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Antoni Leiva
Batallas Reflexivas
Antoni Leiva
Así, están atentando contra su naturaleza
¿Es legítimo que los partidos políticos prioricen sus intereses partidistas a los del país? Evidentemente no lo es, fundamentalmente por cinco motivos: en primer lugar, porque los partidos políticos son un instrumento y no un fin en sí mismo; en segundo lugar, porque implica malgastar recursos; en tercer lugar, porque conlleva derrochar tiempo; en cuarto lugar, porque no es ético; y en quinto lugar, porque pueden acabar adoptando medidas que solo resultarían beneficiosas para ellos.

Un partido político es un instrumento, o lo que es lo mismo, es la plataforma necesaria para la búsqueda de unos fines políticos determinados. Cada partido político, según su ideología y principios, marca sus propias metas. En cualquier caso, es evidente que éstos no son un fin en sí mismo, es decir, no se construyen y una vez registrados ya ha finalizado su actividad o cualquier tipo de acción relacionada. Por ejemplo, un partido liberal tiene el objetivo de reducir el aparato estatal en beneficio de la ciudadanía, es decir, su meta es lograr que la sociedad civil recupere soberanía mientras se reduce la estructura estatal. No sería razonable que el objetivo explícito de estos partidos fuera aumentar su tamaño. Únicamente sería aceptable si éste fuera un medio para poder tener más capacidad de impacto o de transmisión de ideas.

Así pues, cuando los partidos políticos priorizan sus intereses a los del país están atentando contra su naturaleza. Es decir, no están siendo fieles a su finalidad real, y en efecto, acaban adoptando nuevos objetivos ficticios. Es cierto que lo más probable es que no lo reconozcan públicamente, precisamente por las consecuencias negativas que les conllevaría. Y por lo tanto, por el mismo objetivo, es decir, por defender sus intereses partidistas, no les conviene que se genere esa imagen sobre ellos.

Asimismo, tampoco es lícito porque implica despilfarrar recursos. En primer lugar, me opongo a que los partidos políticos reciban recursos públicos para financiarse en parte o totalmente, ya que es contradictorio con el principio de ser un instrumento para la sociedad. Por lo tanto, su financiación debería tener origen en sus simpatizantes y/o afiliados. Y en segundo lugar, si, a pesar de todo, aceptamos que reciban recursos públicos y sus objetivos son partidistas, es evidente que alguna partida presupuestaria irá destinada a acciones que beneficiarán únicamente al partido, y no al conjunto de la ciudadanía. ¿Por qué yo a través de mis impuestos tengo que financiar una causa que no escojo, y que además no repercute en mi beneficio -incluso podría ser perjudicial a mis propios fines-?

En la misma línea, no es legítimo porque puede implicar derrochar el tiempo. Así ha sucedido en la XI legislatura de España. Si el objetivo hubiera sido establecer negociaciones con la finalidad de poder formar un gobierno, y no preservar los propios intereses partidistas, no se hubieran convocado nuevas elecciones. Ese tiempo está asociado a oportunidades perdidas, a proyectos que se retrasan, a cambios que no llegan, y a situaciones de sufrimiento que perduran. Y con el tiempo circulan recursos económicos que acaban siendo invertidos en la nada, ya que no tienen un impacto positivo sobre la ciudadanía.

Además, ¿Es ético priorizar los intereses personales o de partido por encima de los del conjunto de la ciudadanía? Ante esto hay que hacer una diferencia: la persona “A” lleva a cabo acciones que únicamente benefician a sus intereses, y no atenta contra los derechos de ningún otro sujeto; la persona “B” realiza acciones que únicamente benefician a sus intereses o a los de su partido, aprovechándose de la posición de su partido político. Es evidente que a la persona “A” no se le puede reprochar nada, ya que no tiene ninguna obligación de realizar conductas que repercutan positivamente a terceros; en cambio, las acciones de la persona “B” sí son criticables, en la medida que utiliza un instrumento de forma corrupta para obtener un provecho propio, y en consecuencia, las externalidades las asume el conjunto de la ciudadanía.

Y para más inri, si un partido político demuestra poner de antemano sus intereses a los de la población, cuando esté gobernando, ¿Cómo podemos asegurar que no continuarán aprobando medidas o impulsando leyes que beneficien sus intereses? ¿Qué tipo de gobernabilidad nos puede esperar si en última instancia todo lo que se pretende aprobar sólo beneficia a los miembros del partido político?

Finalmente, pretendo lanzar un último mensaje: abogo por penalizar a todos aquellos partidos políticos que prioricen sus intereses a los de la ciudadanía, ya que estos actos pueden categorizarse como corrupción. En este sentido, estas acciones deben ser penalizadas y el voto es nuestro instrumento. Éste es un medio para conseguir un fin: reducir el poder de los partidos políticos que utilizan su aparato como fin en sí mismo.

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