilidad de las autoridades y dejar a la luz que, aunque se capturen jefes de cárteles, sicarios o delincuentes, el narcotráfico sigue mandando en el país y sigue controlando el territorio mexicano.

miércoles, 2 de marzo de 2011.
 
América Latina y los Objetivos del Milenio
Omar Salinas
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, implementados en el año 2000 y con una meta de cumplimiento para el 2015, significaron un gran avance en materia de cooperación internacional para el desarrollo, puesto que el objetivo central es ayudar a que las naciones menos desarrolladas puedan satisfacer sus necesidades básicas así como ejercer los derechos con los que cuenta cualquier persona en todo el mundo. Recordemos que dichos objetivos tienen su enfoque en erradicar la pobreza en conjunto con el hambre, educación universal, empleos dignos, salud y vivienda, cuidado materno-infantil, y la preservación del medio ambiente.

Al adoptarse el compromiso de la “Declaración del Milenio”, América Latina como una de las regiones más desiguales del planeta, ha tenido avances significativos, pero que desafortunadamente están lejos de la meta, especialmente porque nos encontramos a cuatro años de la fecha en que se deberían de cumplir los objetivos; además, los efectos de la crisis financiera internacional de 2008 han impedido que las acciones por cumplir los Objetivos del Milenio tengan los mismos resultados positivos, concretamente en el tema de la pobreza. El mayor reto de los Objetivos del Milenio es reducir a la mitad la pobreza mundial para 2015.

El peor año para América Latina fue el 2009. De acuerdo con el “Panorama social de América Latina 2010”, informe emitido por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en año crítico para las finanzas mundiales, la tasa de ocupación en la región descendió del 55.1% al 54.6%, mientras que la tasa de desempleo se ubicó en el 8.2%; por su parte, la pobreza alcanzó el 33.1%, equivalente a 180 millones de personas en esta situación. Ahora bien, el problema no radica solamente en estas cifras, sino en que la situación de mejoría ha sido demasiado lenta y los signos de recuperación y logro de los objetivos apenas son visibles. Según la Secretaria de la CEPAL, Alicia Bárcena, los resultados de 2010 son que un 32.1% de los habitantes de Latinoamérica siguen viviendo en pobreza, y aunque porcentualmente parece una cifra menor a la del año anterior, en número reales la pobreza sigue estática; se terminó el 2010 con 180 millones de personas en condiciones de pobreza, de una población total de poco más de 580 millones de latinoamericanos. Lo anterior significa que si la cifra sigue estable, para el 2015 tendría que haber 90 millones de pobres menos. A la par, la tasa de desempleo se ubicó en 7.6% y sólo 276 millones de personas se ubicaron como población económicamente activa. En el campo de la salud también se observan avances generales; por ejemplo, en el quinquenio de 2000-2005 existió una tasa de mortalidad infantil de 21.8%, logrando reducirla hasta el 18.9% en el periodo 2005-2010, todo ello de acuerdo a los informes de la CEPAL.

Ciertamente son reconocibles los logros que se han tenido con el fin de llegar al cumplimiento de los Objetivos del Milenio, sin embargo la situación cambia cuando fragmentamos la región y analizamos a cada país; los más estancados en el cumplimiento de los objetivos, en su mayoría, son los países del Caribe, como el caso de Haití, y de Centroamérica. A pesar de que en 2010 comenzaron a restablecerse ligeramente las economías latinoamericanas, unas más que otras, el sector social sigue severamente perjudicado en cuestiones de infraestructura hospitalaria y educativa, principalmente.
Si pensamos en que es muy poco tiempo el que falta para cumplir con los objetivos y mucho lo que se debe mejorar, indiscutiblemente encontramos que no se llegará a la meta.

Sin embargo, es necesaria la conciliación de voluntades políticas y unificación de intereses para que se pueda lograr un avance importante de aquí al 2015. Cabe señalar que este proceso se basa en la cooperación interregional, donde el desarrollo sea el eje rector de todos los proyectos y acciones que se emprendan, encabezados por los países considerados “motores” de América Latina, como es el caso de Brasil o México. Difícilmente se podrá llegar victorioso al 2015 si no se establecen mecanismos de cooperación, ya que los problemas que aquejan a la región son los mismos en cualquier país, sólo que con diferente intensidad; mientras cada país trabaje de forma aislada, el desarrollo del mismo quedará estancado y con un mayor rezago social y económico.

jueves, 3 de febrero de 2011.
 
 
Fuera del plan: la migración en el olvido
Omar Salinas
viernes, 14 de enero de 2011.
 
COP16: el ultimátum
Omar Salinas
jueves, 9 de diciembre de 2010.
 
Y a propósito del Centenario de la Revolución Mexicana…
Omar Salinas
jueves, 18 de noviembre de 2010.
 
México-Centroamérica. La frontera olvidada
Omar Salinas García
jueves, 28 de octubre de 2010.
 
Democracia a la mexicana
Omar Salinas García
miércoles, 20 de octubre de 2010.
 
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