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Alejandro Gómez
Alejandro Gómez
Lo que empezó como un globo sonda sobre la posibilidad de fusionar Ayuntamientos cada vez se está convirtiendo en una mayor reivindicación de racionalización de la planta municipal. De hecho el Gobierno acaba de remitir a Bruselas su plan presupuestario para 2015 en el que cuantifica un ahorro de 622 millones provenientes de la fusión de Ayuntamientos, lo que llama la atención ya que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local solamente prevé las fusiones voluntarias a través de incentivos económicos, lo que no es nuevo. Ya la Ley de Haciendas Locales otorga un 17 % más en la participación de los Ayuntamientos en los ingresos del Estado para aquellos que pasen de 5.000 habitantes sin que hasta la fecha esto haya producido ningún resultado por lo que no parece que aumentar ese porcentaje en un 10 % adicional para los que se fusionen, que es lo que prevé esa Ley de Racionalización, vaya a desembocar en tal número de ellas que supongan ese ahorro previsto por el Gobierno, menos en un solo año y, precisamente, de elecciones municipales.

Los Ayuntamientos españoles, quitando las ciudades de más de 50.000 habitantes para evitar distorsiones en los números finales, tienen una media de 2.767 habitantes, casi la mitad de esos 5.000 considerados como mínimo ideal para que tengan entidad suficiente para hacer frente a los retos del Siglo XXI. Y esos de menos de 5.000 habitantes, que suponen el 85 % del total, son los que reciben menos ingresos del Estado al estar en el tramo más bajo del reparto.

En una primera aproximación a una hipotética fusión realizada desde un prisma lógico y teniendo en cuenta las limitaciones orográficas nos daría que España no debería pasar de 2.700 Ayuntamientos, un 65 % menos que los actuales. Y los beneficios son evidentes: por una parte está el ahorro en gasto corriente, duplicidades de servicios y sobrecoste en edificios municipales, fundamentalmente, que según mis cálculos rondarían los 100 millones de euros anuales, a los que habría que sumar el ahorro en sueldos, dietas, asignaciones y otros gastos de representación que no he tenido en cuenta ante la diversidad existente pero que en cualquier caso no me sale que puedan totalizar los 622 millones que dice el Gobierno, además de que este ahorro tampoco tiene por qué suponer menos gasto sino racionalización del mismo. Por otra parte las fusiones suponen, paradójicamente, aumento de gasto público para la Administración Central, como he dicho, en lo referido a su participación en los ingresos del Estado tanto al aumentar el coeficiente previsto en la Ley de Haciendas Locales al pasar de los 5.000 habitantes como por el incentivo adicional que establece la Ley de Racionalización y que según mis cálculos podría estar en una cantidad similar, e incluso superior, a esos 100 millones anuales de ahorro. Es decir, podríamos cuantificar que cada Ayuntamiento resultante de la fusión podría contar con una cantidad disponible por legislatura en torno al millón de euros. Lo que no es nada desdeñable.

Todo esto debería ser suficiente para que algo se mueva al respecto de racionalizar el mapa de planta municipal de España y con ello conseguir una mayor prestación de servicios públicos y la mejora de los existentes con el aumento de la calidad de vida de los ciudadanos. Pero yo soy muy escéptico al respecto y si no ha dado resultados hasta ahora no parece que haya visos de que sólo con esos incentivos vaya a ser suficiente sin una clara y decidida voluntad política, por lo que creo que finalmente habrá que adoptar otro tipo de medidas, menos amables pero cada vez más necesarias e inaplazables. Y mucho menos me creo que el año que viene el ahorro neto como consecuencia de las fusiones municipales ascienda a esos 622 millones de euros que ha incluido el Gobierno en su plan presupuestario. Pero que yo no me lo crea no tiene importancia, lo grave es que si tampoco se lo cree Bruselas nos puede traer consecuencias.

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