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Antonio Valenciano Sal
Antonio Valenciano Sal, Presidente de la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador. Abogado Laboralista. Autor. Doctorando de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Valencia.

Email: asociacion@andet.org
Antonio Valenciano Sal
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Partido Popular: Fraude, Torpeza y Derecho Laboral
Queridos lectores, el Estado de Derecho se acaba…
El pasado 1 de agosto de 2013, el presidente del Gobierno aseguraba en sede parlamentaria que “…desde hace cuatro años, el Sr. Bárcenas ya no es tesorero del Partido Popular, y que desde hace más de tres no ostenta ninguna representación política, ni siquiera militancia en ese partido…”.

Asimismo, el pasado mes de febrero la Secretaria General del Partido Popular aseguró acerca del “caso Bárcenas” que “el anterior tesorero del Partido Popular (Bárcenas) dejó de ser tesorero del Partido Popular y de tener ningún tipo de relación laboral ni de prestar servicio alguno a este partido desde abril del año 2010” y continuó asegurando que “La indemnización que se pactó, fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación, o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una...de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido, ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la seguridad social, ¿verdad?, pos aquí que, se quiso, se quiso hacer como hay que hacerlo, es decir con la retención a la seguridad social”.

El fatídico mes de febrero para el Partido Popular continuaba con la intervención del vicesecretario de Organización y Electoral del PP, quien además de insistir en que la relación laboral con el señor Bárcenas se extinguió en el año 2010, aseguró que el acuerdo del despido consistía en el "pago de una indemnización que se iba a hacer mensualmente y el abono de los gastos de la Seguridad Social, lo cual no es ni la primera vez que se hace ni supongo que será la última", situación que se encuentra prohibida de forma expresa por la Ley.

No obstante lo anterior y por si fuera poco, el diario El Mundo desvela este fin de semana que Luis Bárcenas seguía manteniendo una relación laboral con el Partido Popular que abarca desde marzo de 1982 hasta como mínimo el mes de mayo de 2012, ostentando la categoría profesional de licenciado y percibiendo por ello un salario que se desglosa del siguiente modo: 1.140,06 euros de salario base; 432,90 euros en concepto de antigüedad; 39,80 en salario en especie; 2.734,25 por plus de puesto de trabajo; y 13.050 en concepto de incentivos, un total de 18.297,01 euros brutos.

En esta misma línea, la vida laboral de Bárcenas publicada en el mes de junio ya recogía que el Partido Popular mantuvo a sueldo a su extesorero hasta marzo de 2013, de lo que se infiere que la relación laboral entre el Partido Popular se encuentra tan acreditada que ni tan siquiera haría falta recurrir a las ya conocidas notas de ajenidad, dependencia, actividad remunerada de carácter personal y voluntario que configuran la existencia de una relación laboral a tenor del art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Tras este fragrante fraude por parte del Partido Popular, un servidor se pregunta con qué legitimidad el Ministerio de Empleo pone en funcionamiento el ya conocido “buzón de lucha contra el fraude laboral”, en tanto que el mayor fraude en el ámbito laboral y fiscal se ha llevado a cabo desde las mimas entrañas del Gobierno que ahora pide a sus ciudadanos que se conviertan en verdaderos espías, vulnerando no solo el artículo 13 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social que establece literalmente que “No se tramitarán las denuncias anónimas…”, sino que además supone la vulneración de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, cuyo comportamiento responde a un estado policial, cuasi totalitario; comportamiento, inverosímilmente aprobado y justificado por el propio Director General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

Parece razonable entender por tanto, que además de la cascada de falacias vertidas por el Partido Popular y por el propio Gobierno en su integridad, nos encontramos ante un claro fraude de Ley desde al menos dos vertientes: desde una perspectiva estrictamente laboral, en tanto que el Sr. Bárcenas mantuvo una relación laboral con el Partido Popular hasta marzo de 2013, y que a principios del presente año tuvo lugar un despido, que a tenor de lo estipulado en nuestro ordenamiento jurídico, parece previsible que éste, sea finalmente tildado de improcedente ante la ausencia de carta y por tanto, de justificación alguna del mismo; y desde una perspectiva en materia de seguridad social, en tanto que a pesar de lo evidente que resulta y lo acreditado que se encuentra, que las cotizaciones abonadas por el Partido Popular y por el señor Bárcenas fueron consecuencia de una relación laboral aún vigente, posteriormente dicho partido asegura que se trata de unas cotizaciones como consecuencia de un “pacto” mediante el que se acordó el “pago de una indemnización que se iba a hacer mensualmente y el abono de los gastos de la Seguridad Social”, situación que además de encontrarse taxativamente prohibida por la Ley, ha de señalarse que dichas situaciones llevan aparejada una tributación y una carga fiscal muy diferente, por lo que además podríamos encontrarnos igualmente ante una operación que en su concepción, resulta muy próxima al fraude incluso de carácter fiscal.

En definitiva, mientras que de una parte se sostiene que se trata del abono de los haberes propios de una relación laboral y de otra se entiende que se trata de una “indemnización por despido en diferido”, la realidad es que las cantidades abonadas por el Partido Popular a Bárcenas, no dejan de salir del erario público, en tanto que la financiación pública de los partidos políticos es la predominante, y resulta escandaloso cuando no delictivo, un desembolso de 18.297,01 euros brutos mensuales a cambio de nada, que es el único punto en que coinciden ambas versiones.

Resulta absolutamente repulsivo, no solo el desconocimiento por parte del Ministerio de Empleo y de su representante (la ministra Báñez, el Director General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social…) “competentes” en materia de empleo y de la Seguridad Social, sino que resulta aún más abominable si cabe, el desprecio con el que el actual Gobierno trata a las normas que ellos mismos han decidido aprobar, sin consenso alguno y a las propias instituciones públicas. A la vista de lo expuesto, resulta evidente la incapacidad y falta de legitimidad del actual Gobierno para llevar a cabo una nueva reforma laboral tal y como está previsto para el próximo mes de septiembre.

Queridos lectores, el Estado de Derecho se acaba…

lunes, 12 de agosto de 2013.
 
"El fraude del buzón de denuncia laboral”
La medida llama la atención al ser contraria a lo establecido en el ordenamiento jurídico español
La Ministra de Empleo, Fátima Báñez anunció el pasado lunes 5 de agosto de 2013 a bombo y platillo en una carta abierta a los medios de comunicación, la puesta en funcionamiento de un “Buzón de lucha contra el fraude laboral” de alcance nacional con el objetivo de recabar y vehicular denuncias de carácter anónimo y por un mecanismo informal en materias que son competencia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, principalmente aquellas relacionadas con el fraude en el ámbito laboral.

No obstante, la medida llama la atención al ser contraria a lo establecido en el ordenamiento jurídico español, en tanto que el art. 13 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social establece literalmente que “No se tramitarán las denuncias anónimas…”, debiendo presentarse por tanto, debidamente identificadas por el denunciante.

En este sentido, quedan vulnerados igualmente y deliberadamente el derecho de los denunciados en relación al conocimiento del expediente sancionador y el principio de acceso permanente, a la notificación de los hechos que se pudieran estar imputando, de las infracciones que tales hechos pudieran constituir y de las sanciones que pudieran corresponder, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que le atribuya tal competencia.

Ante dicha situación, que supone la vulneración de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, cuyo comportamiento responde a un estado policial, cuasi totalitario, la Asociación que tengo el honor de presidir, decide presentar unadenuncia ante la Fiscalía General del Estado.

No tarda en responder la representación de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social mediante un comunicado de prensa, quien asegura que “Las denuncias que no reúnan estos requisitos no podrán ser tramitadas, sin perjuicio de que los Jefes de Inspección, de acuerdo con la información que hayan podido obtener y tras su correspondiente análisis, puedan ordenar la realización de una inspección a un sujeto concreto”, o lo que es lo mismo, reconoce que no podrán admitirse a trámite aquellas denuncias presentadas con carácter anónimo aunque dicha información será utilizada por los Inspectores a fin de llevar a cabo una investigación a un sujeto concreto.

Por si no fuera suficientemente grave el reconocimiento de la ilegalidad llevada a cabo por el propio Ministerio de Empleo por parte de la representación de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, éste se aviene a comparar, en relación al modo de recabar información, ni más ni menos, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en general, lo que resulta del todo inadmisible e intolerable en un Estado de Derecho.

Asimismo, continúa recordando que “La Inspección de Trabajo y Seguridad Social actuará de oficio siempre, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos, por propia iniciativa, o en virtud de denuncia, todo ello en los términos que reglamentariamente se determinen”, lo que quien suscribe entiende que el conflictivo “buzón de lucha contra el fraude laboral” se ha creado como “método de caza” y que posteriormente, las denuncias y/o expedientes sancionadores no serán iniciados a instancia de parte (tal y como sucedería ante cualquier tipo de denuncia) sino que serán promovidos de oficio, a pesar de haber sido una fuente ciudadana (es decir, a instancia de parte) quien ha dado a conocer al órgano administrativo una situación concreta, lo que claramente deviene en la tramitación de un procedimiento nulo por encontrarse claramente en fraude de Ley.

En definitiva, quien suscribe entiende que se trata de una medida que vulnera claramente la legislación española ya que la misma prohíbe taxativamente la medida adoptada por el propio Ministerio de Empleo; ilegalidad reconocida y respaldada por la propia representación de la Inspección de Trabajo, quien establece una comparativa en su ámbito de actuación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuya pretensión no es otra que la creación de un Estado policial, cuasi totalitario, que pretende recabar información de determinados ciudadanos (verdadera o falsa) a fin de llevar a cabo la apertura de oficio, de expedientes sancionadores absolutamente arbitrarios, situación que desgraciadamente suma a la decadencia del Estado de Derecho en la que se encuentran actualmente inmersas las instituciones públicas, decadencia que vienen sufriendo los trabajadores y en general los ciudadanos españoles.
jueves, 8 de agosto de 2013.
 
 
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